Solbes y los jubilados

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, dice que "el elemento diferencial" que debería marcar las aportaciones económicas de los ciudadanos a la sanidad es el nivel de ingresos y no su estado laboral, como sucede ahora. No creo que ignore el señor Solbes que el producto final de una pensión contributiva es el resultado de las cotizaciones llevado a cabo por cada cual al sistema de la Seguridad Social. Es decir, que al que más le queda es porque ha contribuido más. No se puede hacer ahora borrón y cuenta nueva.

El sistema ha sido configurado a base de cálculos actuariales y, consecuentemente, se establecen unas cotizaciones, teniendo en cuenta que, a partir de la jubilación, los medicamentos van a ser gratis para todos. Si ahora el señor Solbes quiere tocar una de estas variables del sistema y cobrar los medicamentos a quienes tienen pensiones más altas, debe tocar también la otra variable, es decir, reducir las cotizaciones por este concepto. Hay que ser consecuentes con el sistema.

Y dispuestos a retocar y ser consecuentes, habría que pedirle al ministro que, a la hora de calcular la cuantía de la pensión, se tenga en cuenta el índice de inflación para que el resultante de la misma tenga un valor constante. No vale una media aritmética pura y dura sobre toda la vida laboral, como ahora se predica, si por medio ha habido una inflación progresiva del 200 por 100; y menos en un sistema como el español, que se apartó de la capitalización.

Si nuestras cotizaciones se producen a lo largo de 35 o 40 años en un sistema de reparto, el índice corrector de la peseta constante (hoy euro constante) es primordial. Si la Ley de la Seguridad Social no previó esto fue porque la pensión se calculaba sólo sobre los dos últimos años.

Los sindicatos deberían tomar nota de una vez y empezar a reivindicar la aplicación del valor constante del dinero que cada cual ha ido aportando para el sostenimiento del sistema de reparto generacional. No se trata de cobrar intereses, sino de que el sistema de cálculo se cumpla según el espíritu de la ley, tanto para cuando haya inflación como deflación.