Presupuestos para el cambio

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005 ha suscitado una notable expectativa entre la sociedad, y resulta lógico si se tiene en cuenta que deben recoger las partidas económicas necesarias para sustentar el primer impulso de un cambio de modelo económico anunciado por el Gobierno y que demanda mayoritariamente la sociedad española.

El punto de partida es indudablemente exigente, y más teniendo en cuenta la herencia presupuestaria del Ejecutivo saliente. Durante ocho años, los sucesivos Gobiernos del PP han consolidado una práctica consistente en elevar la opacidad de la información recogida en los Presupuestos, plagarla de artificios contables supeditados a un equilibrio presupuestario entendido como absurdo objetivo supremo y, en definitiva, enmascarar los verdaderos fines de las políticas económicas a implementar.

Era necesario, por tanto, una "rehabilitación" de los Presupuestos, tarea que requiere un desarrollo plurianual para llevarla a cabo. Y más teniendo en cuenta que existe un importante volumen de gasto ya comprometido, lo que limita en este ejercicio la capacidad para reordenar el ámbito de la intervención pública. Sólo bajo esta perspectiva pueden valorarse los PGE para 2005 de forma ponderada.

El cambio introducido por el nuevo Gobierno en cuestiones relevantes es bien visible. En primer lugar, los objetivos de la política presupuestaria son los correctos: subsanar las debilidades de la economía española, configurando un nuevo modelo de crecimiento con mayor riqueza, bienestar social y empleo de calidad, mejorando la transparencia presupuestaria.

En segundo lugar, existe concordancia entre los objetivos declarados y la estructura de gastos decidida, de modo que se han identificado las debilidades de nuestra economía y se han elevado de forma importante partidas presupuestarias que inciden sobre la mejora de las mismas. Así, se consignan incrementos notables en investigación y desarrollo civil (25%), inversión en vivienda (34%), becas (10,5%), formación (7,9%) o infraestructuras (9,1%), tendentes a la necesaria recuperación de las políticas industriales y medioambientales, factores esenciales todos ellos para potenciar una competitividad duradera.

Por lo que se refiere al gasto social, se eleva hasta alcanzar un nivel que supone más de la mitad del total de gasto presupuestado, recogiendo medidas básicas como la mejora generalizada de las pensiones mínimas.

Por último, se contemplan medidas concretas que constituyen señales inequívocas de un cambio positivo en la política presupuestaria. La eliminación de la llamada Ley de Acompañamiento, que en los últimos años se había convertido en un cajón de sastre y en la vía de escape para eludir el trámite parlamentario, introduciendo una grave inseguridad jurídica; la deflactación de la tarifa del IRPF, congelada desde el año 2000, que se debería consolidar y dotar de plena eficacia redistributiva, o la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que en su redacción actual impone un corsé para la actuación pública, incoherente con las necesidades de nuestro país, son otras "novedades" de los presupuestos para 2005 que hay que saludar con satisfacción. Todo ello apunta a un modelo más equilibrado de crecimiento estable y sostenible que, en cualquier caso, tendrá que consolidarse en posteriores presupuestos.

Existen, además, otros aspectos determinantes del éxito de las políticas futuras que conviene reseñar. Por un lado, el proceso de diálogo social inaugurado el 8 de julio de 2004, cuyo desarrollo debe tener repercusión presupuestaria en temas tan relevantes como el proceso de dignificación del salario mínimo y la actualización del nuevo indicador público de renta (IPREM). Por otro, la reforma fiscal anunciada para mediados de 2005, que constituirá una de las piedras angulares del cambio propuesto por el Gobierno.

A estos Presupuestos hay que juzgarlos, pues, a medio plazo, en relación con políticas y ejercicios contables a desarrollar durante esta legislatura, sobre la que recae la responsabilidad de promover un más alto nivel de desarrollo económico, de justicia y bienestar sociales, con un mayor volumen y menor precariedad en el empleo.

Antonio Ferrer Sais es secretario de acción sindical de UGT.