La financiación del sistema sanitario: una prioridad de la España plural

Decía Benjamín Franklin que "amaba la casa en la cual no veía nada superfluo y encontraba todo lo necesario". En esta casa nuestra que es España, hemos abierto recientemente un debate apasionante, de alcance histórico, sobre la forma de culminar y perfeccionar algo tan sustancial y querido por todos nosotros: el modelo de Estado que hemos venido construyendo en este cuarto de siglo de andadura democrática.

En ese debate, como en casi todos, a veces nos perdemos en enunciados retóricos y en discusiones sobre los objetos superfluos que han de adornar el edificio, y tenemos la tentación de aplazar las cuestiones relativas a su arquitectura, o al tamaño de sus habitaciones para que puedan resultar cómodas a sus inquilinos, que en este caso son todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en sus territorios.

El sistema sanitario no es un servicio público cualquiera; se trata de una conquista social irrenunciable

Antes de cambiar o alterar el modelo, sería necesario conocer las posibilidades reales de su reforma

La primera certeza, que nos sirve de punto de partida, es que el actual modelo de Estado ha pasado de ser una posibilidad apenas esbozada en el texto constitucional, a una realidad que comparten 17 comunidades autónomas y que tiene forma jurídica y sustancia competencial, administrativa y financiera. Y sólo ahora, cuando las Autonomías disponemos de legitimidad política y de una amplia y creciente experiencia de gestión, es posible e imprescindible plantear reformas que, en la medida en que han de servir para superar disfunciones, están destinadas a hacer viable el modelo en el futuro, y no a transformarlo como han sugerido algunas voces.

- Reforma constitucional. Es en ese plano en el que se plantea una reforma constitucional que, en mi opinión, no tiene que ir más allá de adaptar el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres a la línea sucesoria, referenciar la nueva Constitución europea -si es aprobada por los españoles-, reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial y recoger la realidad autonómica tal y cual es, 26 años después de la aprobación de la Carta Magna que la propició. En este último punto, considero que la Constitución debe citar expresamente las comunidades autónomas que articulan el Estado, dejando que sean los propios Estatutos de Autonomía quienes esbocen los adjetivos y definiciones que resulten más cómodos para resaltar las identidades que conforman este país diverso y plural.

Aprovechar esta propuesta de reforma constitucional para iniciar un crispado debate sobre denominaciones no sólo es superfluo en lo esencial, sino inútil en lo sustancial ya que ningún texto constitucional podría eliminar el arraigo identitario de ninguna comunidad, del mismo modo que ninguna denominación añadiría rango, historia o elementos diferenciales donde no los hay. Los asturianos, sin ir más lejos, somos una de las comunidades españolas en las que de forma más evidente se mantiene la conciencia territorial en el tiempo. Somos también una de las comunidades que de forma más clara ancla sus rasgos de identidad en la historia. Y, sin embargo, no es éste un elemento que hayamos considerado nunca ni necesitado de un reconocimiento adicional, ni mucho menos capaz de contraponerse a otras realidades que reconocemos y sentimos también nuestras.

El debate de cómo perfeccionar el modelo de Estado debería, en mi opinión, centrar sus energías en otras cuestiones de mayor calado que nos afectan a todos y que tienen una repercusión más directa y real en la vida de los ciudadanos: la forma en la que se articule la voz de esa España plural en Europa, la manera en que se concrete la propuesta del actual Gobierno de crear una Conferencia de Presidentes como figura política que nos ayude a tratar problemas de Estado de forma constructiva, a través del consenso, y, sobre todo, el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. Porque es, precisamente, la capacidad que tengamos para asegurar unos servicios mínimos de calidad a todos los ciudadanos y en todo el territorio, lo que da cohesión a la España plural.

- Sistema de financiación. Sobre la cuestión de la financiación también es preciso separar con claridad el ruido que producen ciertas declaraciones, de las nueces de lo que es posible y deseable para construir la casa necesaria. Cuando se dice que hay que abordar la financiación general con el criterio de que "se pague por renta y se reciba por población", es necesario que se matice exactamente qué se quiere decir con este enunciado porque, de hecho, con el actual sistema ya se paga por renta y se recibe por población.

