El trasvase renace en los tribunales

La paz autonómica que el Gobierno socialista ha intentado cultivar estos cien días sólo se ve amenazada, de momento, a cuenta del agua. Otra vez el agua. La guerra entre comunidades que provocó el Gobierno del PP cuando incluyó en el Plan Hidrológico Nacional el trasvase del Ebro (Cataluña y Aragón contra Valencia y Murcia) continúa ahora con la derogación de la obra.

El consejo de ministros borró el proyecto del Plan Hidrológico con un real decreto que el Congreso de los Diputados convalidó con 185 votos a favor y 141 en contra (los del PP).

Los diputados del Partido Popular exhibieron en el debate 48 pancartas con la inscripción Agua para todos con el consentimiento del presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín.

El Gobierno socialista pretende garantizar esa agua sustituyendo el trasvase del Ebro por la construcción de 21 nuevas desaladoras que aumentarán un 1% el consumo de energía eléctrica en España.

El Ejecutivo cumplió con su promesa electoral, pero se ha encontrado con la rebelión de las dos comunidades gobernadas por el PP que se iban a beneficiar de la llegada del agua: Murcia y Valencia.

Ambos gobiernos decidieron recurrir la medida del Ejecutivo de Zapatero ante el Tribunal Constitucional.Mientras que el litigio se resuelve en el foro judicial, dentro de unos años el Gobierno promete acelerar las obras de las desaladoras para que los primeros hectómetros de agua del mar lleguen el próximo año.

Tanto Zapatero como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han entrevistado con los presidentes de Valencia y Murcia. Aquí también, el presidente del Gobierno impone su libro de estilo acerca del diálogo.