La Generalitat crea una empresa para construir equipamientos

La Generalitat de Maragall también recurre a la ingeniería financiera para lanzar nuevos proyectos ante la escasez de recursos que padece. Aunque ahora se escuda en la transparencia. El Gobierno catalán ha creado una sociedad para afrontar la construcción de nuevos equipamientos ciudadanos (educativos, sanitarios y judiciales). Las características de esta sociedad mercantil, ICF Equipamientos, permitirá agilizar las inversiones urgentes sin que ello repercuta en el endeudamiento global de la Generalitat, según fuentes del Ejecutivo.

El Consell Executiu de ayer aprobó la creación de ICF Equipamientos, que será una filial de la entidad de crédito público de la Generalitat -el Instituto Catalán de Finanzas (ICF)-. La nueva sociedad saldrá al mercado a sondear a los distintos bancos y cajas para buscar la mejor financiación con la que poder afrontar la construcción de equipamientos ciudadanos. En la práctica, actuará como un "intermediario financiero", según la definición del consejero portavoz, el socialista Joaquim Nadal.

Con la financiación externa en mano, la nueva empresa encargará las obras y asumirá su gestión y mantenimiento. ICF Equipamientos será la propietaria de las nuevas infraestructuras públicas, principalmente educativas. A cambio, el departamento responsable de cada equipamiento -Salud en el caso de centros sanitarios, Enseñanza en el caso de colegios y el Departamento de Justicia respecto a juzgados y prisiones- le pagará una especie de alquiler o renting. Con este alquiler, se devolverá la financiación obtenida.

El Gobierno catalán actúa movido por la falta de recursos, con una solución que le permitirá realizar las inversiones urgentes sin engordar su endeudamiento, que asciende a más de 17.300 millones de euros (12,7% del PIB catalán). Cuando estaba en la oposición, la izquierda criticaba la ingeniería financiera de CiU. Ahora alega que su fórmula es distinta: actúa con transparencia, respetando las normas contables europeas y buscando la fórmula menos costosa para la Administración. Según Nadal, el anterior Gobierno de CiU recurría a empresas privadas para la gestión y mantenimiento de equipamientos, lo que a la larga suponía un encarecimiento.

La deuda de ICF Equipamientos, con un capital de entre 60.000 y 62.000 euros, no computará en la de la Generalitat porque, según un portavoz de Economía, "funcionará como una sociedad mercantil que actuará en condiciones de mercado" y, en tanto que propietaria de los nuevos equipamientos, "asumirá riesgos". Por ejemplo, los costes por un eventual retraso en las obras de construcción o gastos derivados de percances en el mantenimiento de las instalaciones.

El consejero portavoz agregó que esta nueva modalidad hará posible superar la combinación de sistemas que antes utilizaba CiU, como el censo enfiséutico, el método alemán o el peaje en la sombra.