Margen para negociar

Rodríguez Zapatero anunció el domingo en Bilbao su compromiso para salvar el grupo público de astilleros Izar y prometió que ningún trabajador quedará abandonado a su suerte. La declaración política del presidente del Gobierno se ha querido interpretar como un desmentido al Plan Estratégico que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha elaborado para salvar los astilleros públicos, amenazados de quiebra por la exigencia de la Comisión Europea de devolución de las ayudas ilegales concedidas por el anterior Gobierno. La cantidad formalmente reclamada hasta ahora asciende a 308 millones de euros, pero el monto total puede superar los 1.000 millones.

La SEPI ha propuesto segregar la producción naval militar de Izar, que tiene mercado y posibilidades reales de supervivencia, y volcarla en una empresa nueva para sortear la quiebra que se producirá inevitablemente cuando la empresa tenga que devolver las ayudas que la Comisión ha declarado ilegales. Para tratar la gravísima situación en que quedaría la producción naval civil, la SEPI planteó la búsqueda de capital privado. Este esquema estratégico es perfectamente compatible con la negociación con los sindicatos de un Plan de Viabilidad en el que los derechos de los trabajadores sean respetados, se eviten los despidos con un plan de jubilaciones anticipadas y se organice un programa de recolocaciones que permita mantener el grueso del empleo.

El compromiso de Zapatero no tiene por qué entrar necesariamente en contradicción con la estrategia empresarial diseñada por la SEPI. Por el contrario, la negociación industrial debe ser capaz de proporcionar un cierto margen de maniobra para que las promesas políticas puedan cumplirse sin crear agravios comparativos con otros colectivos de trabajadores.

La situación objetiva de los astilleros muestra incluso algunos síntomas de mejora. La Comisión Europea ha declarado su disposición a no reclamar perentoriamente la devolución de las subvenciones ilegales, lo cual proporcionará más tiempo para buscar una solución negociada en España. Pero los trabajadores y sus representantes deben entender que tal solución debe cumplir dos condiciones: que sea realista y que sea legal. El plan de la SEPI cumple ambas condiciones. Por el contrario, las vagas apelaciones a una "solución integral" para los astilleros, jaleadas hoy por el PP, que fue precisamente el responsable del actual desastre empresarial, no pueden defenderse ni en España ni en Bruselas.