El Gobierno cambiará la ley para poder promover el voto en el referéndum europeo

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a proponer a los partidos parlamentarios cambiar la Ley General Electoral, que impide al Ejecutivo hacer campaña institucional en los referendos. Zapatero quiere que los ciudadanos voten masivamente en la consulta sobre la Constitución europea prevista para marzo. El Ejecutivo someterá a la discusión de los grupos el cambio de la Ley Electoral para poder "incentivar el voto", el de la ley que regula los referendos y, por último, el de la de financiación de partidos a fin de que las fuerzas políticas tengan soporte económico para hacer campaña en el sentido que quieran.

PSOE, PP y Coalición Canaria garantizan el voto a favor, IU duda entre el no y la abstención, y los partidos minoritarios aún no han decidido

El Gobierno planteará de inmediato al resto de fuerzas políticas una modificación urgente de varias leyes para que sea posible hacer campañas institucionales en cualquier referéndum que pueda plantearse. Ahora en el que piensa es en el de la Constitución europea que se celebrará, casi con toda seguridad, en la primera semana de marzo, según informan fuentes gubernamentales. El Ejecutivo explicará que sólo pretende "incentivar el voto" y en absoluto orientarlo. Los ciudadanos votarán lo que estimen oportuno, pero el Gobierno quiere que tengan información y, eso sí, que acudan a las urnas.

El Gobierno tiene ya en estudio las leyes que hay que cambiar. En primer lugar, el artículo 50.1 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), dado que en virtud del mismo sólo se permite a los poderes públicos hacer campañas institucionales para informar "sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores".

El Gobierno entiende que con estos términos no puede llamar a la participación y está decidido a cambiar la ley para "estimular la afluencia a las urnas". Se respetará, eso sí, la parte de la ley que prohíbe "orientar" el sentido del voto. Junto a la llamada a las urnas se hará una campaña explicativa de la futura norma europea. Las fuentes consultadas recuerdan que hasta 1994 era posible animar el voto, pero en esa fecha se eliminó.

Financiación

Los cambios legales continuarán con la regulación del papel institucional en este tipo de consultas dentro de la Ley de Regulación de las Modalidades de los Referendos de 1980. Por último, el Ejecutivo propondrá a los partidos políticos un cambio en la Ley de Financiación de Partidos que haga posible poder recibir aportación económica estatal para sus respectivas campañas.

Los partidos reciben financiación para hacer campañas electorales, pero no para los referendos. Las cantidades que cada uno pueda recibir irán en función de su representación parlamentaria. Los cambios en estas normas se harán previsiblemente a través de una proposición de ley que suscriban todos los grupos parlamentarios, si es que hay acuerdo.

En principio, el grupo mayoritario considera que no debe haber problema para que todos estampen su firma, pues con estos cambios legislativos "no se violenta ninguna opinión", ya que la campaña institucional sólo llamará a la participación y, desde luego, explicará el contenido de la Constitución europea. Después cada partido tendrá recursos económicos para explicar a los ciudadanos su visión de la Constitución y pedirá el voto a favor, en contra o la abstención.

El referéndum sobre la entrada de España en la OTAN obligó al PSOE a endeudarse. Tuvo que afrontar en solitario el coste de la campaña al no figurar en la legislación española ayuda para hacer frente a las campañas sobre referendos. Aunque el caso Filesa es un tema tabú en el PSOE, lo cierto es que siempre se consideró que esa trama de financiación irregular tuvo mucho que ver con la necesidad de hacer frente a la inmensa deuda que el PSOE contrajo en su campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN.

Pero ahora, con mucho o poco dinero, el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista no ocultan que harán todo lo posible para convencer a los ciudadanos de que voten a favor, procurarán mantener debates con los partidarios del no y de la abstención y harán una campaña larga e intensa.

Desde la Secretaría de Política Internacional, que dirige Trinidad Jiménez, junto al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, como uno de los parlamentarios españoles que trabajó en la elaboración de esa Constitución, se creará el grupo de trabajo que pedirá el sí a los ciudadano. Éste se insertará en la campaña de movilización que dirigirá el secretario de organización del PSOE, José Blanco.

De nuevo los socialistas entrarán en campaña al estimar que la aprobación de esta Constitución es trascendente para los españoles. Así lo piensa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se implicará con intensidad en la campaña con la esperanza de convencer a los grupos que propugnan el no y la abstención de que cambien de opinión. Zapatero pidió el pasado jueves a los partidos que "dudan" que "reflexionen" y no se precipiten en su juicio. Lo cierto es que ya en 2002 anunció que su partido defendería el referéndum para la Constitución europea.

No o abstención

De entrada sólo el PSOE, PP y Coalición Canaria garantizan el voto a favor. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, tuvo ocasión de expresar personalmente a Zapatero el pasado lunes, en una reunión en La Moncloa, su disconformidad con el contenido de la Constitución. La duda de su fuerza política está entre el no o la abstención. El escaso contenido social de esa Constitución es lo que mueve a IU a no querer abrazar su causa.

ERC la rechaza por la ausencia de reconocimiento del catalán como lengua oficial y el PNV, según Josu Erkoreka, no ve en ella el texto que hubiera querido su grupo, aunque la última palabra todavía no está dada. CiU abrirá un debate en su organización para escuchar la opinión de los militantes que, en principio, se decantan por el no. BNG, EA, CHA y NB tampoco se sienten cómodos dentro de ese traje previsto para los países miembros de la Unión Europea.