Una organización suiza proeutanasia ha facilitado el suicidio a 304 enfermos

La organización proeutanasia Dignitas ha facilitado en los últimos cinco años el suicidio asistido a 304 personas en su clínica de Zúrich (Suiza). Se trata de enfermos terminales o con dolores insoportables, de acuerdo con los requisitos que establece la organización. Dos tercios no eran suizos, sino extranjeros que aprovechan la posibilidad que brinda la legislación helvética. La asociación ha confirmado que entre ellos hay españoles, pero se ha negado a decir cuántos. En España, las organizaciones dedicadas a facilitar una muerte digna han informado a más de cien enfermos sobre Dignitas.

La organización se basa en la posibilidad que presta la legislación suiza de ayudar a alguien a suicidarse si los motivos son altruistas. Esta acción en España está castigada con seis meses de prisión. La pena va de dos a cinco años si se considera que se ha practicado directamente una eutanasia.

Los 304 socios de Dignitas que han acabado con sus sufrimientos y su vida representan sólo el 20% de quienes se acercan a la asociación en busca de ayuda, según explica su fundador, Ludwig Minelli, en la web de la institución (www.dignitas.ch). Al otro 80% "saber que tienen una puerta abierta en Zúrich les da tranquilidad", afirma Minelli. "Muchos nos han dicho después que saber que tienen la luz verde ha sido decisivo para abandonar las ideas suicidas", dice el abogado.

Dignitas es una organización sin ánimo de lucro. Tiene un centro en Zúrich donde atiende a los enfermos. Para hacerse socio cobra una cuota de 100 francos suizos (76 euros). La anualidad es de 50 francos suizos (38 euros). Además, si una persona decide hacer uso de sus servicios debe pagar al personal y los medicamentos. Pero no es la única organización empeñada en esta campaña proeutanásica. Según un estudio realizado el año pasado por la Universidad de Zúrich, la Asociación Exit ayudó en Suiza a morir a 748 personas entre 1990 y 2000.

4.000 socios

Dignitas tiene más de 4.000 socios de 52 países. Pero esta situación no es la preferida por su fundador. "Lamento profundamente que personas que viven en otros países tengan que venir hasta suiza para obtener este servicio, y estaría muy agradecido si otros países cambiaran sus leyes para permitir regulaciones parecidas", ha declarado Minelli.

Para ser atendido por Dignitas hay que presentar un certificado médico que justifique que se sufre una enfermedad terminal que causa dolores insoportables. La organización se reserva el derecho de verificar estos informes para evitar que acudan otros suicidas, lo que estaría castigado por la ley suiza.

Una vez que se confirma la voluntad de una persona de acabar con su vida, la propia asociación se encarga de buscar el médico que debe recetar los medicamentos necesarios para causar una muerte indolora. Cuando se tienen las recetas -el momento que Minelli califica como la "luz verde"-, se deja que la persona escoja el momento en que quiere llevar a cabo el suicidio.

El proceso consta de dos partes. Primero, el paciente toma un antihemético para evitar que vomite los siguientes medicamentos. A los 20 minutos se facilita una dosis letal de pentobarbital sódico (un tipo de barbitúrico) disuelto en un vaso de agua. Es el momento de no retorno. Al poco tiempo el enfermo queda dormido y, posteriormente, muere. La propia organización se encarga de incinerar el cuerpo y de enviar las cenizas donde el socio haya establecido. También se ofrece la posibilidad de estar acompañado durante el proceso.

Aunque Dignitas no pertenece a la Federación Mundial de Asociaciones pro Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1980 en Oxford (Reino Unido), las diferentes organizaciones nacionales de este organismo viven muy directamente el problema e, incluso, no son ajenas, en algunos países, al trasiego creciente de viajes o peticiones de información. En el caso de España, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reconoce que al menos cien personas se han acercado ya a sus diferentes oficinas en busca de datos sobre Dignitas. DMD los facilita, pero no interviene en más, informa Juan G. Bedoya.

Al margen de las reticencias que la federación mundial en su conjunto tiene ante las actividades y las actitudes de la clínica de Zúrich, la asociación fundada en Barcelona en 1984 por el filósofo Salvador Pániker considera un fracaso propio y de la sociedad española -con los políticos como responsables principales- el que un enfermo sin cura y con sufrimientos que él considera insoportables tenga que recurrir todavía a un suicidio asistido en clínicas de otros países, cuando lo que debería regularse de una vez es el derecho de los enfermos terminales españoles a una muerte digna, con los requisitos y controles fijados por ley.

Suicidio doloroso

DMD apoyó desde el principio al tetrapléjico Ramón Sampedro en su lucha frente al Estado por lograr que se le facilitara su derecho a una muerte digna, y ya entonces manifestó su decepción por el desenlace del caso, es decir, por que el tetrapléjico gallego se viera obligado finalmente a recurrir a un suicidio asistido por personas desconocidas con consecuencias muy dolorosas, según quienes han visto las imágenes grabadas de aquella muerte.

La solución para evitar que una persona tuviera que llegar al extremo de Sampedro sería la legalización del suicidio asistido en algunos casos, o de la eutanasia. El debate ha vuelto a la actualidad con la película Mar adentro, que relata la vida y muerte del tetrapléjico gallego.

Uno de los teóricos obstáculos para esta legalización estaría en la reticencia de los médicos, muchos de los cuales no estarían dispuestos a colaborar en un suicidio asistido. Pero esta negativa va en descenso. El año pasado una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que el 60% de los facultativos españoles estaría de acuerdo con un cambio en la ley "para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un médico y/o la eutanasia activa" (véase gráfico). El apoyo tiene, sin embargo, sus reservas. Sólo el 6% está dispuesto a suministrar al paciente "lo que éste le pida", aunque sufra "dolor intenso, ansiedad, depresión o abandono", según la encuesta.

En el otro extremo, más del 70% es partidario de potenciar los cuidados paliativos, incluyendo el suministro de calmantes aun a riesgo de que uno de sus efectos secundarios sea acortar la vida del paciente. Una gran mayoría admite que se trata de una práctica aceptada, y algunos piensan que si se hiciera en todos los casos se acabarían las peticiones de eutanasia.