El TVCP denuncia irregularidades en la gestión del Centro Superior de Música

Musikene, el Centro Superior de Música puesto en marcha por el Gobierno en 2001, incumplió la legalidad en actuaciones que atañen tanto a la contratación de su personal, como a la adquisición de bienes y servicios. También infringió la normativa aplicable a las fundaciones, retribuyó inadecuadamente en especies a empleados y no aplicó las retenciones fiscales establecidas, según el informe emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre la gestión de la Fundación privada responsable de su creación y gestión a partir de noviembre de 2001.

Además, el centro funcionó un año entero sin autorización de apertura. Los votos particulares de tres consejeros del Tribunal de Cuentas elevan la responsabilidad al Gobierno, al que acusan de "fraude de ley" y conculcación "generalizada" de la legalidad por constituir el centro como fundación privada, cuando es notorio al carácter público de la misma, a cuyo frente está la propia consejera de Educación.

Los incumplimientos de la legalidad de Musikene, que funciona provisionalmente en el palacio Miramar de San Sebastián mientras se construye su sede definitiva en la capital donostiarra, atañen tanto a la contratación de su personal, como a la adquisición de bienes y servicios para su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas se muestra dividido de nuevo, como ocurrió con el informe sobre el Ayuntamiento de Urnieta enviado al Parlamento el pasado viernes. El documento contiene dos votos particulares que endurecen aún más el diagnóstico y consideran, incluso, que fue el propio Gobierno quien infringió directamente la ley. Primero, al utilizar la forma jurídica de una fundación para crear el Centro Superior de Música y al ser reconocido como centro privado por el Departamento de Educación, cuando 11 de los 17 integrantes de su patronato prestan servicios en la Administración educativa y dicho órgano está presidido por la propia consejera de Educación. Ello conculcaría la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que prohibe ser titulares de centros privados de enseñanza a "las personas jurídicas en las que desempeñen cargos rectores personas físicas que presten servicios en la administración educativa".

Este voto particular, suscrito por los consejeros Rafael Iturriaga y Begoña López Errasti, designados a propuesta del PSE-EE, concluye que el informe debería haber concluido que "el Gobierno vasco ha incumplido de modo generalizado la vigente legislación aplicable al proceso de creación del Centro Superior de Música del País Vasco [se cita, en concreto, la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y la referida Ley orgánica del Derecho a la Educación]". La Fundación privada creada al efecto habría infringido también, "con carácter general, la normativa legal que regula su actividad".

El otro voto particular, suscrito por el consejero Gonzalo Vera-Fajardo (PP), añade que al usar la figura de la fundación privada, en aras a una pretendida mayor eficacia, lo que el Gobierno hace en realidad es eludir "los controles e intervenciones que impone la legislación administrativa". Este consejero estima que la Administración ya está dotada de los medios e instrumentos para desarrollar con eficacia sus competencias, "sin necesidad de apropiarse de una institución jurídica típica y propia de la sociedad civil", y concluye que el Ejecutivo incurrió en "fraude de ley".

Premuras

En sus alegaciones al informe, el Gobierno asegura que en el contexto en el que la fundación tuvo que afrontar la puesta en marcha del centro era "del todo punto inasumible" elegir al personal mediante un proceso selectivo público y abierto, en el que se tuvieran en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad. El contexto al que apela el Gobierno se refiere a que dos meses antes de comenzar el curso (en noviembre de 2001), Musikene sólo contaba con un coordinador y un director gerente. El hecho de eludir el concurso no significa, según el Gobierno, que las personas que han ocupado las plazas "no respondan objetivamente al perfil adecuado a los puestos a cubrir". Sobre el proceso de adquisición de mobiliario y otros bienes, el Ejecutivo alega también la premura de tiempo, con el curso a punto de empezar, para saltarse el principio de publicidad. "Se invitó a que las empresas más representativas presupuestaran los bienes requieridos", señala.