CiU y el PP tildan la zona verde de aparcamiento de impuesto enmascarado

Invento, impuesto enmascarado, afán recaudatorio. Fueron las definiciones que se escucharon ayer en boca de los grupos municipales de CiU y el PP respecto a la nueva tasa de aparcamiento de zona verde que el Ayuntamiento de Barcelona quiere extender a partir de 2005 por buena parte de la ciudad. El equipo de gobierno -PSC, ERC e ICV-EUiA- defendió la nueva tasa como un medio para mejorar la movilidad y "por corresponsabilidad".

Las ordenanzas fiscales serán aprobadas en el próximo plenario municipal. Ayer pasaron por la comisión de Presidencia y Hacienda, debate que puso de manifiesto las irreconciliables posturas del equipo de gobierno y de la oposición en cuanto a la efectividad de la nueva tasa, que supondrá la regulación de más de 40.000 plazas de aparcamiento actualmente libre en las calles de Barcelona, desde el límite de la ronda del Mig hacia el mar. "Lo que el PP venía reivindicando era una tasa reducida para que los vecinos pudieran aparcar en la calle y lo que se hace es colar un nuevo impuesto porque el aparcamiento de un año supondrá 52 euros, y eso es un impuesto enmascarado", manifestó ayer la concejal del PP Emma Balseiro. La decisión de regular las plazas de aparcamiento libre supondrá que los residentes podrán aparcar por un euro semanal. Los que no sean vecinos pagarán la hora en la zona A -todo el Eixample y Ciutat Vella- a 2,75 euros la hora y a 2,50 euros en la zona B, el resto hasta llegar a la ronda del Mig. Las tarifas de Barcelona duplican las de Madrid -tanto para el vecino como para el no residente-, que instauró el sistema hace unos tres años.

"Creemos que pagar un euro a la semana no es excesivo, es la corresponsabilidad del que aparca el coche en la calle por el uso de una parte del espacio público", rebatió José Cuervo, teniente de alcalde y presidente de la comisión de Presidencia y Hacienda. Los socios -ERC e ICV-EUiA- se alinearon con esa posición. A juicio de CiU, por el contrario, la medida sólo responde al "afán recaudatorio" del consistorio y restó importancia al posible efecto disuasorio que puede tener la medida a la hora de la utilizació del vehículo privado.

No fue el único punto de fricción en la comisión. La discusión también subió de tono a raíz de la transferencia desde las arcas municipales de 2,8 millones de euros a Barcelona Televisió (BTV) para cubrir las pérdidas previstas al cierre de 2004, más del 28% que se preveía inicialmente para este año, según los datos que expuso CiU. Jaume Ciurana, concejal de esa formación, criticó la "desastrosa gestión de la televisión local, que continúa perdiendo dinero".

Siguió la polémica a propósito de otro endeudamiento del consistorio, concretamente el de 13 millones de euros para afrontar la última aportación -si no hay déficit- para pagar el Fórum. De la partida de 42 millones de euros que se debe pagar este año, el consistorio hará efectivos 29 y los otros 13 se cubrirán mediante un crédito. "Se amortizará en un máximo de 10 años", informó Cuervo a preguntas de CiU. La administración que ha recurrido desde el año 2000 al endeudamiento, a través de créditos avalados por el Instituto Catalán de Finanzas, ha sido la Generalitat.