ETA, descabezada

Sea o no el mayor golpe dado nunca a ETA (la policía francesa dice que lo es), las detenciones realizadas ayer en siete localidades del sur de Francia y la incautación de sus arsenales, archivos y dinero, hace inevitable el recuerdo de la captura en Bidart, en marzo de 1992, de la cúpula etarra y el desmantelamiento de sus principales estructuras en los meses ulteriores. Hoy se sabe que en aquella ocasión se estuvo muy cerca de convertir la paralización operativa de ETA en su derrota definitiva, y también por qué tal cosa no llegó a ocurrir. Esa experiencia debe servir ahora para evitar cometer el mismo error: dar a ETA la oportunidad de encontrar nuevamente sentido a su violencia ofreciéndole contrapartidas a cambio del abandono temporal de uno o varios "frentes de lucha".

Entonces fue el cambio de trazado de la autovía de Leizarán, presentado por algunos como modelo de salida negociada al "conflicto" y que convenció a ETA de que una campaña de atentados selectivos y presión callejera puede llevar a las autoridades a ceder, al menos en parte. De esa experiencia salió la teorización de la nueva estrategia de ETA, que combina los ataques directos contra políticos en activo y la extensión de la amenaza mediante la kale borroka. Esa estrategia fue impulsada por quien está considerado desde mediados de los noventa jefe político de ETA: Mikel Albisu, alias Mikel Antza, detenido ayer junto con Soledad Iparraguirre, la pareja que al parecer dirigía la banda en la actualidad.

La nueva estrategia se puso en práctica con el asesinato, en enero de 1995, del concejal de San Sebastián Gregorio Ordóñez. Desde entonces ETA ha asesinado a 30 ediles, parlamentarios o dirigentes políticos, en su gran mayoría pertenecientes al PP y al PSOE. Al mismo tiempo, las bandas de acoso han realizado más de 800 ataques contra adversarios ideológicos, incluyendo de manera intensiva, durante los dos años anteriores al Pacto de Lizarra, sedes, militantes y propiedades del PNV y EA. De ahí que, tras la ruptura de la tregua, la actuación antiterrorista se orientase a combinar la eficacia policial a ambos lados de la frontera con medidas tendentes a acabar con la impunidad de las bandas de acoso y a sacar de la legalidad a organizaciones que formaban parte del entramado coactivo dirigido por ETA.

El resultado de esa actuación policial y judicial ha sido el debilitamiento de ETA, que ha visto obstruida al mismo tiempo su principal vía de reclutamiento. Tal debilidad operativa y de expectativas ha hecho que por primera vez desde hace años se plantee, como hipótesis, la posibilidad de un final próximo de ETA. El ex portavoz de la ex Batasuna, Arnaldo Otegi, declaró la semana pasada que no habrá nunca un comunicado "en el que ETA anuncia su disolución". Tal vez tenga razón. ETA se extinguirá algún día, pero es difícil imaginar una repetición de la escena en que la facción polimili anunciaba (en 1982) su retirada. Siempre quedará algún reducto dispuesto a seguir o a reiniciar la actividad con cualquier pretexto.

Desde el nacionalismo se argumenta periódicamente que para evitar esa situación habría que negociar con ETA su renuncia mediante un acuerdo político. El problema es que si se negocia políticamente con ETA, aunque sea en situación de debilidad de la banda, ya no habrá derrota política de ETA y, por tanto, no habrá final de ETA. Es la paradoja de la situación actual. En la duda, parece más sensato renunciar a la obsesión por la foto -el acto de autodisolución- y buscar de momento hacer efectiva la derrota de ETA: que sus acciones dejen de tener efectos políticos, como sucede desde hace años con las actuaciones de los GRAPO, por ejemplo.

Para que las acciones y amenazas de ETA dejen de tener efectos políticos queda por conseguir que los partidos nacionalistas dejen de ligar el fin de la banda a la satisfacción de determinadas aspiraciones nacionalistas, medidas siempre -como escribía hace poco el ex dirigente del PNV Joseba Arregi- según el baremo marcado por su sector más radical. El fin del mito de la imposibilidad de derrotar a ETA debería suponer tambien el fin de la falacia de que hay alguna concesión (que no sea la entrega del poder) capaz de convencer a los Mikel Antza de turno de que ya no necesitan seguir asesinando a los que no se pliegan a sus órdenes.

Esa falacia prolongó la existencia de ETA tras la caída de Bidart, hace 12 años. Antza expulsó de ETA a su antecesor, José Luis Álvarez Santacristina, Chelis, cuando éste, una vez detenido, pasó a cuestionar la necesidad de la lucha armada. Es posible que también Antza la cuestione pronto desde alguna cárcel francesa.