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Entrevista:CARLOS BUSTELO | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

"El traslado de la CMT es una deslocalización en pequeño"

"No eludiré mi responsabilidad y seguiré hasta el final de mi mandato, en 2008"

Ramón Muñoz

Carlos Bustelo, abogado y economista, puede presumir de tener una doble carrera política y profesional. Su nombramiento a finales de 2002 como presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el máximo organismo regulador del sector, no suscitó ninguna polémica. Ministro del primer Gobierno de Adolfo Suárez, ha estado en diversos organismos nacionales (Consejo de Estado, Banco de España, Comisión Aldama) e internacionales (OCDE, FMI) y consejero en multitud de empresas privadas.

Su principal preocupación era hasta ahora dilucidar de una vez por todas el grado de competencia en cada uno de los mercados de telecomunicaciones, de acuerdo a las directrices de Bruselas. Pero el traslado de la sede de la CMT a Barcelona decidido unilateralmente por José Luis Rodríguez Zapatero y Pascual Maragall ha trastocado toda la vida de la institución. Bustelo se ha puesto de lado de los técnicos de la CMT que se oponen al traslado. Partidario de regular sólo si no funciona la competencia, cree que la liberalización de las telecomunicaciones, con sus fallos, ha reportado muchas ventajas a los usuarios.

"Algo de esta envergadura requiere una comunicación formal y una instrumentación jurídica que hasta hoy no se han producido"
"Nos llama la atención que Telefónica recurra todas nuestras decisiones y luego nos den siempre la razón los tribunales"
"Me hubiera gustado decirle a Maragall que Cataluña ya tiene capacidad para atraer inversiones sin necesidad de ubicar allí la CMT"
"Si el primer operador invierte en dar banda ancha en lo que hasta ahora era 'banda anchita', la CMT no puede ni debe oponerse"

Pregunta. La CMT se va a Barcelona. ¿Es una decisión arbitraria, tomada con nocturnidad y alevosía?

Respuesta. Con honestidad y transparencia, tengo que decir que la medida nos sorprendió porque no hubo diálogo ni discusión previos, aunque naturalmente, como dijimos en la declaración institucional del Consejo, respetamos la decisión del Gobierno legítimo de la nación de trasladar la sede.

A mí me hubiera gustado, si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, haber podido explicar, tanto al presidente del Gobierno como al de la Generalitat de Cataluña, que en un momento clave del sector de las telecomunicaciones, y en el que está pendiente todo un cambio de regulación, el funcionamiento correcto de la CMT es muy importante para que la incipiente recuperación del sector se consolide. Y lo complicado que es para el organismo mantenerse funcionando a pleno rendimiento teniendo por medio un cambio de sede, con todo lo que ello implica. También, que Cataluña tiene ya capacidad suficiente para atraer inversiones, sin necesidad de ubicar allí la CMT. Pero no he tenido la oportunidad de decírselo a ninguno de los dos.

La decisión está tomada y mi responsabilidad, mejor, mi obligación es procurar que todo se haga de la manera menos traumática posible para las personas y para el funcionamiento del organismo.

P. Pero, ¿nadie le comunicó las intenciones de Zapatero y Maragall?

R. El ministro Montilla me llamó la noche antes de la reunión entre los dos presidentes en La Moncloa y me dijo que creía que querían tomar esa decisión. Pero entiendo que algo de tanta envergadura requiere una comunicación formal y una instrumentación jurídica que, hasta la fecha, no se han producido. Estamos hablando de un organismo al que la Ley General de Telecomunicaciones otorga plena independencia, tanto organizativa como funcional.

P. Pero parece que usted y el ministro de Industria no se ponen de acuerdo sobre los pasos que hay que dar para que ese polémico traslado se haga realidad. ¿Hace falta una ley como dice usted o no es necesario como dice él?

R. Como dice la declaración institucional que aprobamos hace unos días, la independencia de que goza la CMT abarca las decisiones sobre política organizativa y de personal, que son competencias exclusivas de su Consejo. Si es el Gobierno el que toma esa decisión, tendrá que hacerlo a través de una norma de rango legal que determine que la sede esté en Barcelona. No dudo que en fechas próximas hablaremos de ello tanto con el ministro Montilla como con el presidente Maragall y estoy seguro de que ambos están dispuestos a ayudar.

P. ¿Se teme una deserción masiva de técnicos?

R. Esperamos que no. Ésa es una de las cuestiones a tratar: las compensaciones que podemos ofrecer a los profesionales de la casa para que no la abandonen, teniendo en cuenta que muchos de ellos podrían tener sueldos más altos en la empresa privada. La media de edad es de 35 años, el 70% son titulados universitarios y han organizado su vida familiar en Madrid. Nuestro traslado es, salvando las distancias, una deslocalización en pequeñito y no creo necesario explicar a nadie lo que supone un proceso de ese tipo. Los servicios de la CMT y el capital humano asignado a ellos no se improvisan y no requieren sólo la existencia de gente muy capacitada, sino además un caudal de experiencia y unos equipos que lleva años ensamblar para optimizar su rendimiento. Estoy seguro de que cualquiera entenderá que nos preocupe y que tratar de evitar ese efecto que usted sugiere sea nuestra prioridad esencial.

