Cataluña obliga a las empresas que se vayan a devolver las ayudas

No habrá más casos como el de Samsung en Cataluña. Las empresas autóctonas o extranjeras que reciban ayudas del Gobierno catalán, concretamente para potenciar la innovación y la investigación y desarrollo (I+D), deberán devolverlas a la Generalitat a partir de ahora en el caso de que, en un plazo de siete años, cesen su actividad en Cataluña. También deberán retornar el dinero si éste no se destina estrictamente a los objetivos que motivaron la subvención.

Con esta decisión, anunciada ayer por el consejero catalán de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, el Gobierno catalán sigue la estela de la Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas ha dado luz verde a una norma por la que los fondos y ayudas comunitarias que reciban las empresas serán de ida y vuelta si, también en siete años, se instalan en otro país, sea miembro o no de la Unión Europea. La decisión de Bruselas ha caído como agua de mayo en la Generalitat del tripartito (PSC, ERC e IC-V). Ésta recibió duras críticas -sobre todo por parte del anterior Gobierno del PP, y también de CiU- cuando, en su aterrizaje en el poder, tuvo que lidiar con un goteo de deslocalizaciones.

Las críticas iban dirigidas sobre todo al hecho de que destacados miembros del Ejecutivo autónomo criticaron entonces la "impunidad" de las empresas que protagonizan deslocalizaciones y reclamaron responsabilidades sociales (con indemnizaciones elevadas) o la devolución de las ayudas públicas recibidas. Sobre todo cuando las empresas no estaban en pérdidas y sólo cerraban aquí para aumentar sus beneficios en países con menores costes.

La devolución de las ayudas por la que se ha optado deberá producirse si la empresa cesa su actividad "de forma voluntaria", circunstancia que valorará la propia Generalitat. Esta exigencia, que actualmente no existe, se plasmará en una cláusula que se introducirá en cuatro nuevas normativas que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar en breve. Estas normativas no tendrán carácter retroactivo, de modo que las ayudas que se hayan concedido ya no se verán afectadas por la nueva decisión.

24,2 millones de ayudas

Estas normas contemplan para lo que resta del año 24,2 millones de euros de ayudas, que persiguen contribuir al tan cacareado cambio de modelo de competitividad: de los bajos costes a una estructura más productiva basada en las actividades de mayor valor añadido, en la mejora tecnológica y de la mano de obra y en la innovación. Además, habrá otros seis millones de euros para fomentar centros tecnológicos de los que se aprovechen más de una empresa.

La primera orden que se aprobará, previsiblemente este agosto, incluye 5,7 millones de euros para incentivar la I+D+i en cuatro sectores identificados de alto interés: el aeroespacial, el farmacéutico, el agroalimentario de segunda generación y el de producción de maquinaria avanzada tecnológicamente.

La segunda orden destina 12 millones para proyectos innovadores en sectores considerados maduros pero no obsoletos con fuerte implantación en Cataluña, como la automoción, el textil y la electrónica de consumo. "No habrá ayudas para las empresas con problemas, como se ha hecho hasta ahora", subrayó Rañé.

La tercera orden, con tres millones, impulsará proyectos de I+D en el que participen empresas, organismos públicos y privados de investigación sin ánimo de lucro y centros tecnológicos. La cuarta y última orden prevé 3,5 millones para proyectos de investigación industrial, para pymes que innoven en la gestión o en la tecnología. Según el consejero, las empresas medianas y pequeñas recibirán más ayudas que las grandes multinacionales.