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Reportaje:

Vuelvaustedmañana.com

La Administración tiene una presencia desigual en Internet y poca interacción con el ciudadano

A Domingo Laborda, director general de Modernización de la Administración, le resulta cómico escuchar que la República de Togo está muy por delante de España en cuanto a la presencia de su Gobierno en Internet, la calidad de la información y los servicios que da a sus ciudadanos a través de la Red. El dato aparecía en un estudio de la estadounidense Universidad de Brown, publicado la semana pasada, que comparaba lo que se llama administración electrónica (e-gobierno, en jerga tecnológica) en 198 países y que colocaba a España en el puesto 77 y a Togo en el 8.

Pero basta entrar en la página web www.republicoftogo.com para rendirse a la evidencia. Literalmente, en un par de pasos están disponibles los datos biográficos de su presidente, la composición del Gobierno actual y del anterior, teléfonos de la oficina del primer ministro y de todos los ministerios, datos económicos básicos del país y todo tipo de información turística. Bien es cierto que Togo tiene menos población que la Comunidad de Madrid. Pero la orientación directa y sencilla de su página de bienvenida no se encuentra en casi ninguna de las 200 webs de la Administración española.

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Este número es aproximado. "Nadie sabe cuántas páginas web de la Administración hay", afirma Laborda, que lleva cuatro meses en el cargo y cuyo trabajo es impulsar y unificar criterios en el e-gobierno de España. "Aparte de los dos centenares de páginas de la Administración Central del Estado, las autonómicas y municipales suman varios miles".

Sobre su calidad, Laborda reconoce que hoy día "la situación está muy lejos de ser buena. Estamos en un puesto de la tabla que cualquier otro indicador económico no nos daría". Y añade que "cualquier día, una república báltica estará a la cabeza del mundo en la administración electrónica, porque no depende tanto de la capacidad económica como de la voluntad y el impulso político que se le da".

En esta legislatura se deberá ejecutar "un plan estratégico", anuncia. "Tenemos órdenes claras de acelerar este proceso". El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentará esta semana detalles de este plan de emergencia para reanimar la administración electrónica, lastrada por ser un tema de "baja prioridad durante años en España", en palabras de Laborda.

Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, en 2002 había 34 pantallas de ordenador por cada 100 empleados públicos, una cifra estancada desde 2000. En 2001, los distintos ministerios gastaron de media un 2,01% del presupuesto en informática. Entre ellos, Hacienda gastó el 10,42% de su presupuesto en informática, lo que contrasta con el 0,63% de Sanidad y Consumo o el 2,45% del antiguo Educación, Cultura y Deportes. En 2001, la media de ordenadores de empleados públicos con acceso a Internet era 8,6%. El dato comprende desde un espectacular 70% en el Ministerio de Agricultura hasta menos del 3% de los ordenadores de Interior y de Defensa.

El principal síntoma de atraso en las páginas públicas es que la información sea unidireccional, pasiva. En el e-gobierno, "hay varios niveles", explica Laborda. "El primero es el servicio de información estático. Por ejemplo, poder consultar el programa de fiestas de tu pueblo. Este nivel está muy extendido". En efecto, en Internet se encuentra información sobre cualquier tema público. La información puede variar desde útiles e intuitivas respuestas a las preguntas más frecuentes de un departamento, hasta un ameno texto del Boletín Oficial del Estado (BOE) de miles de palabras.

"El segundo nivel es el de los servicios interactivos", añade Laborda. "Es aquel que puede ahorrarte un desplazamiento. Para mí, esto es lo que define la administración electrónica". Tomando esta unidad de medida, en el e-gobierno español hay una página que escapa a cualquier reproche. La Agencia Tributaria (www.aeat.es) ya daba servicios online al ciudadano en 1998, y su trabajo ha sido reconocido con premios internacionales. Desde su ordenador, el ciudadano puede consultar y modificar su información fiscal, hacer la declaración de la renta o acceder a subastas públicas de bienes. También hay atención al ciudadano por chat, para que no tenga que desconectarse de Internet para llamar por teléfono si hay algo que no entiende.

