El Ejecutivo de CiU otorgó créditos dudosos a empresas en año electoral

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) enterró dinero en empresas en crisis en los seis meses anteriores a las últimas elecciones en Cataluña. Lo que sospechaban los partidos de izquierdas en 2003 se hace evidente con los estados contables del ICF en la mano. El nuevo equipo directivo del ICF -entidad de crédito público de la Generalitat- ha multiplicado por 10 las provisiones por insolvencias en 2004, hasta 14 millones de euros, ante la insuficiente cobertura de las operaciones de crédito, que se dispararon antes de las elecciones hasta alcanzar 950 millones de euros a finales de 2003, más del doble que en el año anterior.

La textil Tybor es el ejemplo extremo de esta política: el ICF otorgó dos meses antes de las pasadas elecciones autonómicas un préstamo de seis millones de euros a la empresa de Massanes (Selva), que pocas semanas después presentó la suspensión de pagos y ha iniciado ya el cierre definitivo de sus instalaciones y el despido de toda la plantilla. La mayor parte de los 950 millones en créditos y avales concedidos el año pasado se concentran en 20 operaciones, y algunas de ellas han derivado en quiebras o suspensiones de pagos. Al menos media docena de empresas -entre las que destaca Lauren- están en procesos concursales.

El riesgo de los créditos otorgados se refleja en el balance del ICF: la entidad presenta una ratio de morosidad -medida de estabilidad financiera que determina el porcentaje de operaciones de dudoso cobro respecto a la inversión crediticia total- cercana al 5%, cuatro puntos por encima de la media del sector. "El año pasado se concedieron más créditos, algunos de ellos de dudoso cobro, combinados con una deficiente cobertura a través de provisiones", según fuentes del Departamento de Economía y Finanzas.El ICF obtuvo beneficios el año pasado: 267.315 euros, aunque el banco público habría acabado el año en números rojos si se hubieran hecho las provisiones adecuadas, según Economía. La entidad no otorgó créditos irregulares, faltos de garantías o sin la cobertura necesaria, aunque parte del importe de los créditos se concentró en "operaciones no viables" y con provisiones insuficientes, según las mismas fuentes. El nuevo consejero delegado, Josep Maria Ayala -procedente del BBVA-, persigue serenar la concesión de créditos y alcanzar un nivel de provisiones que responda a criterios de rigor técnico en la gestión bancaria.

Se calcula que al cierre de este año el volumen de créditos y avales será de 567 millones de euros, el 40% menos que en 2003.

El departamento que dirige Antoni Castells presentará en noviembre un plan estratégico para dar un golpe de timón a la gestión del ICF. El objetivo es concentrar la entidad en proyectos empresariales viables y estratégicos que necesitan apoyo público para acometer proyectos de inversión, además de invertir -a través de ICF Equipaments- en proyectos con iniciativa pública, como Fira 2000, la empresa que se encarga de la ampliación de la Fira de Barcelona.

"El plan estratégico prevé la puesta en marcha de medidas destinadas a la mejora de los índices de solvencia", señala Ayala en la memoria de 2003, además del diseño "de una estructura organizativa más adecuada, tanto en lo relativo a los órganos de gobierno y a los comités como al propio organigrama de funciones". En la nueva junta de gobierno aparecen representantes del Gobierno catalán junto a expertos como Pedro Nueno, el empresario Xavier Roig, el economista Emili Valdero y el coordinador del Plan Estratégico Barcelona 2000, Francesc Santacana.