Cien días de vértigo para el cambio tranquilo

En su primer día de gobierno, domingo 18 de abril de 2004, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) ordenó el regreso inmediato de los 1.300 militares destacados en Irak, lo que supuso alterar sustancialmente el rumbo de la política internacional española impuesto por el anterior Ejecutivo. El giro socialista ha continuado sin pausa en los 99 días siguientes hasta desmantelar una parte importante del edificio legislativo que el PP había levantado en su segundo mandato con el rechazo de toda la oposición.

El primer Gobierno paritario en la historia de España (ocho ministras y ocho ministros) aprobó en este tiempo el proyecto de Ley de Violencia de Género; aumentó el presupuesto para becas en 66 millones de euros; paralizó la entrada en vigor de cuatro aspectos sustanciales de la Ley Orgánica de Calidad Educativa; derogó el trasvase del Ebro y autorizó un plan alternativo de desaladoras; firmó un pacto con la patronal y los sindicatos para la competitividad, el empleo estable y la cohesión social; incrementó un 6,6% el salario mínimo interprofesional (hasta alcanzar los 490 euros al mes); sometió a votación en el Parlamento el envío de tropas a Haití y Afganistán; elaboró un plan de choque de la Vivienda y un plan de infraestructuras para el noroeste; destituyó a la cúpula militar y nombró una nueva; creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista e impulsó una comisión del IV Centenario del Quijote y otra para la restitución de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil.

El presidente del Ejecutivo se ha reunido en estos 100 días con la mayoría de los 17 presidentes autonómicos, con sindicalistas y empresarios y con 40 jefes de Estado y de Gobierno. Ha viajado 15 veces al exterior y cambiado las prioridades de España en política internacional; se ha comprometido a introducir los cambios legislativos necesarios para hacer posible los matrimonios entre homosexuales y ha irritado al Papa y a la Iglesia española.

La tensión que el anterior Ejecutivo del PP dejó instalada en la España autonómica se ha reducido a la mínima gracias a algunos gestos del nuevo Gobierno. Zapatero decidió retirar decenas de recursos de inconstitucionalidad que el anterior Ejecutivo había presentado contra leyes autonómicas, liquidó la deuda histórica con la Junta de Andalucía, resolvió el conflicto con Euskadi a cuenta del Cupo y prometió abrir un proceso de descentralización cuyo primer símbolo fue la decisión de trasladar la sede central de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona. Incluso llegó a invitar a los presidentes autonómicos a acompañarle a viajes al exterior y se comprometió a estudiar la posibilidad de que representantes autonómicos formen parte de la delegación española en los consejos de ministros de la UE.

Por primera vez en muchos años, un presidente del Gobierno compareció en sesión extraordinaria en el Senado, y lo hizo para defender una reforma limitada de la Constitución tras 25 años de vigencia.

Los socialistas quieren culminar este mandato de cuatro años aprobando en las Cortes con el máximo consenso posible esta principal apuesta política del presidente Zapatero, que permitirá convertir el Senado en Cámara territorial, eliminar la discriminación a la mujer en el proceso de sucesión de la Corona e introducir el nombre de las 17 autonomías en la Carta Magna, así como una referencia a la Constitución Europea.

Han sido 100 días de vértigo para el cambio tranquilo que el Gobierno quiere acometer basándose "en el valor de la igualdad y de la transparencia". De la reforma de los medios de comunicación pública a la que Zapatero tantas declaraciones ha dedicado apenas están puestos los cimientos. Un comité de sabios tiene el encargo. Hasta dentro de un año no estará el nuevo edificio.

En sus tres primeros meses de gestión, el Ejecutivo ha explicado con detalle en el Parlamento la investigación abierta por el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles y ha remitido a la Cámara la mayoría de la documentación del Centro Nacional de Inteligencia reclamada por la comisión de investigación del 11-M. Ha debatido la derogación del trasvase y la suspensión de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Pese a los titubeos de las primeras horas, el Gobierno aceptó todos los envites del PP y Zapatero debatió en el Congreso con Mariano Rajoy sobre las medidas principales aprobadas en este tiempo. Nunca hubo tantos debates cara a cara en tan poco tiempo entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición.

