El PP afirma ahora que "los atentados del 11-M tal vez pudieran haberse evitado"

El portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, dejó ayer estupefactos a los demás miembros de la comisión de investigación sobre el 11-M al declarar "tener la sensación de que el atentado del 11 de marzo tal vez pudiera haberse evitado", algo que ningún otro grupo se había atrevido hasta ahora a insinuar. Pero a continuación sugirió que la culpa correspondería a "una infame conspiración interior dirigida a alterar la normalidad democrática española" y consideró "hipócrita" que se debata "si el Gobierno de Aznar pecó de imprevisión por no haber sabido valorar el riesgo del terrorismo islamista".

La declaración de Del Burgo no fue fruto del apasionamiento, ya que la trajo escrita y se limitó a leerla. Fue el corolario de una jornada en la que el PP intentó por todos los medios convertir la trama de confidentes y la supuesta conexión ETA-Al Qaeda en el eje de la investigación. Para ello contó con la colaboración del ex director general de la Policía y actual eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, quien reconoció que se había reunido con los comisionados de su partido para preparar la comparecencia. Díaz de Mera intentó un imposible equilibrio entre los elogios a la profesionalidad de la policía, que dirigió hasta el pasado mayo, y la afirmación de que resulta "absolutamente indispensable" que la comisión llame a José Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier, los confidentes encarcelados por el 11-M. "Quiero que vengan", llegó a decir, "para que quede meridianamente claro el honor indiscutido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Sin embargo, no aportó ningún dato sobre Suárez Trashorras, el ex minero que vendió los explosivos a los islamistas. Según dijo, se enteró de que colaboraba con un inspector de Avilés (Asturias) poco antes de cesar en su cargo, a raíz de que la esposa del confidente se lo hiciera saber al nuevo secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

"Deslealtad" de subordinados

Precedida por palabras de elogio a la policía, Díaz de Mera deslizó gravísimas sospechas sobre algunos de sus antiguos subordinados. Aseguró tener "acreditado" que al menos dos agentes incurrieron en "deslealtad" al transmitir al PSOE informaciones "viciadas" sobre la investigación del 11-M. Preguntado si les abrió expediente disciplinario, contestó: "¡Claro que no! Yo no soy un inquisidor al que le preocupen esas cuestiones".

Más difícil le resultó apuntalar la tesis del PP de que el 11-M fue fruto de la colaboración entre ETA y Al Qaeda, para dar veracidad al empeño del Gobierno de Aznar en atribuir la autoría a los etarras. Díaz de Mera empezó de forma críptica pidiendo que se investigue "si el norte y el sur se encuentran en algún punto siniestro". Cuando se le reclamaron datos que avalasen esa hipótesis, se remitió a artículos "de periodistas con acreditada condición de investigadores" y a informaciones que se negó a revelar alegando que él les atribuye carácter secreto, aunque legalmente no lo tienen.

Por vez primera vez desde que se inició la comisión, un compareciente cuestionó los resultados electorales del 14-M. Díaz de Mera aseguró que "la legitimidad está íntimamente vinculada a la legalidad", y que ésta "se conculcó flagrantemente" en la jornada de reflexión. A su juicio, "el respeto a los resultados no es incompatible con poner en cuestión su legitimidad".

Poco después, Jaime Ignacio del Burgo arremetió contra el director de la Policía, Víctor García Hidalgo, después de que éste le dijera que no puede investigar a los confidentes porque es asunto del juez, ni buscar una conexión entre ETA y los islamistas porque no cuenta con ningún indicio que permita avanzar en esa dirección.