Del palacete a la calle

El episodio de una numerosa familia de etnia gitana que cambió la furgoneta en que vivía por un piso de más de 300 metros cuadrados en un palacete de Neguri (un lujoso barrio de Getxo, en Vizcaya) terminó el pasado jueves por orden judicial. Un juez de la localidad, que instruye una denuncia por acoso inmobiliario, ordenó el desalojo de la familia de la conocida como Casa Tangora. La decisión sólo se refiere a los tres inquilinos a cuyo nombre estaba el alquiler del inmueble (al simbólico precio de un euro), a quienes ha seguido el resto del grupo. El auto prohíbe a los tres inquilinos volver a Getxo y acercarse a menos de 500 metros de los vecinos del inmueble y no permite al dueño del piso entablar comunicación con el resto de los vecinos, según publicó ayer El Correo.

La historia tiene todos los ingredientes de un guión cinematográfico o de un espacio de cámara oculta, una comedia si no fuese porque en ella se ha utilizado a estas personas para llevar a cabo lo que el propio juez califica como mobbing inmobiliario.

El conflicto de la Casa Tangora comenzó en 2003, cuando un empresario de Erandio (Vizcaya) compró el piso central del edificio de cinco plantas, dividido en tres viviendas. Su intención era adquirir posteriormente el piso de abajo, un dúplex, pero otro de los vecinos se le adelantó. En venganza, el empresario decidió el 30 de julio de 2003 ceder la vivienda a la citada familia que residía en una furgoneta en Erandio por un simbólico euro. En el piso se instalaron más de 30 personas.

Desde ese momento, los vecinos del dúplex comenzaron a quejarse de goteras, destrozos, inundaciones, amenazas y robos. Tras presentar más de un centenar de denuncias, su abogado acusó al propietario de la vivienda de ejercer mobbing inmobiliario.

El juez de Getxo, que imputó a los tres inquilinos y a su arrendador por ese tipo de acoso, argumenta para ordenar el desalojo que en el inmueble se cometen delitos "de forma persistente y flagrante", en referencia a los destrozos e inundaciones. Por ello, además del desalojo, ha prohibido al empresario volver a establecer comunicación con los demás vecinos. El auto alaba la paciencia que han tenido los denunciantes, recabando el auxilio de la Administración y aguardando a que el Ayuntamiento de Getxo tomase alguna medida.

La Ertzaintza procedió al desalojo de la vivienda el jueves por la tarde. La treintena de habitantes expulsados increparon a los curiosos que se congregaron en la zona y a sus vecinos. Los agentes tenían orden de acompañar a los tres inquilinos denunciados, Rafael B.E., Arturo B.E. y Dolores E.M., hasta la salida del pueblo, al que no pueden volver, para "asegurar que ningún intento de represalia tenga éxito". El matrimonio de la planta baja y la dueña del último piso han sido considerados "víctimas protegidas" y podrán avisar a la Ertzaintza cuando vean a cualquiera de los tres acusados.