El capitán del 'Prestige', a un paso de la libertad

Un 27 de septiembre como hoy de hace dos años un vetusto petrolero denominado Prestige realizaba labores de carga de fuel en San Petersburgo. Nunca llegaría a destino. El 19 de noviembre se hundiría frente a las costas de Galicia. Su carga, 77.000 toneladas de fuel pesado, causaría el mayor desastre ecológico de la historia española. Sus efectos siguen vivos en distintos planos al filo del segundo aniversario.

- Sumario de Corcubión. Continúa el proceso de instrucción penal a cargo del Juzgado número uno de Corcubión. Avanza con lentitud exasperante, según todas las partes. Se están tramitando varias comisiones rogatorias que fueron solicitadas, sobre todo, por la Abogacía del Estado. Otras están pendientes de traducción. El juez Javier Collazo mantiene sólo dos imputados.

- La libertad de Mangouras. En el juzgado de Corcubión está de nuevo ahora a debate -su resolución podría producirse esta misma semana- la situación personal del capitán del petrolero, Apóstolos Mangouras, confinado en un hotel de Barcelona desde hace dos años. Su defensa ha vuelto a solicitar que se le permita establecer su residencia en Grecia o, al menos, un permiso de tres meses en su país de origen. El abogado José María Ruiz Soroa ha hecho valer la mala salud de este marino, que cumplirá 70 año en enero, y un nuevo compromiso de las autoridades griegas para garantizar su presencia en el proceso judicial, algo que ha aportado por escrito. La Abogacía del Estado no se opone a tal petición por considerar suficientes las garantías ofrecidas por las autoridades griegas para controlar al imputado. Si la fiscalía secunda esta tesis, algo que hasta ahora no ha ocurrido, Mangouras estaría en puertas de romper su confinamiento barcelonés.

El abogado, para multiplicar la presión, ha entregado al juzgado dos informes médicos sobre el veterano capitán: "A juzgar por su aspecto, comportamiento y por la conversación que mantuvimos, resulta evidente que Mangouras presenta síntomas de decaimiento con ideas de destrucción, que confirmó su esposa. Aconsejé un tratamiento a base de antidepresivos, así como seguimiento psiquiátrico para evitar posibles actos motivados por la desesperación", reza uno. "Daba la impresión de estar pasando por un periodo de decaimiento prolongado, relacionado con su trance personal que ya dura dos años. Su desengaño ha llegado al extremo de tener pensamientos autodestructivos y al sentimiento de que su existencia es totalmente vana", apunta otro.

- Carta del capitán al juez. En el sumario del caso Prestigue que se sigue en el juzgado de Corcubión, obra una carta del propio capitán Apóstolos Mangouras para que se le conceda una libertad que reclama desde hace casi dos años:

"Distinguido juez, le ruego que me disculpe al dirigirme a usted ya que es el único que puede ayudarme. Por primera vez en mi larga carrera en el mar, me he visto implicado en el naufragio de un barco.

Mi inmediata detención en el aeropuerto de A Coruña, el aislamiento de 24 horas en una celda oscura de la policía, el encarcelamiento preventivo de 88 días, la obligación de presentarme diariamente en comisaría desde julio de 2002 hasta el presente han dañado mi salud hasta el extremo de provocarme alteraciones profundas del sueño, dolores de cabeza, frecuentes estados de nerviosismo. Solicité la ayuda de médicos que me recomendaron tratamientos a base de fármacos.

Sin embargo, mi estado de salud está empeorando. Le ruego que me conceda un permiso de tres meses para regresar a mi patria y a mi familia para tranquilizarme y recuperar la salud. La salud es el bien más preciado que Dios nos ha regalado y nadie tiene derecho a perjudicarla.

Mi palabra es un juramento sagrado. Soy pobre, pero honrado. Respeto la decisión del tribunal, y por ello me encuentro aquí. Regresaré a Barcelona en la fecha que usted determine. En caso contrario, serán responsables de lo que pueda sucederme quienes contribuyeron al deterioro de mi salud".

- López-Sors y el alejamiento. El ex director general de Marina Mercante José Luis López-Sors, autodeclarado responsable único de la orden de alejamiento del petrolero, es el único imputado en relación con la respuesta estatal al siniestro del petrolero. Un reciente auto judicial ha venido a aliviar las presión que ejercían sobre él las acusaciones particulares. El juez no aprecia contradicción entre el hecho de que el 13 de noviembre fuesen grabadas a las 18.24 órdenes al remolcador Ría de Vigo de "sacar hacia fuera, a alta mar" al Prestige, apenas cinco horas después de su petición de socorro, y que Fomento sostuviera que la orden de alejamiento a 120 millas fuese firmada en la noche del día siguiente. El juez acepta la versión de Fomento de que esas instrucciones "no se refieren más que a la maniobra inicial, inmediatamente posterior a que se obtuviera la firmeza del remolque del buque Prestige, tendente a mantenerlo separado de la costa española, a fin de evitar que pudiera derivar peligrosamente hacia ella". La Abogacía del Estado tiene una orden clara del actual Ejecutivo sobre su defensa: "Nos han dado instrucciones de mantener su defensa con el mismo celo que nos exigió el anterior Gobierno", explica Antonio Vázquez-Guillén, responsable de este caso en A Coruña. El dilema del Gobierno no se oculta: si López-Sors fuera condenado por su actuación sería un torpedo contra la gestión del PP, pero acarrearía la responsabilidad del Estado, y, por tanto, una terrible factura al cobro del nuevo Ejecutivo.