"Partimos de una situación ventajosa", explica Santiago Segarra, director de Informática de la AT. "Hace 20 años que se decidió hacer una base de datos única con todos los impuestos. Al tener eso resuelto, y junto con el reconocimiento de la firma electrónica [que garantiza la identificación del usuario], podemos dar todo tipo de servicios".

Lo que la AT tiene resuelto es un problema que impide avanzar a muchas otras administraciones. "Compartir datos entre administraciones es otra de las claves", explica Laborda. La comunicación entre ventanillas permite, por ejemplo, que si uno se cambia de domicilio no tenga que avisarlo a decenas de bases de datos distintas.

La web de la Dirección General de Tráfico es un buen ejemplo. Tiene un excelente servicio de información de incidencias de tráfico de toda España en tiempo real. El usuario puede ver incluso imágenes de la carretera por la que va a pasar. Sin embargo, no hay forma de ahorrarse las atestadas ventanillas para trámites tan habituales como dar de baja un vehículo o transferir su propiedad. La falta de información fiscal lo impide. Es decir, que la DGT no tiene manera de saber si los impuestos de un vehículo están pagados o no a no ser que el ciudadano vaya con papelito en cuestión a la ventanilla. Sin embargo, sus responsables están decididos a impulsar la web y desde el mes de julio se pueden descargar y rellenar media docena de formularios desde casa. Una cola menos.

Por último, siguen quedando páginas en el nivel más básico conocido. Cuatro meses después de la separación de los ministerios de Educación y de Cultura, la página web del actual Ministerio de Educación y Ciencia la sigue realizando el equipo informático de Cultura. Será por eso que en www.mec.es no aparece el nombre de la ministra y sí en www.muc.es. Pero en ambas páginas toda la información disponible está presidida por una "cláusula de exención de responsabilidad" que es toda una declaración sobre su interés por el e-gobierno. Reza así: "La información que se ofrece es meramente informativa y carece de efectos vinculantes para la Administración, por lo que no se asume ninguna responsabilidad por su contenido. La información que se ofrece podría no ser exhaustiva, exacta o actualizada".

Domingo Laborda, director general de Modernización de la Administración, en su despacho.
Domingo Laborda, director general de Modernización de la Administración, en su despacho.MIGUEL GENER

Trazos de un plan urgente

En una intervención el pasado martes en el Senado, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció que para el Gobierno las tecnologías de la información son "la pieza angular de la modernización" de la gran ventanilla pública.

Entre las líneas generales de actuación en este tema se encuentra el impulso a la certificación electrónica. Esto es el documento que permite identificar a la persona que quiere hacer un trámite por Internet para garantizar su legalidad. Este certificado es la clave para trasladar el sistema garantista de la Administración a un mundo virtual donde no hay un funcionario que pueda pedirle el DNI y mirar a la cara al ciudadano.

Actualmente, ese certificado es emitido en papel, no de forma electrónica. El año pasado, la Seguridad Social emitió alrededor de siete millones y medio de estos certificados, y la Agencia Tributaria casi tres millones y medio. También son las dos webs más avanzadas del Estado y las que más servicios ofrecen. "Nuestro objetivo es eliminar el 80% de los certificados de papel", dijo Sevilla.

Otra clave es la unificación de las ventanillas. La Administración central española se presenta con los nombres más diversos. Casi cada oficina que ha mostrado interés tiene su propio dominio o dirección. Así, hay un www.mtas.es (Ministerio de Trabajo), pero por su parte hay también un www.inem.es (Instituto de Empleo). Igual que hay un www.mir.es (Ministerio del Interior) y un www.dgt.es (Dirección General de Tráfico). Si quiere una web general del Gobierno no use la lógica para dar el nombre: www.la-moncloa.es. El dominio www.spain.com es de un particular. Otro con cierta lógica como www.gobierno.es está libre, a disposición de quien quiera comprarlo. Este galimatías se intentó remediar en la anterior legislatura con el dominio www.administracion.es, un digno intento de crear un directorio de todo el Gobierno en la Red.

En la misma comparecencia en el Senado, Jordi Sevilla anunció la creación de un nuevo portal, www.ciudadano.es, que por el momento sigue siendo el mismo que administración.es pero con otro nombre. El Plan para la Administración General del Estado en Red deberá desarrollarse íntegramente durante este año y el próximo.

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