Las quejas por la suciedad en Málaga agravan el conflicto político de Limasa

La empresa mixta encargada del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras de Málaga, Limasa, es una mina inagotable de conflictos, donde los buenos propósitos sirven de bien poco.

Casi un año después de que el alcalde, el popular Francisco de la Torre, y los socios privados del consistorio firmaran un acuerdo de buen entendimiento que evitó en el último momento la liquidación de la sociedad cuando sólo faltaba el último trámite administrativo, los intereses de una y otra parte no han dejado de chocar públicamente.

Lo peor es que mientras De la Torre y sus socios siguen peleando por quién corre con los costes de un convenio o de unas obras de mejora en el servicio, la ciudad es un clamor por la situación de suciedad de las calles que, según la oposición y las asociaciones vecinales, no tiene precedentes. Hace tres semanas, el Consejo de Administración de Limasa evidenció que muy pocas cosas han cambiado tras el acuerdo de noviembre de 2003. El equipo de gobierno llevó un plan de inversiones de 9,5 millones de euros para la construcción de dos miniparques de limpieza en sendos distritos y el traslado de la sede central de la compañía junto a la planta de tratamiento de residuos de Los Ruices.

Nuevos desaires

Las medidas tienen por objeto abaratar costes y ganar eficacia en un servicio cada vez más cuestionado por los ciudadanos.

Por la calle es fácil ver bolsas de basura tiradas en el suelo incluso en los alrededores del Museo Picasso. Muchas calles parecen no haber visto más agua que la de la lluvia desde hace años.

Sorprendentemente, el alcalde se encontró con la negativa de la parte privada. La solución es que el propio Ayuntamiento acometerá estas obras pagádolas de sus presupuestos ordinarios. Esto ha indognado a la oposición, que entiende que, por su naturaleza, son propias del servicio, y por lo tanto debían ser financiadas por la sociedad.

Desaires como éste fueron los que en abril de 2003 llevaron al alcalde a plantear la disolución de la sociedad alegando incumplimiento en el servicio, que el propio equipo de Gobierno reconoce deficiente. Hacía casi un año de la huelga de basuras que en junio de 2002 produjo graves incidentes de orden público, y la empresa aún no había dado cumplimiento al laudo dictado por el árbitro judicial, ni firmado el acuerdo con los trabajadores, ni relevado al gerente como se comprometió a hacer.

Y eso que, como ocurrió con la huelga en la feria de 2001, el Ayuntamiento se comprometió a pagar al margen del canon anual que abona por la concesión los costes del incremento salarial recogidos en el convenio colectivo: 784.900 euros aquel año, 721.903 en 2002 y 539.732 en 2003.

La convocatoria de una nueva huelga en Semana Santa de 2003, la cuarta en apenas tres años, fue el detonante para que se abriera el procedimiento de rescate. Se iniciaron los trámites, el pleno aprobó la apertura del expediente y un crédito extraordinario para comprar el 51% de las acciones y el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un informe jurídico favorable al procedimiento de rescate por parte del consistorio.

Pero cuando el pleno iba a aprobar el rescate definitivamente, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se echó atrás y negoció un acuerdo según el cual el Ayuntamiento tendría mayor control sobre la sociedad. El acuerdo incluía con equidad de consejeros, voto de calidad para el alcalde en algunos asuntos, el compromiso a correr con los gastos de incremento salarial, y la renuncia a las plusvalías que pudiera generar la venta de la actual sede de Limasa, una parcela muy revalorizada en el nuevo paseo marítimo de Poniente. Tras los últimos episodios, salta a la vista que el consistorio no consiguió sus objetivos.

Todo lo ocurrido es consecuencia, según la oposición, de una mala decisión, desde la constitución de Limasa III, en abril de 2001. El Ayuntamiento había convocado un concurso público para encontrar un nuevo socio al que concurrieron dos ofertas, la de Fomento de Construcciones y Contratas, el socio en Limasa I y Limasa II, y Urbaser en alianza con la constructora local Sando. El concurso quedó desierto y se abrió un procedimiento negociado que acabó con una decisión salomónica: las dos competidoras inicialmente formaron una unión temporal de empresas (UTE) que se quedó con el 51% de las acciones, y el consistorio mantuvo su 49%.

"La parte privada nos chulea"

El servicio se adjudicó por 16 años prorrogables en otros ocho en 6.584 millones de pesetas, 250 menos de los marcados en el pliego de condiciones y por debajo de lo que costó el servicio en el año 2000, con una revisión anual según la inflación. Sindicatos, partidos y vecinos están convencidos de que con sus negativas a asumir los costes de los convenios, la parte privada ha tratado de compensar esa merma. Incluso un miembro del equipo de gobierno ha reconocido que la parte privada de la empresa les "chulea".

El gobierno municipal y la oposición están de acuerdo en que algo hay que hacer con Limasa, pero no en las fórmulas. Izquierda Unida ha vuelto a proponer el rescate de la concesión sin más contemplaciones, y el PSOE quiere que se haga una auditoría desde la constitución de la sociedad y que, según los resultados de ésta, se tome la decisión más oportuna.

El Partido Popular confía en que el servicio mejore con un plan que anuncia a bombo y platillo en cuñas publicitarias en las que informa de los horarios y días en que se baldeará o barrerá tal o cual calle, más otra campaña de concienciación sobre buenos hábitos a los ciudadanos. En las cuñas se afirma que muchos malagueños dejan las bolsas de basura en la acera.

El conflicto de Limasa ha llevado al alcalde a plantearse una remodelación de su equipo de gobierno, y relevar de Medio Ambiente a Purificación Pineda, edil que apenas lleva un año en el consistorio, por alguien con más curtido. A Pineda le toca la difícil tarea de vender ilusión, insiste en que el servicio ha mejorado, que se ha aumentado plantilla y medios materiales.

Los vecinos opinan lo contrario. "Málaga nunca ha estado tan sucia, es intolerable", opina el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad. Según ésta, hay zonas en barrios como Carretera de Cádiz, Segalerva o Miraflores, donde no se baldea casi nunca, apenas se barre, y la recogida de basuras deja mucho que desear.