- Depósito de 22,7 millones. En el Juzgado de Corcubión existe una polémica por la iniciativa de la Abogacía del Estado, interesada por el Comisionado del Prestige, de solicitar un anticipo de los 22,7 millones de euros que habían sido depositados en dicha sede judicial por la aseguradora del petrolero. Se pretendía que el Estado español pudiese utilizar provisionalmente esa suma, a cuenta del futuro reparto que se haga cuando se dicte sentencia, para aplicarlo en favor de las víctimas. Esta petición la desestimó el juzgado, y la abogacía planteó un recurso, que está en trámite, al cual se han opuesto la mayoría de las partes personadas en el proceso. En realidad, busca aplicar el mismo principio que defendió con éxito ante el Fidac para lograr en diciembre de 2003 el anticipo de 57,5 millones de euros. El argumento es que el Estado es la mayor víctima del siniestro y ha articulado unos mecanismos compensatorios para pagar a las víctimas. Por tanto, "parece evidente que si hay un dinero ahí destinado a eso, conforme al convenio internacional sobre vertido de hidrocarburos, se debe intentar regatear la lentitud del proceso judicial para aplicar ese dinero al pago de las víctimas", explica Vázquez-Guillén.

Purificación Morandeira, directora de la Oficina del Comisionado, admite que "existen algunos problemillas sobre este planteamiento novedoso suscitado por la Abogacía del Estado". "Y es que esos 22,7 millones que depositó la compañía aseguradora en el Juzgado de Corcubión para limitar su responsabilidad es parte de un dinero que tiene el Fidac para compartir entre todos los Estados afectados. No podemos olvidar que este siniestro afectó fundamentalmente a España, pero también a Francia y, en mucha menor medida, también a Portugal. Y el problema que se plantea cuando el Estado español reclama para unos fines tan justificables como son las indemnizaciones a las víctimas, es que los otros dos Estados afectados, fundamentalmente Francia, manifiestan su disconformidad porque también querrían ser parte en esa previa utilización de fondos. No les ha gustado que España pretenda utilizar de manera anticipada ese dinero que es de todos", sostiene Morandeira. "España", explica esta directiva, "no prejuzga que ese dinero sea para España, sino que forma parte de ese fondo. Lo único que decimos es: en lugar de tenerlo ahí parado, déjenos utilizarlo para el pago de los afectados. Porque España está pagando a los afectados, y Francia, no. Estamos teniendo contactos con Francia y estudiamos si mantener o no el recurso planteado".

- La batalla del Fidac. El Fidac ha visto ridiculizado su tope de 171 millones de euros en ayudas por siniestro, con el añadido de que sólo concede un 15% del daño que certifique. No puede abarcar un desastre como el del Prestige cuyos daños (y pagos) se reparten tres Estados, uno de los cuales, España, por sí solo se acerca a los 1.000 millones. Un nuevo protocolo se va a firmar entre ocho de sus estados miembros. Aumentará ese fondo de 171 millones a 920 millones de euros. El Consejo de Ministros español lo acaba de aprobar, pero urge su ratificación a través del Parlamento para no descolgarse. Otra prioridad del Comisionado es justificar al Fidac unos gastos cuyo 15% supongan los 57,5 millones de euros anticipados en diciembre pasado. Es decir, ver aprobada una cantidad que supongan unos 300 millones cuyo 15% serían los 57,5 millones adelantados.Y plantear gastos que, a mayores, aún no ha presentado, como es la extracción del fuel, cifrada en casi 100 millones.

- Demanda en EE UU. El frente judicial norteamericano tiene dos planos: España es demandante contra ABS (American Bureau of Shipping), encargada de supervisar el estado y reparaciones del petrolero, y, a la vez, está demandada por esta clasificadora. En este último plano, la juez de Nueva York decretó a primeros de agosto que no tenía jurisdicción para examinar las actuaciones del Estado español y que la denuncia de ABS era muy inconcreta: pretendía que el Estado español afrontara todas las sentencias que en el mundo recayeran sobre ABS por culpa del Prestige. Los abogados de ABS han recurrido para que la juez lo reconsidere. El Estado español se opuso el pasado 15 de septiembre a tal pretensión. España planteó a primeros de agosto una demanda complementaria con tres líneas de ataque: ampliaba la denuncia a todo el grupo societario de ABS para garantizar la indemnización; elevaba la cuantía hasta 1.000 millones de dólares, e introducía el perjuicio que suponía para los españoles haber perdido su derecho a disfrutar del medio ambiente por el chapapote. Y, entre medias, se está produciendo una instrucción denominada discovery que supone que los abogados directamente, sin que esté presente el juez, se intercambian todo tipo de pruebas documentales y testificales. Ambas partes están obligadas a facilitar toda documentación que se reclame, salvo que puedan acogerse a algún privilegio jurídico.

- Contaminación residual. La directora del Comisionado da un diagnóstico optimista: "La situación ha mejorado mucho. Para los que lo hemos visto desde el principio, la situación salta a la vista. Fue catastrófica inicialmente, y la verdad es que se ha hecho un trabajo y ahí están los resultados. El impacto del Prestige fue muy grave en algunas zonas, especialmente en la Costa da Morte, en A Coruña, e irradió al resto de Galicia y la costa cantábrica. En esa zona donde se sufrió el mayor impacto hay tres playas que siguen sometidas a investigación porque el daño que sufrió fue más grave. Y hay otra en igual situación en el País Vasco".

Por lo demás, se ha mantenido un dispositivo de personas de vigilancia y limpieza. Este dispositivo ha empezado a reducirse a partir del verano "porque la situación ha mejorado mucho", según Morandeira, pero se mantendrá un retén. Ya no se producen entradas de fuel provenientes del mar, a diferencia del año anterior. Y hay programas en marcha de mejora de la costa. Al mismo tiempo, se está realizando un estudio de impacto medioambiental en las islas atlánticas y en diversos puntos de Asturias, Cantabria y País Vasco.