Doce grupos sociales buscan paralizar el parque eólico de Ordunte en los tribunales

Una decena de colectivos ecologistas, sindicales y el ayuntamiento burgalés de Villasana de Mena acudirán a los tribunales si el Gobierno vasco mantiene el proyecto del parque eólico de Ordunte. Estos grupos han presentado ya alegaciones al plan, que contempla 57 molinos de viento y una inversión de 30 millones de euros, al argumentar que ocupa territorio cántabro y castellano. El estudio de impacto ambiental admite afecciones "severas" en vegetación y fauna. Villasana de Mena asegura que 14 molinos ocupan su territorio.

La consejería de Industria quiere empezar las obras en la sierra de Ordunte, en el límite entre Vizcaya y Burgos, a mediados del próximo año. El proyecto se ha expuesto a principios de este mes para la fase de alegaciones, que termina mañana. Posteriormente, el expediente será examinado por el Departamento de Medio Ambiente, que debe emitir la declaración de impacto ambiental favorable o no a la obra.

El parque eólico sería el segundo en Vizcaya, tras el de Oiz, en funcionamiento desde hace un año. Pero el de Ordunte contempla casi el doble de aerogeneradores, un total de 57, y también duplica la potencia, con 48,45 megawatios. Los cálculos de la promotora, Eólicas de Euskadi (sociedad participada al 50% por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía) son que abastecerá anualmente de electricidad a cerca de 120.000 habitantes.

Pero este proyecto ha suscitado un fuerte rechazo. El Ayuntamiento de Carranza ya presentó alegaciones cuando en 2000 se conoció que esta área era una de las elegidas para la implantación de parques eólicos. El pleno municipal también lo rechazó, por unanimidad de todos los partidos, y se llevó el caso ante la Unión Europea. El alcalde, José Luis Portillo (PNV), que también lo era en el anterior mandato, se muestra ahora más cauto y ha asegurado que se pronunciará cuando el proyecto se estudie por el consistorio.

Una decena de colectivos sí ha continuado con su oposición a la instalación, entre ellos el Ayuntamiento burgalés de Villasana de Mena, situado en las faldas de la sierra. Este consistorio asegura que, según los datos contrastados con la cartografía de Castilla y León, 14 de los 57 molinos se sitúan dentro de los límites del municipio. "Además, las líneas de alta tensión que van a tener que instalar pasan también por Trucíos, que es Cantabria", asegura el concejal de Medio Ambiente de Villasana de Mena, Javier Mardones.

Alegaciones

Este ayuntamiento, varios colectivos ecologistas y naturalistas y el sindicato EHNE han presentado alegaciones, en las que aluden a la existencia de 23 especies vegetales incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas y censuran las "incorrecciones" del estudio de impacto ambiental elaborado para el proyecto.

Este informe, realizado por la consultora ARC, concluye que la mayoría de los impactos de los molinos de viento son moderados y destaca los efectos positivos de esta energía porque evita emisiones contaminantes. Además, indica como puntos positivos la creación de puestos de trabajo en la zona y "los importantes pagos" a los propietarios de los terrenos y a los municipios implicados".

Admite que hay impactos severos para la vegetación y fauna durante la fase de obras y la posterior explotación, pero las considera subsanables con las medidas correctoras que se establezcan. . Sobre la incidencia en las áreas pobladas, señala que la implantación de medidas correctoras "es muy reducida, limitándose a la restauración y en su caso revegetación de superficies alteradas, así como el camuflado de estructuras artificiales, lo que ayuda a la integración de las estructuras en el entorno próximo". Por ello, añade que la corrección "definitiva vendrá con el desmantelamiento y restauración total al finalizar la actividad".

Isaac Fernández, secretario de Medio Ambiente del PSE de Vizcaya y concejal en Balmaseda, subraya que tanto la zona vasca como la burgalesa afectada por el parque son protegidas. "El Ayuntamiento de Carranza lo tiene clasificado como zona de especial protección en sus normas subsidiarias". Fernández anuncia que los socialistas van a presentar una proposición no de ley en el Parlamento vasco para que el proyecto se paralice.