El 94% del fondo general se reparte teniendo en cuenta la población, el 4,2% a la superficie, el 1,2% a la dispersión y el 0,6% a la insularidad. Es decir: en el sistema vigente existen también factores correctores que permiten, entre otras cosas, el acceso a los servicios públicos a ciudadanos que habitan en lugares de difícil acceso con la misma calidad y prestaciones que los que viven en grandes ciudades. Esta es una cuestión de gran importancia para preservar la igualdad de todos en comunidades autónomas que, como la asturiana, son especialmente montañosas y han sufrido históricamente las consecuencias económicas de tal circunstancia.

El fondo de la sanidad, ya integrada en el sistema general, establece también que la población protegida significa el 75%, pero con una corrección que tiene en cuenta a la población mayor de 65 años, que cuenta en un 24,5%. Es una corrección normal si se tiene en cuenta que una comunidad envejecida produce un gran consumo y es preciso proporcionar recursos al sistema para poder atenderlo. ¿Significa "pagar por renta y recibir por población" eliminar ese factor de corrección dirigido a la población mayor de 65 años? Creo sinceramente que sería una injusticia y rompería el principio de equidad.

Lo cierto es que el modelo actual de financiación en España se puso en marcha hace menos de 3 años, y cuando logramos con él la unanimidad de las comunidades autónomas de régimen común, es porque entendíamos que tenía más elementos positivos que negativos. Asturias fue, precisamente, la última comunidad autónoma en firmar el acuerdo, y cuando lo hicimos sopesamos todos esos factores, no sólo desde la perspectiva de la conveniencia propia, sino también desde la responsabilidad de dotar al conjunto del Estado de un modelo aceptable y duradero. Antes de cambiar o alterar el sistema creemos que sería necesario retocarlo en aquellos aspectos que puedan fallar y, sobre todo, conocer las posibilidades reales de su reforma. Porque, para cambiar un sistema de financiación tan reciente, son necesarios muchos recursos que puedan ponerse sobre la mesa y, francamente, no veo ese fondo de recursos ni en las expectativas financieras actuales de España, ni en la evolución prevista del presupuesto pactado en el cuadro macroeconómico de la legislatura.

- Financiación de la sanidad. Sí creo, en cambio, que tenemos que abordar de forma rápida y prioritaria la parte de financiación que específicamente corresponde a la sanidad. En todas las comunidades se puede observar una línea de tendencia de gasto sanitario que va creciendo de forma importante, y una línea de ingresos que no crece en la misma proporción.

Debemos afrontar de forma urgente la mejora de la eficiencia en aspectos como el gasto farmacéutico, la gestión de personal o los sistemas de contratación, y mantener un control sobre la evolución de un sistema que, por su complejidad y su importancia, no puede crecer desordenadamente.

Tenemos que incidir también en la evolución de los ingresos porque ya hemos utilizado todos los mecanismos a nuestra disposición y, en muchas comunidades autónomas, ya hemos puesto en marcha el impuesto sobre hidrocarburos. Pero no es suficiente. En Asturias, por ejemplo, el gasto sanitario representa ya el 35% del total de nuestro presupuesto.

El sistema sanitario no es un servicio público cualquiera. Se trata de una conquista social irrenunciable, vital para los ciudadanos. Es un patrimonio colectivo generado con el esfuerzo de todos los españoles, que hoy es comúnmente aceptado como un buen sistema. Pero debemos reforzar su sostenibilidad minorando el ritmo de crecimiento del gasto y, simultáneamente, inyectando más ingresos hasta alcanzar los niveles medios europeos, de los que aún diferimos en un 1,5% sobre el PIB.

Lograr un Pacto de Estado para alcanzar una financiación estable, que permita sostener y mejorar el sistema sanitario, ha de ser, en mi opinión, el primero y más urgente de los retos que debemos afrontar para facilitar la cohesión social de esta España plural. Una España que, consciente de su diversidad, debe demostrar también su capacidad para concebir, de forma corresponsable con el Estado, sus problemas comunes. Sería un enorme error caer en la tentación de buscar soluciones basadas en relaciones bilaterales, de las que tanto se abusó en otros tiempos. Tenemos ahora la oportunidad de demostrar que, tal y como decimos con frecuencia, las comunidades autónomas también somos Estado y, por tanto, en la solución de sus problemas, desde foros multilaterales, también debemos estar todos.

Vicente Álvarez Areces es presidente del Principado de Asturias.