Bagdad restablece la pena de muerte para asesinos, secuestradores y narcotraficantes

La pena de muerte volverá a estar vigente en Irak. Un día después de que el Gobierno anunciara una amnistía para los rebeldes que no hayan estado implicados en la muerte de soldados de Estados Unidos, el Gobierno interino iraquí anunció ayer que reinstaurará la pena capital -suspendida por la Autoridad Provisional de la Coalición tras el derrocamiento del ex dictador Sadam Husein- para los delitos de asesinato, secuestro y tráfico de drogas. El ministro de Estado iraquí, Adnan al Janabi, enfatizó que es una ley para afrontar la inseguridad reinante en el país.

Al Jabani aseguró que "no es una ley para Sadam Husein", lo que no impide que el ex dictador pueda ser ejecutado, tal y como desea gran parte de los iraquíes y de la clase política.

El ministro de Estado, Adnan al Janabi, aseguró, en una conferencia de prensa en Bagdad, que la decisión "tiene que ver con la situación de inseguridad que vive Irak" y agregó que esta nueva ley "no es una puerta abierta para ejecutar a cualquiera o a la gente a la que no le gusta el Gobierno. No es una ley para Sadam Husein". Pero esto no significa que el gobernante que dirigió Irak con puño de hierro durante casi un cuarto de siglo esté excluido de semejante condena.

Tanto Janabi como, paradójicamente, el ministro de Derechos Humanos, Baktiar Amin, dijeron lamentar tener que aplicar de nuevo la pena de muerte, pero hicieron especial hincapié en que la medida es "necesaria para luchar contra los militantes que desestabilizan el país con coches bomba, secuestros, sabotajes y otros tipos de violencia".

"La dura misión que afrontamos en este país es mantener la seguridad y la estabilidad, combatir el terror y el crimen organizado. Les aseguro que nadie en el Gobierno está cómodo con la reinstauración de la pena capital", afirmó Amin. Ambos ministros garantizaron que cuando la violencia generalizada desaparezca del país, la ley será revocada.

Poco después de la caída del régimen de Sadam Husein, el 9 de abril de 2003, el entonces administrador civil estadounidense de Irak, Jay Garner, decidió suspender la aplicación de la máxima condena.

Nadie en contra

Pero entre los miembros del Consejo de Gobierno, sustituido desde el 28 de junio por el Ejecutivo interino de Ayad Alaui, ninguno se mostró abiertamente en contra de este castigo cuando en diciembre del año pasado se promulgó la norma que organiza el tribunal y fija las condenas, entre ellas la máxima pena, que podrán aplicarse en el juicio a Sadam Husein. Al contrario, todos los que se manifestaban lo hacían fervorosamente a favor de la aplicación de la pena capital al sátrapa depuesto.

La decisión de aplicar la pena de muerte en Irak provocará las protestas de las organizaciones de derechos humanos y de la Unión Europea, que la rechazan sin ambages en cualquier supuesto. No es el caso de Estados Unidos, cuyo presidente, George W. Bush, dijo hace meses que Sadam Husein, acusado ya formalmente junto a otra decena de sus más próximos colaboradores de crímenes contra la humanidad y genocidio, merece ser ejecutado.