Alguaciles que no multan

Mujeres y hombres uniformados velan en distintos municipios vascos por que la rutina de cada día transcurra en orden. Son los agentes cívicos, una figura que se ha generalizado gracias a la puesta en marcha de distintos programas de inserción laboral para desempleados. Aunque en su mayor parte trabajan coordinados por la Policía Municipal de cada consistorio, carecen de poder sancionador, por lo que su papel se limita a tareas estrictamente informativas. Provistos de un teléfono para avisar de cualquier imprevisto, salen a la calle para recoger sugerencias, tomar nota del mobiliario en mal estado y recordar la norma cuando alguien se la salta. Son labores que alcaldes y concejales consideran muy importantes para preservar el orden en sus pueblos. Mientras, la Asociación de Jefes de Policía Local del País Vasco advierte de que, en ocasiones, son contratados para evitar ampliar las plantillas policiales y terminan por asumir funciones que no les corresponden. En algunas localidades, el número de agentes cívicos casi triplica al de policías existentes.

Pasear en Güeñes, por ejemplo, el sello de la autoridad municipal, aunque sea sin ningún poder de castigo, no resulta tarea fácil para las ocho mujeres que desde febrero trabajan a media jornada como agentes cívicos gracias al programa Auzolan del Gobierno vasco.

La simple colocación de un aviso en los coches mal estacionados es ya motivo de discordia en este municipio vizcaíno de 5.800 habitantes, donde los tres únicos agentes de la Guardia Urbana dejaron de patrullar las calles hace más de un lustro para recluirse en las oficinas.

"Los conductores nos han llamado de todo por ponerles un papelito donde sólo informamos de que sus coches están mal aparcados. También los comerciantes nos rechazan, porque no les gusta que les sugiramos que tienen que reciclar el cartón. Algunos vecinos están agradecidos, pero a otros les parece que desempeñamos un trabajo que debería hacer la Policía Municipal", confiesan dos mujeres de 42 y 38 años contratadas durante seis meses.

Ambas lamentan que el parte informativo que remiten cada semana a la policía con una treintena de incidencias se convierta en papel mojado cuando el Ayuntamiento elude durante semanas retirar el coche abandonado en la vía pública o arreglar los bancos sueltos. Roberto Pereda, agente de la Policía Municipal, justifica este retraso: "Si se rompe una farola, por ejemplo, no se cambia de inmediato. Se espera a que se rompan más para renovarlas todas".

El concejal de Seguridad de Galdakao, el peneuvista Javier Bidaurruzaga, reconoce que la Policía Municipal, con 33 agentes, puede desempeñar las labores que han sido encomendadas a los 14 agentes cívicos contratados desde junio a través de un convenio con el Inem. Sin embargo, defiende que ese cuerpo "tiene otras funciones más relacionadas con la seguridad ciudadana o la vigilancia del tráfico". Añade que la presencia constante de vigilantes uniformados da más confianza al ciudadano. Las coordinadoras del servicio, Mónica Pernas y Cristina Ruiz, confirman que han sido acogidos con agrado por los vecinos.

Los programas de distintas instituciones para parados están sirviendo para implantar la fugura en diversas poblaciones.

Etxebarri echa de menos, según su alcalde, el independiente Pedro Lobato, la actuación de las ocho mujeres que de enero a julio de 2003 patrullaron las calles gracias a un programa de inserción del Gobierno vasco. "En principio, los vecinos estaban un poco reticentes a su presencia, pero más tarde lo agradecieron. Trataban de hacer normal la norma, informando a los residentes de que no podían colgar la ropa chorreando, sacudir las alfombras por la ventana o dejar de recoger las heces de sus perros. Gracias a su labor, la policía abrió algunos expedientes" , explica Lobato, quien lamenta que no les haya sido renovada la subvención para este programa.

En Santurtzi, 80 parados han trabajado desde 2000 como agentes cívicos en diferentes cometidos de educación cívica, ambiental y de vigilancia de ordenanzas subvencionados por la Diputación, el Gobierno vasco y el Inem. La socialista Maite Arana, edil de Empleo, explica que estos planes, además de hacer respetar las normas, favorecen la inserción de desempleados. "Aunque en la mayor parte de los ayuntamientos son puestos eventuales, a muchos les llaman más tarde de empresas privadas para trabajar como vigilantes", asegura.

Desde 1999, las calles de Barakaldo son custodiadas por los girotaldes, contratados por el consistorio durante un año. Gracias a un curso de seguridad impartido a este colectivo, el pasado año casi el 100% de los 30 desempleados que tomaron parte en este plan consiguieron un empleo como conserjes o guardas jurados cuando finalizaron su trabajo en el Ayuntamiento.

El trabajo de estos eventuales no siempre se ciñe a las labores para las que se les contrató. La Asociación de Jefes de Policía Local del País Vasco, que integra a 40 representantes de los principales cuerpos municipales de Euskadi, advierte de que en ocasiones se les encomiendan labores que corresponden de forma exclusiva a la guardia urbana, como la regulación del tráfico. "Se están dando casos de alcaldes que suplen la falta de efectivos con agentes cívicos o vigilantes de tráfico que, de alguna manera, ayudan a los policías. Pero es una forma engañosa de cubrir vacantes, porque los agentes cívicos no son policías, no pueden ejercer autoridad, al no ser funcionarios", afirma César Pérez, presidente de este colectivo. La falta en el País Vasco de una ley que coordine las policías locales impide eatablecer el número de agentes que corresponde a cada municipio, lo que queda a la voluntad de cada alcalde, agrega. "Los agentes cívicos deberían estar adscritos a una determinada área para que sus funciones quedaran perfectamente concretadas. En teoría, se deben limitar a aconsejar o amonestar a los ciudadanos, informar a la gente de lo que hace bien o hace mal", resume.