El Gobierno de Aznar contrató al 'lobby' por el sistema de "imperiosa urgencia"

El Gobierno del PP recurrió al sistema menos transparente de los previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el procedimiento negociado sin publicidad, para adjudicar a un lobby de Washington el contrato, por valor de dos millones de dólares, utilizado para recabar las firmas necesarias para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU. El servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró tres informes en los que pedía que se explicasen las razones de "imperiosa urgencia" que justificaban recurrir a este sistema y se recabasen tres ofertas.

El contrato con el despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre, aunque no figuraba en la reseña informativa de dicha reunión ni se publicó en el BOE.

El contenido del contrato es muy genérico, pues se refiere a la prestación de "consejo, asesoramiento y otros servicios en una amplia gama de asuntos políticos, económicos y de otro tipo del Gobierno de España".

Sin embargo, ya en su primer mes de vigencia, enero pasado, se cargaron facturas por gestiones encaminadas a recabar firmas para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU y a animar a los congresistas a que asistieran al discurso que el entonces jefe del Gobierno pronunció ante las dos Cámaras legislativas el 4 de febrero.

En junio de 2003, seis meses antes de aprobarlo el Gobierno, el servicio jurídico del ministerio remitió un informe a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que dirigía Ramón Gil Casares, advirtiendo de que el contrato podía adjudicarse por el procedimiento negociado sin publicidad, pero en ese caso deberían justificarse las razones de urgencia que aconsejaban recurrir al sistema menos transparente de los previstos por la legislación.

En agosto de 2003 dicho servicio jurídico emitió otro informe en el que señalaba la conveniencia de encontrar al menos tres empresas capaces de cumplir los requisitos del contrato y, en caso de no hacerlo, justificar las causas que lo hacían imposible.

En el último informe, de octubre de 2003, el servicio jurídico de Exteriores daba el visto bueno a la contratación del lobby, pero recordaba que, en otra adjudicación efectuada en EE UU y con urgencia más justificable -la contratación de un despacho de abogados para defender al Estado español en la demanda interpuesta en un tribunal de Nueva York contra la sociedad ABS, que certificó que el Prestige estaba en condiciones de navegar-, se lograron reunir tres ofertas.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite recurrir al procedimiento negociado sin publicidad por razones de "imperiosa urgencia" e impone la obligación de reunir, "siempre que sea posible, tres ofertas, al menos, de empresas capaces de cumplir" los requisitos.

Por otra parte, las facturas originales enviadas por el despacho de abogados Piper Rudnick fueron manipuladas para que pudieran superar el control de la Intervención del Estado, según informó ayer la Cadena SER.

En el documento que se guarda en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores no figura ninguna referencia al ex presidente Aznar y a las gestiones para la concesión de la medalla.

El lobby remitió las dos facturas a Madrid a través de la Embajada española en Washington. La primera llegó a principios de marzo, pero el Gobierno del PP pidió que fuese modificada y se recibió una segunda versión después de las elecciones del 14-M.

En los dos documentos se describen las gestiones realizadas, pero el original menciona expresamente la "medalla de oro del Congreso", mientras que la segunda sólo alude a la resolución 2131, sin decir que se refiere a dicho tema. La primera menciona el discurso del "presidente Aznar" y la segunda, del "presidente del Gobierno de España".