El centro no dio publicidad a la contratación de su personal y adjudicó directamente el mobiliario

El informe señala, en relación con el cumplimiento de la legalidad, que, pese a que las fundaciones privadas son entes a los que no les es aplicable la normativa que regula la actividad de las administraciones públicas, en este caso, y teniendo en cuenta que fue creada por el Gobierno, que su financiación es pública, que la Administración tiene el control de sus órganos de gobierno y que presta un servicio público, sí debe respetarla.

Musikene, dictamina el informe, contrató a sus 49 docentes y a seis de los 10 trabajadores de su aparato directivo y administrativo de forma irregular, ya que no dio publicidad al proceso y no respetó por tanto los principios de igualdad, mérito y capacidad, que la Fundación, a la que define como "entidad de iniciativa exclusivamente pública", debió aplicar para dar las mismas oportunidades a todos los aspirantes.

También critica el informe del órgano fiscalizador que la fundación se haga cargo de los gastos de desplazamiento al centro de trabajo y de alojamiento de los profesores con residencia fuera de la comunidad. Ello es considerado como un pago en especies, que asciende a 31.000 euros, del que además no se practicaron retenciones ni ingresos a cuenta. Igualmente, cuestiona el establecimiento de una cláusula indemnizatoria de 30.000 euros para el director gerente en caso de despido, que no estaba contemplada en las condiciones económicas aprobadas por el patronato de la Fundación, y la compatibilidad de funciones directoras y docentes por parte del director artístico, que añadió así 11.000 euros anuales más a su retribución, fijada en 60.000 euros.

Respecto a la adquisición de bienes y servicios, el Centro Superior de Música no dio publicidad "en medio alguno" a las licitaciones y contratos realizados ni solicitó ofertas en sendos contratos por 32.000 y 18.000 euros. Por último, el Tribunal de Cunetas indica que los gastos de administración, que ascendieron a 83.000 euros, excedieron con mucho el permitido 20% de los ingresos anuales, que fueron de 47.000, por lo que no habrían debido sobrepasar los 9.400 euros. Y también subraya que el centro inició sus clases en noviembre de 2001, un año antes de contar con la autorización de apertura y funcionamiento, que obtuvo en noviembre de 2002.