P. ¿Se siente aludido por aquellos que dicen que si no le gusta el traslado que se vaya?

R. Tengo intención de seguir hasta el final de mi mandato, que vence en diciembre de 2008. Lo contrario sería eludir mi responsabilidad.

P. La CMT vigila la competencia. Pero tras seis años de liberalización, Telefónica conserva el 80% del mercado de la telefonía fija. ¿No falla algo?

R. Puede haber una competencia fuerte y eficaz desde el punto de vista del usuario, que es quien a nosotros nos interesa, incluso con esa cuota. Y la mejor prueba de que la competencia funciona es que ha habido mejoras de servicios y precios. Además, en España tenemos algo que no tienen otros países de Europa: dos operadores de cable poderosos que están empezando a competir de forma seria con Telefónica y si algún día juntan fuerzas pueden convertirse en un rival más importante.

Por otra parte, los mercados están cada vez más interrelacionados entre sí. La telefonía móvil le gana terreno al fijo, y como Telefónica se ha tenido que poner las pilas y convertir su red de par de cobre en una red de banda ancha gracias al ADSL. Y si bien es cierto que Telefónica es de los ex monopolios europeos que mejor ha defendido su cuota de mercado, la convergencia de tecnologías hace que cada vez tenga menos sentido hablar solamente de cuota en tal o cual mercado.

P. ¿Esa convergencia también implica un cambio en la regulación?

R. Hace unos años la prioridad era romper el monopolio, obligando a dar interconexión en condiciones de transparencia y no discriminación. Y por eso había una regulación intensiva. Pero una vez que se ha conseguido introducir competencia, hay que cambiar de filosofía. Hay que enfocarla más bien a lo que la teoría económica moderna entiende por condiciones competitivas. Esto implica comprobar qué está ocurriendo en los mercados y estar atentos a que nadie abuse de su posición. Sólo si se comprueba que existe abuso, corresponde aplicar una corrección. Es absurdo e ineficiente decir a priori lo que tienen que hacer las empresas. Hay que dejarlas competir.

P. ¿En esa línea va el análisis de los mercados que servirá de base para la nueva regulación siguiendo las directrices de Bruselas?

R. Efectivamente. En primer lugar, determinaremos cuáles son los mercados de referencia; a continuación, analizaremos cada uno de ellos y veremos si hay un grado de competencia suficiente, si hay operadores con poder significativo en el mercado, y sólo si detectamos situaciones de abuso plantearemos medidas para corregirlas. Una de las cosas en que insiste mucho Bruselas es que no sólo se detecte que existe falta de competencia, sino si esa situación va ser duradera. En adelante, vamos a intervenir lo menos posible.

El 31 de agosto cerramos el periodo de preconsulta y hemos recibido muchas aportaciones.Una vez se inicie la fase formal realizaremos las consultas oficiales al sector y al Servicio de Defensa de la Competencia. Luego, la CMT hará sus propuestas de mantenimiento, supresión o introducción de obligaciones para operadores con poder significativo. Luego, habrá que remitirlas al resto de organismos reguladores de la UE y a la Comisión Europea, que tiene poder de veto, por lo que hasta el verano de 2005 no se habrá completado el proceso, siempre que la deslocalización nos lo permita.

P. Y en ese escenario, ¿no tendría que haber libertad de tarifas para Telefónica?

R. Eso habría que preguntárselo al Gobierno. El anterior hizo una especie de promesa de que la habría a partir de 2005, pero parece, por lo que ha dicho el ministro y me parece razonable, que va a continuar el sistema de precios máximos (price cap) hasta que la CMT complete el análisis de los mercados. En realidad, este sistema tiene que ver más con la lucha contra la inflación que con la política reguladora.

P. Y las tarifas, ¿tienen que bajar o que subir?

R. Como usuario, diría que tienen que bajar; como Gobierno, preferiría que no compliquen el IPC; y si fuera Telefónica preferiría que subieran... En cualquier caso, en un mercado competitivo eso debe ser el resultado de las fuerzas de la oferta y de la demanda, no de los poderes públicos.

P. Los competidores de Telefónica dicen que abusa de su posición dominante y Telefónica les acusa de que no invierten un euro. ¿Quién tiene razón?

R. Los dos y ninguno. La regulación intensiva de la etapa anterior ha abierto la competencia, pero surgen negocios cuya existencia está justificada en la propia regulación, y eso ha permitido ganar dinero a corto plazo, pero no son negocios que tengan futuro a medio plazo.