LA PRIMERA MEDIDA "Le ordeno que retire las tropas"

El domingo 18 de abril de 2004 fue el primer día laborable del nuevo Ejecutivo. Por la mañana, José Luis Rodríguez Zapatero invitó al ministro de Defensa, José Bono, a que subiera en su coche oficial tras jurar el cargo ante el Rey en el palacio de la Zarzuela. "Quiero darte en mi despacho la primera orden", le dijo. En ese escenario, el jefe del Ejecutivo comenzó a gobernar España:

-Pepe, el presidente del Gobierno le da la orden al ministro de Defensa de que retire las tropas españolas de Irak.

-A tus órdenes, presidente. Se cumplirá.

A las cinco de la tarde, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega supo qué significaba la promesa hecha dos días antes por José Luis Rodríguez Zapatero en su debate de investidura: "Gobernaré firme en los principios desde el diálogo y para la esperanza".

La vicepresidenta tenía la misión de dialogar con los 17 presidentes autonómicos para comunicarles la primera medida del primer día del Gobierno socialista antes de que Zapatero la hiciera pública en una conferencia de prensa convocada para las siete de la tarde.

Al primero que localizó Fernández de la Vega fue a Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia. En una exposición breve, la vicepresidenta le adelantó la noticia.

-¿Y eso lo van a dar por Radio Nacional? -preguntó Fraga.

-Creo que sí -contestó la vicepresidenta, y siguió con sus conversaciones de cinco minutos para cumplir el compromiso del diálogo.

La primera medida del Gobierno socialista estableció las bases para recuperar las líneas estratégicas sobre política exterior vigentes antes del mandato de José María Aznar y el compromiso firme con Naciones Unidas en relación con la paz en el mundo.

Zapatero quiso escenificar ese compromiso con la retirada de Irak, donde se había consumado una acción multilateral sin el apoyo de Naciones Unidas, y con el refuerzo del contingente español desplazado a Afganistán en una operación militar que sí cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. El presidente se comprometió a impulsar un cambio legislativo que obligue al Gobierno a consultar con el Parlamento el envío de tropas al exterior. Sus decisiones en esta materia tuvieron el voto de todos los grupos, menos el PP.

Sin necesidad de firmar pactos con otras fuerzas para garantizar la estabilidad de su Gobierno y pese a que los 11 millones de votos -récord en democracia- no le dieron la mayoría absoluta (se quedó a 11 escaños), Zapatero ha pasado tres meses de control parlamentario sin sobresaltos. En el Senado, el PSOE ha perdido varias votaciones de consecuencias irrelevantes.

En este tiempo, Zapatero y su Ejecutivo presumen de haber facilitado el desbloqueo de las negociaciones que permitió la aprobación de la Constitución Europea, de haber tendido puentes para situarse en el centro de la UE con la incorporación al eje franco-alemán y de haber mejorado las relaciones con Marruecos.

EL VALOR DE LA IGUALDAD La violencia de género

El Gobierno se estrenó preso de un compromiso: la ley integral contra la violencia machista sería la primera en llegar al Parlamento. Esta promesa electoral de Zapatero se ha cumplido a marchas forzadas. El Congreso ya estudia el texto, que ha levantado una fuerte polémica. En ella ha terciado hasta la Real Academia Española (opuesta al término violencia de género, que finalmente se ha incluido en el título del proyecto de ley). Pero la principal crítica no ha sido por el léxico, sino por la discriminación positiva (trato desigual para alcanzar la igualdad) en favor de las mujeres. Hay quien se opone a esta filosofía de la ley y pone su constitucionalidad en entredicho. A tenor del proyecto, la ley orgánica de protección integral contra la violencia de género sólo beneficiará a las mujeres víctimas de las agresiones de su pareja o ex pareja masculina y, eventualmente, a sus hijos (ellas presentan nueve de cada 10 denuncias por violencia doméstica). Excluye de los beneficios a los hombres y a otros familiares que puedan sufrir maltrato en el hogar, protegidos por otras normas. En este punto, irrenunciable para el Gobierno, el texto sufrió una rebaja en su paso de anteproyecto a proyecto. El primero amparaba a la mujer agredida por cualquier hombre que quisiera ejercer dominio sobre ella, aunque fuera un desconocido. Así se protegía, por ejemplo, a todas las mujeres violadas.

