Las religiones buscan compartir el 'paraíso fiscal'

"Estamos cansados de la discriminación; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ánimo viven las tres religiones que disfrutan en España del rango oficial de "notorio arraigo": protestantismo, islamismo y judaísmo. La queja es de Mariano Blázquez, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), pero es compartida por los dirigentes del islam y el judaísmo. En las últimas semanas se han reunido por separado con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para ver cómo remedian esa situación. El PP rechazó la negociación durante sus dos legislaturas de gobierno.

¿Aconfesionalidad del Estado español? ¿Neutralidad religiosa? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de IVA, mientras que la Iglesia católica está exenta de ese y de otros muchos impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendrá problemas para ejercer su misión espiritual, mientras que el Estado gasta cada año medio centenar de millones de euros en sueldos de capellanes católicos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y aún persisten autoridades que prohíben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes presiden las procesiones católicas, o ejecutivos autonómicos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la católica.

La 'transitoriedad' de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica dura ya 20 años

Respecto a la financiación directa del Estado, las religiones minoritarias quieren terminar con el dicho popular de que el dinero es muy católico. Reclaman igualdad de trato. Cada año, los Presupuestos Generales del Estado contienen una partida para pagar los sueldos de obispos y sacerdotes católicos. El año pasado fueron casi 140 millones de euros. Además, el Estado paga el salario de 30.000 profesores de catolicismo en la escuela pública y la privada concertada, y se hace cargo en gran medida de la restauración del ingente patrimonio arquitectónico de la Iglesia de Roma.

Las religiones de "notorio arraigo" piden terminar con esa discriminación, pero discrepan sobre los mecanismos. Éstos son algunos de sus argumentos.

- Protestantes. La federación de iglesias protestantes españolas -2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles, muchos extranjeros residentes- propone un acuerdo en el que, subrayando el principio de no injerencia del Estado en asuntos de las iglesias, advierte de que no se trata de un convenio para el sostenimiento de iglesias -la evangélica se autofinancia, a veces con "ayuda indirecta" que llega desde el extranjero-, sino de un convenio de colaboración económica destinado a auxiliar a FEREDE y sus iglesias en conceptos relacionados con su notorio arraigo (funciones sociales, asistencia religiosa en centros públicos, construcción de lugares de culto, centros culturales, etcétera). Se subraya en el informe que no son financiables el culto, el sostenimiento de pastores y ministros de culto, ni las actividades ordinarias de las iglesias.

- Judíos. El informe entregado al Gobierno socialista por Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, empieza subrayando los "aspectos discriminatorios" del Estado y de los organismos públicos hacia las comunidades judías "en el pasado y en nuestros días", al igual que hacia otras minorías religiosas, "que conculcan las normas constitucionales y legales y el buen gobierno de un país que se define como religiosamente neutral".

Entre las discriminaciones, las comunidades judías señalan la asignación presupuestaria que "se concede únicamente a la Iglesia católica, negándose a la religión judía con la excusa de que es una situación transitoria". "Esta transitoriedad se ha visto prorrogada durante más de veinte años", señalan. Los judíos lamentan que tampoco "reciben nada" del impuesto sobre la renta -la Iglesia católica percibe un 0,5239% del IRPF de los contribuyentes que así lo decidan, además de lo adjudicado a sus instituciones de la parte alternativa en ese impuesto para fines sociales-. La comunidad judía no quiere que sus fieles pongan la equis en la declaración del IRPF, sino que el Estado le entregue una partida de lo dedicado a fines sociales. Solicita, además, que los bienes destinados al culto estén exentos de IVA. También se quejan de discriminación real en varios ayuntamientos para obtener suelo público tanto para lugares de culto, instituciones educativas o cementerios. El rosario de "discriminaciones de derechos" e, incluso, los reproches por la pasividad del Estado "ante el antisemitismo" ocupan varias páginas, con un apartado especial al "quebranto de la aconfesionalidad constitucional".

En España hay unos 40.000 judíos y 30 sinagogas (algunas con capacidad para 800 personas).

- Musulmanes. El borrador de convenio económico presentado por los dirigentes de la Comisión Islámica, Mansur Escudero Bedate y Riay Tatary Bakry,

reclama al Estado "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado". "En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Comisión Islámica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente", se añade.

Los dirigentes musulmanes reclaman también que no estén sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el IVA las cantidades anteriores, y tampoco la difusión "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas islámicas, utilizadas para dar a conocer el islam, sus ritos y sus actividades religiosas", ni las actividades de enseñanza en instituciones islámicas, la adquisición de objetos de culto o las transmisiones, construcciones y arrendamientos de sus mezquitas, locales o viviendas. También piden la "exención total y permanente de los impuestos sobre el patrimonio".