Una ley reforzará la responsabilidad civil en los delitos medioambientales

"Que no se repitan casos como el de Flix". Con estas palabras describió ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el espíritu de una nueva ley con la que el gobierno tendrá más armas para luchar contra los delitos medioambientales. La ministra anunció que ya dispone del primer borrador de una ley que prevé tramitar en las Cortes durante el año que viene y que, provisionalmente, bautizó como ley de Responsabilidad Civil por Daños Medioambientales. Sin embargo, esta normativa comenzará a aplicarse desde el momento de su aprobación y no tendrá carácter retroactivo, con lo que la empresa Ercros, que durante décadas ha acumulado centenares de miles de toneladas de residuos altamente tóxicos en el pantano de Flix (Tarragona), no se verá penalizada.

La ministra, que ayer visitó las comarcas del Ebro, aseguró que la limpieza de estos residuos es una "prioridad" del gobierno, y que ya ha destinado 104 millones de euros para la desafectación de la zona. Aún así, los informes científicos hasta el momento solamente han realizado un diagnóstico detallado de los vertidos y apenas han comenzado a apuntar las soluciones. "Ahora toca profundizar en las soluciones", dijo Narbona. La partida abierta por Medio Ambiente para limpiar o confinar los residuos de Flix estan incluidos en las medidas que acompañaron la derogación del trasvase del Ebro y Narbona dio a entender ayer que aunque estos trabajos no recibieran financiación europea, el gobierno podría asumir su coste. "Es una prioridad", repitió la ministra.

"Lo conoció el PP"

Narbona aprovechó su visita de ayer a la zona para arremeter contra el gobierno de José María Aznar. "Ese estudio [que acredita la existencia de estos residuos tóxicos] lo conoció el PP el año pasado y no hicieron nada", señaló. "Habían creado el ministerio de Medio Ambiente sólo para aparentar que les preocupaba el medio ambiente; hemos heredado muchos problemas", dijo.

La ley que prepara ahora el gobierno no penalizará a Ercros. Según aseguró Narbona, porqué la mayoría de estos vertidos tóxicos -entre ellos, más de 10 toneladas de uranio radiactivo- se produjeron en décadas anteriores, sin la existencia de una normativa medioambiental.

La iniciativa legislativa el Gobierno español es una respuesta a la directiva europea de marzo de este año que concedía tres años de plazo para su trasposición al derecho interno de los Estados. El Gobierno español puso en marcha una iniciativa semejante en la época de Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente, a raíz del desastre causado por la rotura de la mina de Boliden en Aznalcóllar, Sevilla. Luego se arrinconó a la espera de que se aprobara la directiva.

Este paraguas legislativo aplica el principio de que "quien contamina paga", lo que exigirá a las empresas que realicen actividades con riego ambiental suscribir seguros para afrontar los costes de reparación de los daños y evitar su insolvencia.