El segundo aspecto de discordia del proyecto de ley es el agravamiento penal para los varones. Se les castiga más que a las mujeres en los casos de lesiones y de amenazas o coacciones leves a su pareja o ex pareja. El Partido Popular y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, de mayoría conservadora) se han opuesto a ambas cuestiones. El Consejo de Estado ha criticado el distinto tratamiento penal por sexo.

El proyecto de ley, que cuenta con memoria económica (costará entre 50 y 80 millones de euros anuales), consagra el derecho de las maltratadas a una "asistencia social integral". Establece medidas educativas, sociales y laborales de apoyo a las víctimas. También obliga a los encarcelados por maltrato a recibir tratamiento rehabilitador. Las asociaciones de mujeres apoyan el texto.

El proyecto contra la violencia machista (cuyo peso recayó en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ha sido la principal iniciativa legislativa de estos 100 días en los que el Gobierno adquirió otro compromiso de gran impacto social: la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los homosexuales se ufanan de que España se situará así a la vanguardia de Europa junto a Bélgica y Holanda. El Ejecutivo asegura que se aprobará a comienzos de 2005. En el terreno de los avances sociales, Zapatero saca pecho.

EL FUTURO AUTONÓMICO Las reformas estatutarias

El presidente está mimando la parte más delicada de sus tareas de Gobierno: el futuro de las autonomías. Hay dos comunidades que han iniciado en los Parlamentos regionales la reforma de sus estatutos: Euskadi y Cataluña. El Ejecutivo de Zapatero, fiel a su promesa de firmeza, ha repetido en estos 100 días que esas modificaciones no pueden en ningún caso alterar la Constitución. En el caso del plan soberanista que defiende el lehendakari Juan José Ibarretxe y que pretende aprobar antes de fin de año en el Parlamento vasco, el Gobierno socialista ha expresado su rechazo y ha solicitado al Ejecutivo de Euskadi que retire el proyecto. Mañana, Zapatero se lo dirá a Ibarretxe de presidente a presidente en la reunión que ambos mantendrán en el palacio de la Moncloa.

En el caso de la reforma del Estatuto de Cataluña, cuyo proyecto de ley aún no se ha redactado, las sugerencias de los miembros del Gobierno tripartito respecto a la necesidad de retocar la Constitución para introducir los cambios que quieren para su comunidad se han encontrado con los pronunciamientos en contra de distintos miembros del Gobierno. Zapatero, de momento, guarda silencio. El control de los tiempos es, según cuentan los que presumen de conocerle, una de sus mejores especialidades.

LA INVESTIGACIÓN Las células madre

Las primeras decisiones a las que se ha enfrentado la ministra de Sanidad, Elena Salgado, han tenido más relación con la faceta investigadora de su departamento que con la asistencial, y más en concreto con la investigación con células madre.

Salgado heredó del anterior Gobierno una situación confusa. La ex ministra Ana Pastor había promovido -pese a la férrea oposición encontrada en su propio partido- una reforma legal que permitía obtener células madre de los embriones humanos congelados en las clínicas de reproducción asistida, pero con unas restricciones excesivas y arbitrarias, más debidas a las presiones religiosas que a un riguroso análisis ético y científico. Salgado ya ha hecho arrancar una nueva reforma legal para resolver esas deficiencias, atendiendo a las demandas de los científicos y de las clínicas de fertilidad. Los resultados se verán antes de fin de año.

Además, la tensión entre los dos grandes partidos había polarizado el panorama científico de una forma un tanto artificiosa. La Junta de Andalucía, y por extensión la Ejecutiva socialista, habían apostado por Bernat Soria, un científico expedientado por el PP, para liderar las investigaciones desde Sevilla, mientras que Pastor había fichado a Juan Carlos Izpisúa Belmonte, un investigador estrella que trabaja en California, para coordinar las investigaciones desde Barcelona.

Salgado ha decidido que la tensión entre Sevilla y Barcelona era un falso problema, y ha optado por apoyar ambos centros firmando dos convenios y aportando nueve millones de euros a cada uno. Junto con un probable convenio adicional con la Comunidad Valenciana, el mapa de las células madre quedará dibujado como una red con tres nodos autonómicos.

