Los sindicatos calculan que más de medio millón de inmigrantes podrá regularizarse

Los planes del Gobierno para regularizar a los inmigrantes que puedan acreditar una actividad laboral beneficiarán a más de medio millón de trabajadores. Ésa es la estimación de los sindicatos UGT y CC OO, que fijan una horquilla de entre 500.000 y 800.000 posibles afectados. Las centrales coinciden con la idea de exonerar de sanciones a los empresarios que colaboren en la regularización de extranjeros, aunque insisten en que este proceso debe basarse en acuerdos entre "empleadores y empleados". Esas medidas, añaden, favorecerán también el afloramiento de economía sumergida.

Los sindicatos se felicitan de que, "por primera vez en mucho tiempo", la inmigración se aborde como un asunto esencialmente laboral, más que ligado a la política de seguridad. A partir de ahí, piden que se cuente con ellos para establecer el procedimiento de regularización. La Secretaría de Estado de Inmigración pretende facilitar papeles a los inmigrantes que acrediten una relación laboral y que actualmente viven en situación irregular, según adelantó ayer este periódico. Los sindicatos cifran este colectivo entre 500.000 y 800.000 personas.

España cuenta con más de 2,5 millones de inmigrantes, un 6% de la población total, según las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística relativas a 2003. De ellos, menos de un millón y medio están afiliados a la Seguridad Social, según recordó ayer desde Almería la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

Esto arroja una bolsa de alrededor de un millón de extranjeros sin contrato de trabajo, aunque es de suponer que no todos ellos engrosarán la población activa. UGT calcula que entre 500.000 y 800.000 inmigrantes pueden entrar en los criterios esbozados por el Gobierno para regularizarse, según Jesús Pérez, secretario ejecutivo del sindicato, quien reconoce, no obstante, las dificultades de cuantificarlos de forma precisa. Julio Ruiz, secretario de Migraciones de CC OO, cree que se puede estar hablando de 800.000 trabajadores.

Para fomentar la regularización, el Ejecutivo propone librar de sanciones a los empresarios que admitan haber empleado a inmigrantes sin contrato. Los sindicatos aceptan en líneas generales ese planteamiento, aunque con matices. Julio Ruiz, de CC OO, admite que los empresarios juegan un papel importante, "pero el Gobierno no puede hacer dejación de la responsabilidad de regularizar". Jesús Pérez, de UGT, alerta contra el riesgo de instaurar una amnistía general para las empresas que hayan incumplido la ley.

Ambas centrales hacen hincapié en la necesidad de contar con los trabajadores en este proceso. Es decir, que empleadores y empleados se pongan de acuerdo sobre qué inmigrantes tienen derecho a ser regularizados.

Un año de empleo

CC OO propone además pactar con la Administración los criterios que darán derecho a papeles. Julio Ruiz sugiere establecer un periodo mínimo de trabajo equivalente al que se requiere para acceder a la prestación por desempleo (un año). UGT es partidaria de reforzar la labor de la inspección en la detección de prácticas fraudulentas y de amparar a los inmigrantes que denuncien esos abusos. Con tales propuestas, las centrales esperan que el Gobierno les convoque, junto con los empresarios, "en los primerísimos días de septiembre". El Ejecutivo incluirá las novedades anunciadas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor en otoño.

Al margen de los beneficios directos para los inmigrantes, los sindicatos resaltan la importancia de esta herramienta para hacer aflorar economía sumergida, y confían en la voluntad de la patronal para contribuir a la iniciativa. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con las principales asociaciones empresariales, CEOE y Cepyme, para recabar su opinión. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos se mostró favorable a la propuesta del Gobierno, según Servimedia. "Este tipo de medidas son muy necesarias", indicó su presidente, Lorenzo Amor, argumentando que los empresarios se ven obligados a contratar a inmigrantes sin papeles ante la escasez de mano de obra. También la Federación Española de Hostelería y Restauración aplaudió la iniciativa para los extranjeros que hayan permanecido en España un periodo "prudencial", en palabras de su presidente, Emilio Gallego. Para Juan José Lucio, de las Cámaras de Comercio, "es positivo que haya una mayor vinculación entre la política de inmigración y las necesidades de las empresas". La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se mostró a favor de la propuesta, "como una solución para normalizar la situación de los inmigrantes" y pidió que se desbloqueen las oficinas provinciales de extranjeros. El vicepresidente de la asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, considera "interesante" la medida, pero cree inconveniente que la decisión recaiga en los empresarios. SOS Racismo apoyó las intenciones del Ejecutivo, pero pidió que se explique cómo se aplicará la regularización "para evitar incertidumbres".