El 30% de los contratos laborales de Barakaldo presenta irregularidades

El Ayuntamiento de Barakaldo incumplió los principios de igualdad, mérito y capacidad en 29 de las 98 contratos laborales (el 30%) realizados durante 2002, según el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Pública (TVCP) referido a ese ejercicio, siendo entonces alcalde, el socialista Carlos Pera. La auditoría, aprobada por unanimidad de los miembros del tribunal, ve anomalías en contratos de obras y servicios, en la prórroga de los Presupuestos sin presentar proyecto o en el hecho de que el secretario municipal ocupe también este cargo en la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda.

El estudio fiscalizador reprocha el método para seleccionar a funcionarios interinos y personal laboral temporal durante 2002. En 17 casos, se constata la utilización de una bolsa de trabajo creada a partir de datos del Instituto Nacional de Empleo (Inem) para otras contrataciones anteriores, sin que se conozcan "los criterios utilizados para establecer el orden de los candidatos y/o de las puntuaciones obtenidas", afirma el Tribunal de Cuentas.La auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Barakaldo agrega que el nombramiento de 12 funcionarios interinos para un programa de inserción social del Gobierno se realizó con una redistribución del personal que acometía otras tareas, "sin acudir siquiera a las bolsas de trabajo establecidas". Por ello, concluye que el procedimiento utilizado no garantiza "el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública".

El tribunal, que fiscaliza la actividad del Gobierno, las diputaciones y los 250 ayuntamientos vascos, ha detectado anomalías en 25 de los 31 contratos de obras y servicios, que supusieron casi 50 millones de euros. La mayoría de las irregularidades se refieren a incumplimientos en plazos para depositar la fianza o en la firma del contrato, la aprobación de cambios con posterioridad a la ejecución de las obras o la superación del plazo de dos meses entre la recepción y certificación final.

Pero el informe destaca casos como un contrato de obra adjudicado por 510.000 euros y que se incrementó en un 40%, o un servicio de publicidad en los medios de comunicación, adjudicado en 200.000 euros, que se elevó hasta los 445.000.

La auditoría habla en estos casos de una transgresión de la ley de contratos de las administraciones públicas al recordar que los cambios deben realizarse "dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata".

También cuestiona que el secretario municipal de Barakaldo ocupe el mismo cargo en la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda, cuando su puesto tiene un complemento retributivo específico "por plena dedicación que impide el ejercicio de cualquier actividad pública o privada".

El informe se refiere también al abono a cinco trabajadores de 345.000 euros en concepto de un plan de jubilación anticipada incentivada, "sin que conste un estudio económico-financiero que fije el coste total previsto de la operación".