El PP se queda solo en el rechazo al poder de veto de las comunidades en el Senado

La propuesta del Gobierno de que las comunidades autónomas puedan ejercer el derecho de veto a las normas estatales en defensa de sus "hechos diferenciales" en un Senado reformado ha gustado a todos los partidos menos al PP. Los partidos nacionalistas (PNV, CiU, ERC y Coalición Canaria) e Izquierda Unida coinciden en que es un "avance importante" en el desarrollo autonómico, aunque reclaman al Gobierno una mayor precisión sobre la reforma de la Cámara alta. El PP exige al Ejecutivo un "plan preciso de reforma" y "no un globo sonda".

Los partidos nacionalistas han acogido favorablemente la propuesta del ejercicio del veto en el Senado de las normas estatales en defensa de los "hechos diferenciales" de las comunidades autónomas porque es una forma de reconocimiento de la diversidad del Estado. A Josu Erkoreka, portavoz del PNV, tras señalar que es una "idea positiva, reclamada en reiteradas ocasiones", le parece importante precisar qué es un "hecho diferencial" porque "no está definido legislativamente sino que está acuñado sólo en el debate político y académico". El Gobierno admite como hechos diferenciales a proteger en el Senado la lengua, la cultura, la insularidad, el derecho civil y el foral. Pero el portavoz del PNV opina que puede haber más.

Convertir la Cámara

El representante de Coalición Canaria, Luis Mardones, señala que la propuesta del Gobierno de introducción del derecho del veto requiere previamente que el Senado se convierta en una Cámara de representación territorial. El portavoz del BNG, Anxo Quintana, confía en que la reforma no representa "una nueva versión del café para todos".

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares señala que la propuesta del Gobierno, que acoge favorablemente, "no es más que trasponer la experiencia de las cámaras territoriales de los estados federales". Llamazares opina que si las comunidades logran el derecho de veto en el Senado "no se presentarán tantos recursos ante el Tribunal Constitucional por disputa de competencias ya que contarían con este mecanismo de confianza para que sus competencias no sean vulneradas".

El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, fue el más crítico con la propuesta. No le parece "serio" que el Gobierno lance un "globo sonda en vez de presentar una propuesta completa sobre el tipo de reforma del Senado que quiere hacer". A su juicio, es fruto de la "desorientación del Gobierno".

García Escudero, que representa al primer partido en la Cámara alta, estima que para que el Senado contemple la posibilidad del ejercicio del derecho de veto previamente tiene que configurarse por grupos territoriales. "Habría que copiar, por tanto, el modelo del Bundesrat alemán, un sistema que está produciendo desgobernabilidad en ese país porque está continuamente enfrentado a la representación del Estado".

El portavoz del PP ve también "falta de claridad" en la propuesta del Gobierno cuando señala que los grupos territoriales podrían constituirse por senadores y gobiernos autonómicos. El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, dijo que la reforma "no puede incluir un derecho a veto contrario al espíritu y a la letra del artículo dos de la Constitución", que consagra la "indisoluble unidad de la Nación española" al tiempo que garantiza "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones".

También presentó alguna reticencia el vicepresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Ignacio Sánchez Amor, que estima que el derecho a veto es "un aspecto muy parcial" de la reforma del Senado pues "primero hay que tener un modelo del tipo de Senado" que se quiere. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, consideró "razonable" la propuesta.

El presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, el socialista Juan José Laborda, apoya la propuesta porque supone un avance en el desarrollo territorial y, además, la recuperación de consenso alcanzado en 1998 en la ponencia de la reforma constitucional, cancelada por José María Aznar.