P. ¿Vamos camino de un duopolio?

R. Un duopolio, si de verdad hay dos fuerzas luchando por atraer al cliente, puede ser una situación ideal. Decir, como se ha hecho en energía eléctrica, que cuatro operadores son competencia y tres no, es absurdo.

P. O sea que es partidario de las fusiones.

R. Las fusiones son una decisión a tomar por las propias empresas y sus accionistas Pero si suponen que haya un operador más sólido, más competente, con más capacidad de innovar y de invertir, lo veríamos con buenos ojos.

P. Las relaciones con Telefónica no deben ser muy buenas a juzgar por la dureza de algunas multas que le han impuesto.

R. Hay tensiones con Telefónica y sería preocupante que no las hubiera. Pero nos llama la atención que recurra todas nuestras decisiones y luego nos den la razón los tribunales, aunque eso nos llena de satisfacción y orgullo porque somos un organismo público, con un equipo jurídico limitado, frente a una empresa que tiene todos los medios a su alcance.

P. En telefonía móvil tampoco parece que la competencia funcione todo lo bien que sería deseable a juzgar por las altas tarifas.

R. La mejor prueba de que hay competencia en móviles es la cuota que ha perdido Telefónica Móviles, o que Amena, que se ha incorporado a última hora, tenga un 20% del mercado. Si nos fijamos sólo en los precios nominales a lo mejor parece que las tarifas no han bajado todo lo que tenían que bajar, pero ha habido una lucha a muerte en otros aspectos como la subvención de terminales, la eliminación de la cuota de abono o las llamadas on net. Otro tema es que existe asimetría en los precios de interconexión, ya que de alguna manera los operadores de telefonía fija subvencionan a los de móvil. Por eso vamos a seguir bajándolos pero sin intervenir en los precios finales.

P. ¿Pero la liberalización no ha tenido también efectos perversos como los fraudes en la preasignación o en los números 800 y la confusión en los números de información?

R. No hay tantos fraudes en la preasignación si se tiene en cuenta que hay más de 2,6 millones de preasignaciones y nosotros apenas hemos tramitado unas decenas de denuncias. Respecto a los números 800, nuestra filosofía es que el ciudadano también debe ser responsable y si alguien llama a un número erótico o de un horóscopo tiene que responsabilizarse de su comportamiento y no esperar que el manto protector de la Administración resuelva todos sus problemas. Y en cuanto a los servicios de información telefónica, creo que la simple presencia de campañas publicitarias sobre los nuevos oferentes en el mercado prueba que la competencia está empezando a funcionar.

P. Parece que la CMT ve con buenos ojos la ofensiva de Telefónica en ADSL.

R. Si el mayor operador decide invertir en dar banda ancha en lo que hasta ahora era banda anchita, la CMT no puede ni debe oponerse. Sería una decisión anticompetitiva. El resto de las operadoras tendrá que reaccionar ahora a esas iniciativas.

Carlos Bustelo, en un momento de la entrevista.
Carlos Bustelo, en un momento de la entrevista.JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

"Lo mejor sería que se eliminaran todas las subvenciones a las televisiones"

Pregunta. ¿Qué papel va a jugar la CMT en el sector audiovisual?

Respuesta. El Gobierno anterior quería que jugara un papel decisivo, pero con el actual no hemos hablado todavía de este tema. Mientras, en tanto no se promulgue una nueva ley audiovisual, mantenemos competencia total desde el punto de vista de los mercados, de su análisis económico y de competencia, pero ninguna en materia de contenidos. El nuevo Ejecutivo tiene que decidir ahora si se crea un nuevo órgano regulador y si se vincula o no a la CMT.

Nosotros seguimos incluyendo nuestra valoración en cada Informe Anual, constatando que lo audiovisual reclama una urgente clarificación normativa, entre otras razones porque no vivimos en la situación ideal, con las televisiones publicas obteniendo cada vez más subvenciones y compitiendo al mismo tiempo en el mercado de la publicidad.

Y no me refiero sólo a RTVE, que es un caso flagrante de gasto de dinero público con pocos resultados, sino también a las cadenas autonómicas que siguen sus pasos. Lo mejor sería que se eliminaran todas las subvenciones.

P. La CMT está encargada de vigilar que se cumplan las condiciones que puso el Consejo de Ministros para la fusión entre Vía Digital y Sogecable. ¿Se están cumpliendo?

R. En líneas generales sí, aunque existen algunos puntos que no se están cumpliendo del todo. Como sabe, nuestro papel está limitado a informar al Servicio de Defensa de la Competencia en base a las condiciones fijadas por el Gobierno para aprobar la fusión, por un lado, y actuar como árbitro cuando no existe acuerdo entre Sogecable y un tercero, por otro.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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