Gil firmó en dos años 46 convenios urbanísticos de los que no dio cuentas

El ex alcalde de Marbella ya fallecido Jesús Gil y Gil gestionó de una forma muy personal los convenios urbanísticos. Sólo entre los años 2000 y 2001 firmó 46 acuerdos con promotoras de los que no sometió a aprobación de ningún órgano municipal, según constata el informe del Tribunal de Cuentas sobre dicho periodo, que denuncia la falta de sistemas de control y la inadecuada custodia de los convenios.

Según consta en el documentode anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondientes a los años 2000 y 2001, el Ayuntamiento de Marbella suscribió en ese periodo 75 convenios urbanísticos, de los que 46 fueron negociados directamente por el alcalde, "sin conocimiento de otros órganos".

El tribunal ha descubierto también otros 21 acuerdos anteriores al año 2000, de los que sólo cuatro fueron ratificados por la Comisión de Gobierno. Según los auditores, todo ello "evidencia la ausencia de un sistema de control de los pactos y negociaciones que suscribía el alcalde y la inadecuada custodia de los convenios".

La mayoría de los convenios urbanísticos no pasaron por el pleno, y las licencias se dieron con los nuevos parámetros de una revisión del PGOU que no estaba aprobada. Según los auditores el Ayuntamiento vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada y negoció y transmitió los excesos de aprovechamientos. En el caso de no hacerse efectiva la edificabilidad convenida, pactó además la entrega de otros bienes con igual aprovechamiento o valoración. Estas actuaciones han provocado ya las primeras reclamaciones.

Una de las más llamativas es la presentada por la empresa Lardea S.L., que exige al Ayuntamiento que le indemnice con 11,2 millones de euros por "lucro cesante" al haber sido anulada la licencia de obras que le concedió el consistorio para construir 240 viviendas en la avenida Benavente, en el Pecho de las Cuevas. El equipo de gobierno enajenó unas parcelas, calificadas como zona verde, sobre las que había una confusión de si eran de dominio público o propiedad municipal. A pesar de ello hizo entrega mediante escritura pública de los terrenos, que fueron objeto de transmisiones posteriores antes de ser adquiridos por Lardea.

Según el Tribunal de Cuentas hubo otras muchas irregularidades. Se entregaron bienes inmuebles para cancelar deudas, se suscribieron convenios sin tramitar expediente alguno, se enajenó otros para financiar gastos corrientes, se permutaron inmuebles por obras, se transfirieron propiedades por procedimiento negociado sin que resultara aplicable, y se celebraron subastas hasta con cinco años de antelación al momento de la adjudicación.

Pero sobre todo se enajenaron bienes "a precios sensiblemente inferiores" a los del mercado, con los consiguientes perjuicios a las arcas municipales.

El Ayuntamiento prescindió de funcionarios municipales y contrató tasadores externos para realizar las valoraciones. Los auditores señalan que muchos de los informes de valoración realizados a partir de marzo de 2000 están incompletos; otros no tienen firma; en más de 25 expedientes el informe tiene fecha posterior a la del convenio; y en algunos casos se suscribieron con fecha falseada.

Además parcelas en el mismo sector y con parecidas características presentan diferencias significativas de precios; la determinación del precio de los aprovechamientos enajenados se realizó en el momento de firmar el convenio; en ocasiones se utilizaron informes emitidos años antes; o bien las adjudicaciones se realizaron conforme a los precios de subastas que quedaron desiertas años atrás.

Inventario

Otro aspecto significativo es que en los últimos 12 años no ha existido un control ni inventario de bienes de titularidad municipal, cuya custodia debió de corresponder al secretario municipal. Esto ha provocado que algunas parcelas fuesen sacadas a subasta en dos ocasiones, mientras otras eran anuladas por referirse a inmuebles que ya habían sido incluidos en un convenio anterior o por equivocación en la identificación de las parcelas.

Por ejemplo, una permuta tuvo por objeto recuperar una zona verde pública que "por error" se había transmitido. También se suscribieron acuerdos sobre bienes que ni siquiera eran de propiedad municipal.