Kirchner destituye al jefe de la policía por no "cumplir órdenes"

El presidente argentino, Néstor Kirchner, relevó al jefe de la Policía Federal antes de viajar a Bolivia y Venezuela y se dispone a descabezar el Ministerio de Justicia, del que depende la Secretaría de Seguridad Interior. "Se van porque no cumplieron mis ordenes", anunció. El jefe de Estado les considera responsables de no prevenir los incidentes violentos del día 16, cuando un reducido grupo de manifestantes atacó la sede de la Legislatura de Buenos Aires para impedir que se aprobara el Código de Convivencia.

La policía tardó casi tres horas en intervenir. Kirchner participaba de un acto en el sur del país y los funcionarios de la ciudad y del Gobierno nacional se atribuyeron mutuamente la responsabilidad. El jueves, cuando los piqueteros -grupos de choque de los movimientos que representan a los desocupados- tenían previsto marchar nuevamente hacia el Parlamento municipal, cercano a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional, Kirchner ordenó, por escrito, un operativo de seguridad con tres líneas de agentes -femeninos, masculinos y tropas de la guardia de infantería- sin armas de fuego.

El hasta entonces jefe de la policía, el comisario Eduardo Prados, pretendía que "al menos en la tercera barrera hubiera hombres armados". El presidente ratificó su orden y Prados, que había asumido el cargo a comienzos del pasado octubre y sobrevivió a la purga de mayo, cuando pasaron a retiro a más de 100 oficiales de la Policía Federal, finalmente entendió que debía presentar su renuncia. Según un portavoz del Ejecutivo, "Prados no presentó la renuncia, el presidente se la pidió". El jueves, los piqueteros volvieron a manifestarse en el mismo lugar de la capital argentina, pero el despliegue de casi un millar de agentes policiales abortó los incidentes.

Las organizaciones piqueteras, controladas por dirigentes y activistas de extrema izquierda necesitados de protagonismo, mantienen bajo acoso continuo los accesos, las carreteras y las calles de Buenos Aires. Cada día montan una marcha que interrumpe el tránsito de coches, impiden la salida de trenes, ocupan comercios, atacan sedes de empresas extranjeras, extorsionan a hipermercados para conseguir bolsas de alimentos que en algunos casos luego revenden y amenazan con una escalada de acciones directas.

La decisión de que la policía no intervenga ni reprima para evitar muertos o heridos y "criminalizar la protesta social", por instrucciones expresas del jefe del Ejecutivo, no cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Según los sondeos, el 70% cree que esa política "no sirve" o "fracasó" y que hace falta "poner límites". La alta popularidad y la imagen del presidente, que se mantuvo en el primer año de gestión como consecuencia del crecimiento de la economía y de otros avances políticos, cayó al 63%.

El presidente le teme al "gatillo fácil" de las fuerzas de seguridad. Las continuas purgas de las cúpulas en la policía de la provincia de Buenos Aires y en la Federal, que controla la capital, han dejado en situación de "disponibilidad" a cientos de altos cargos sospechosos de recaudar fondos ilegales de la prostitución, el juego y delitos diversos. Entre ellos hay acusados de muertes violentas y crímenes nunca aclarados. Parte de esa mano de obra desocupada de la policía participa activamente en bandas dedicadas a secuestros y robos.

El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, ex ministro del Interior en el Gobierno de Carlos Menem, jefe político de la Secretaría de Seguridad Interior, todavía a cargo del fiscal Norberto Quantin, asegura que en los últimos incidentes violentos "actuaron servicios de inteligencia, policías retirados y barras bravas", miembros de los grupos de fanáticos de clubes de fútbol.