En el capítulo científico, el PSOE se comprometió durante la campaña electoral a incrementar un 25% el gasto en Investigación y Desarrollo si alcanzaba el poder. Una de las primeras medidas del Gobierno fue reagrupar la gestión y coordinación de las actividades de I+D en el Ministerio de Educación y Ciencia. José Montilla, el titular de Industria, no estaba dispuesto a perder los recursos y competencias en ese área.

La pugna se resolvió con dos decretos que asignan la competencia sobre innovación industrial al departamento de Montilla y deja la investigación y el desarrollo en manos de Educación.

ECONOMÍA Un presupuesto con déficit

El equipo económico del nuevo Gobierno socialista ha examinado la realidad que le tocaba gestionar para tratar de encajar en ella la mayor cantidad de promesas posible. Un ejercicio delicado y que en diferentes momentos y con distinta intensidad ha provocado roces lógicos entre el ministro encargado de elaborar el presupuesto y vigilar el gasto -el de Economía y Hacienda, Pedro Solbes- y los departamentos encargados de concretar las promesas electorales.

Del análisis de la realidad económica heredada, el nuevo Gobierno ha concluido que las cuentas del Estado, sin ser malas, no eran tan deslumbrantes como pregonaba el Gobierno popular. Donde se presumía de estricto equilibrio entre ingresos y gastos e incluso de superávit, el nuevo Gobierno ha previsto un déficit a final de este año que puede llegar al 1,2% del producto interior bruto (PIB) por compromisos de gasto y partidas con riesgo de déficit.

Con las cuentas menos boyantes de lo que se suponía, Solbes ha frenado los impulsos de sus colegas de Gabinete en asuntos como vivienda, salario mínimo interprofesional, nueva financiación autonómica o inmediata reforma de la fiscalidad.

Aun así, el nuevo Gobierno socialista ha adoptado decisiones importantes en temas que, como vivienda, salario mínimo, pensiones, diálogo social o medio ambiente (Protocolo de Kioto) consideraba fundamentales para teñir de verdad su programa electoral. Otras medidas, como la reforma tributaria o la modificación en la tributación de las plusvalías (ahora en el 15%) quedan para más adelante.

Entre las decisiones más importantes adoptadas se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 6,6%, hasta situarlo en 490,8 euros. La medida, destinada a hacer visible el cambio, se complementó con la firma a tres bandas (Gobierno, sindicatos y patronal), en el palacio de la Moncloa, de un documento por "la competitividad, el empleo estable y la cohesión social" que, según Trabajo, será el punto de partida del diálogo social necesario para reformar el mercado de trabajo. El compromiso por el diálogo del Gobierno llega hasta condicionar las modificaciones legislativas en materia laboral al acuerdo de los agentes sociales.

En materia de vivienda, con el precio de los pisos por las nubes, las promesas se han concretado en un Plan de Choque que prevé incentivos al alquiler (6.000 euros a los arrendadores que alquilen por cinco años y 240 euros mensuales a los jóvenes arrendatarios), así como actuaciones para poner en el mercado 180.000 viviendas protegidas.

En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las discrepancias con Solbes se han centrado en los horarios comerciales. El titular del departamento, José Montilla, ha logrado finalmente que se acepte su criterio: las comunidades podrán legislar las aperturas en festivo que consideren convenientes, con un mínimo de ocho festivos al año. Montilla, como su colega de Gabinete en Medio Ambiente, Cristina Narbona, han tenido que estudiar y decidir a toda prisa cómo adaptar el tejido productivo del país (sacudido por problemas como el de los astilleros públicos Izar) al Protocolo de Kioto. Para cumplir éste, España debe limitar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a un 15% de la cifra de 1990 en el periodo 2008-2012.

En el resto de departamentos, como Fomento o Agricultura, los 100 días han dado para gestionar problemas heredados (reforma del algodón, aceite y tabaco) y examinar la delicada situación de organismos (GIF, Renfe, AENA...) que tenían consumido el 98,5% del presupuesto de este año, según la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

No ha sido el único reproche a la herencia recibida. Ha habido más y algunos acabarán siendo investigados por el propio Congreso de los Diputados. Es la norma de transparencia que Zapatero impone. Su ideario, breve, lo expuso en el discurso de investidura: "Un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes". Pedro Solbes prepara estos días los próximos presupuestos.

Reportaje elaborado con informaciones de Charo Nogueira, Javier Sampedro, Alicia Rivera y Santiago Carcar.