El Ayuntamiento quiere hacer aflorar 30.000 viviendas "ocultas" que no pagan impuestos

La Dirección General del Catastro, organismo del Gobierno central, firmará en octubre un convenio con el Ayuntamiento por el cual delega en el Ejecutivo municipal todas sus funciones: a partir de entonces será el Consistorio el que dé de alta o de baja los inmuebles, registre los cambios de titularidad y fije el valor catastral (no el de mercado) del edificio. La titularidad de este padrón inmobiliario seguirá siendo estatal, pero la gestión pasará a manos municipales. El objetivo del Ayuntamiento es hacer "aflorar", el año próximo, unas 30.000 "unidades urbanas ocultas": viviendas o locales que existen pero no han sido dados de alta en el catastro, y que por tanto no pagan el IBI, el principal tributo municipal.

La Comisión de Hacienda aprobó ayer la firma de este convenio, con el voto a favor de PP e IU. El PSOE se reservó el voto hasta el pleno del día 28, cuando se producirá la aprobación definitiva. Después de eso, la firma con el Catastro será "inmediata", según Rosana Navarro, directora general de Tributos. Y a partir de ese momento la gestión del registro de inmuebles de la ciudad -a día de hoy, 1,7 millones-, la base de datos de cada uno y su valor los determinará el municipio.

Del buen funcionamiento de este registro depende el cobro del principal impuesto municipal, el que grava la posesión de un inmueble (IBI), y el de plusvalía (cuando se compra o se vende el piso). Si el edificio no está registrado, no paga impuestos.

El Ayuntamiento sostiene que, sólo en 2005 y con una gestión eficaz del catastro (inspecciones incluidas), pueden aflorar "30.000 unidades urbanas ocultas" que por primera vez pagarían el IBI. Calculando que lleven una media de tres años sin declarar, eso supondría unos ingresos para el Consistorio de más de veinte millones de euros.

La gestión del catastro también persigue otro objetivo: en la actualidad, desde que un edificio se da de alta hasta que el catastro le fija un valor, pasan tres o cuatro años. El Ayuntamiento quiere hacer esos dos pasos a la vez con los cerca de 50.000 inmuebles nuevos que se construyen en Madrid cada año. Eso significaría que los propietarios de la vivienda o local pagarían el IBI desde el primer momento, no al tercer o cuarto año (acumulando los anteriores), como ocurre ahora.

Por otra parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) pidieron ayer al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que retire la "inaceptable" subida del IBI aprobada para este ejercicio, y que se está pasando al cobro ahora. La FRAVM mostró su "sorpresa" por el incremento del recibo (35 euros de media por persona), a pesar de que ese aumento es una decisión anunciada por el Ayuntamiento hace casi un año e incluida desde entonces en los Presupuestos de 2004.