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Putin estrecha el cerco a la petrolera Yukos

La empresa, que produce el 20% del crudo nacional, empleó argucias fiscales frecuentes en el sector

Pilar Bonet

El Estado ruso representado por Vladímir Putin sigue acorralando a la petrolera Yukos, productora de 1,7 millones de barriles de crudo diarios (el 20% del país), tras ignorar las voces de alarma, procedentes del mismo Gobierno, sobre el impacto que la interrupción de esos suministros tendría sobre el mercado mundial. Los escenarios del acoso han sido esta semana dos juzgados de Moscú, de los que depende, respectivamente, el destino de Yukos y de Mijaíl Jodorkovski, de 41 años, que convirtió en un imperio la compañía adquirida a precio de saldo en una subasta de privatización en 1995.

En el tribunal de arbitraje de Moscú, Yukos trataba de liberar recursos para pagar parte de los impuestos atrasados y penalizaciones (2.800 millones de euros) que el fisco ruso le atribuye para 2000 y evitar así la quiebra. Los jueces, sin embargo, le rechazaron un paquete de acciones en Sibneft, la petrolera controlada por el oligarca Román Abramóvich, que dio marcha atrás en su proyectada fusión con Yukos.

Los esquemas fiscales son clave para entender el origen de algunas grandes fortunas
Una de las dudas es si se perseguirá a otros oligarcas que usaron el mismo marco impositivo
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En el proceso penal en un juzgado de barrio de Moscú han seguido compareciendo Mijaíl Jodorkovski y su socio Platón Lébedev, acusados de estafar, evadir impuestos y organizar una banda delictiva para controlar la fábrica de fosfatos Apatit en 1994. Entre los primeros testigos del fiscal ha estado un antiguo director de la firma, Anatoli Pozdniakov, que declaró a favor de Jodorkovski.

Formalmente, los dos procesos son independientes, pero ambos parecen discurrir conforme a un mismo guión y en ambos hay la misma voluntad de resistencia de los acusados. Durante la vista, el hombre más rico de Rusia (15.200 millones de dólares, según la revista Forbes), encarcelado en octubre pasado, sonreía desafiante tras los barrotes de la jaula donde está encerrado. Yukos logró pagar algo de su deuda rebañando sus propiedades, como una participación del 56% en la empresa Rospan, dueña de licencias de gas en Siberia. Yukos ha vendido esta parte al consorcio TNK-BP por 357 millones de dólares, pero tiene congeladas las cuentas de sus principales filiales, entre ellas Yugansneftegaz, responsable del 60% de la producción. China ha mostrado deseo de comprar esta empresa, que medios gubernamentales rusos valoran en 12.000 millones de dólares como mínimo.

El desafío de Jodorkovski en su jaula y la compra de tiempo al fisco son triunfos efímeros en una batalla con el Estado que tiene dimensiones políticas y personales, además de económicas. Para ganarla no basta con haber producido 80,8 millones de toneladas de crudo en 2003 y planear 90 millones de toneladas este año, o emplear a más de 100.000 personas y haber hecho transparentes las cuentas de la empresa y las participaciones de sus ejecutivos a partir de 2002, obligando a otras firmas rusas a hacer lo mismo. Tampoco basta que el presidente estadounidense, George Bush, haya intercedido ante Putin, con intermediarios, o que el ministro de energía ruso, Víctor Jristenko, haya pedido al jefe del Gobierno, Mijaíl Fradkov, que actúe para levantar el embargo sobre las cuentas de Yukos y que el jefe de la Agencia Federal de Energía, Serguéi Oganesián, se expresara a favor de evitar el paro de la producción.

Las incógnitas sobre el futuro de Yukos no contribuyen a la buena imagen del Kremlin, pero hacen subir los precios y llover las divisas. "El presupuesto ruso recibirá este año un mínimo de 10.000 millones de dólares extra gracias a los ingresos suplementarios de la venta de petróleo y gas", dice Mijaíl Zadórnov, ex ministro de Finanzas y diputado parlamentario. El gas y el petróleo pueden suponer hasta el 45% de los ingresos del presupuesto ruso este año, señala.

Una de las incógnitas es si, tras el acoso a Yukos, el presidente Putin arremeterá contra otros oligarcas beneficiados de los esquemas de "evasión" u "optimización" de impuestos (según las diversas terminologías) utilizados ampliamente por las petroleras rusas, pero practicados, según Zadórnov, "con distinto grado de agresividad". Yukos, Sibneft, controlada por Abramóvich, y TNK, por el oligarca Víktor Vekselberg, figuran entre las más "agresivas".

Los "esquemas fiscales" son claves para entender el origen de algunas grandes fortunas en Rusia. Para empezar, las petroleras privatizadas contrajeron su base impositiva. En lugar de pagar por la venta a precios de mercado del crudo preparado para el transporte por oleoducto, tributaban sobre la mezcla de petróleo bruto tal como salía del subsuelo, valorándola -en operaciones ficticias con empresas creadas ex profeso- a precios muy por debajo del mercado, afirma un pequeño empresario del sector que quiere guardar el anonimato. El Estado gravaba así la primera transacción en una larga cadena de compra-venta entre diversas empresas, que se remataba en algún paraíso fiscal internacional o en alguna zona de régimen privilegiado en Rusia. Yukos, cuyo primer accionista, Menatep, está registrado en Gibraltar, vendía su petróleo siberiano mediante una empresa domiciliada en Mordovia, una región de Rusia con régimen fiscal especial. Lo importante para ahorrar impuestos, señala el pequeño empresario, era tener eslabones suficientes para embarullar las operaciones y dinero para influir en jueces e inspectores fiscales.

Para reducir el impuesto de sociedades (24% en Rusia), las petroleras crearon empresas comerciales, que domiciliaban en zonas rusas con fiscalidad privilegiada, autorizadas a rebajar hasta cero su parte en ese impuesto compartido con el Estado. También utilizaban territorios cerrados por razones militares, como el cosmódromo de Baikanur, en Kazajstán, y registraban firmas que contrataban a inválidos para desgravar.

Desde 2001 esos agujeros fiscales legales de la era de Yeltsin han ido cerrándose, según Zadórnov. En 2002 se introdujo un impuesto sobre las materias primas que grava la tonelada de crudo extraída con una suma fija orientada hacia los precios del mercado mundial. En enero pasado dejaron de funcionar las zonas de régimen fiscal privilegiado, como Mordovia o Chukotka, la región de la que es gobernador el oligarca petrolero Román Abramóvich, dueño del club de fútbol británico Chelsea.

Mijaíl Jodorkovski (izquierda) y Platón Lébedev asisten entre rejas a una vista del juicio contra ellos el pasado jueves.
Mijaíl Jodorkovski (izquierda) y Platón Lébedev asisten entre rejas a una vista del juicio contra ellos el pasado jueves.AP

Un doble rasero legal

El pequeño pueblo de pescadores y cazadores que habita en Chukotka (los chukchis) está hoy agradecido a Román Abramóvich, su gobernador, por haber llevado cierto bienestar a aquella región depauperada del Lejano Oriente ruso. Abramóvich debería también estar agradecido a los chukchis, porque éstos le han permitido beneficiarse del régimen fiscal privilegiado en el que han medrado firmas comerciales vinculadas a sus intereses petroleros.

A diferencia de lo ocurrido con Jodorkovski, Abramóvich está en libertad y exhibiendo su riqueza, pese a las inspecciones que el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo en Chukotka. Serguéi Stepashin, el presidente de esta institución, afirmó en abril que Abramóvich había escamoteado 10.000 millones de rublos (285 millones de euros) en impuestos al fisco, usando para ello las ventajas fiscales de la región y subrayó que esta suma coincide de forma aproximada con la cantidad pagada por el club de fútbol Chelsea. Sin embargo, las autoridades rusas no parecen haber sacado conclusiones de las afirmaciones de Stepashin. Es más, incluso han premiado al oligarca, que en diciembre de 2002 se benefició de la truculenta subasta de privatización de Slavneft, realizada de acuerdo las peores tradiciones de la época de Yeltsin.

Recientemente, la compañía sueca Vostok Nafta, accionista minoritaria en una filial de Slavneft (controlada en un 75% por Román Abramóvich), ha demandado a esta empresa por una suma de 950 millones de dólares por supuestas operaciones a precio inferior al del mercado en detrimento de los intereses de los pequeños accionistas.

La opaca privatización de Slavneft sembró dudas sobre las intenciones de Putin de crear un mercado transparente cuando de las grandes empresas de Rusia se trata, y estas dudas se mantienen. Tras ocupar su cargo en marzo, el ministro de Recursos Naturales, Yuri Trútnev, prometió que las subastas abiertas serían el único medio de adjudicar la explotación de recursos, cuando hubiera más de un contendiente. Sin embargo, según el diario Védomosti, un proyecto de nueva ley del subsuelo preparado en su departamento da al Estado la posibilidad de adjudicar concesiones para explotar los recursos, sin fijar los criterios de selección.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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