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LAS NEGOCIACIONES ESTADO-IGLESIAS

Las religiones buscan compartir el 'paraíso fiscal'

El Gobierno ultima con judíos, protestantes y musulmanes el desarrollo de los acuerdos de cooperación

"Estamos cansados de la discriminación; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ánimo viven las tres religiones que disfrutan en España del rango oficial de "notorio arraigo": protestantismo, islamismo y judaísmo. La queja es de Mariano Blázquez, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), pero es compartida por los dirigentes del islam y el judaísmo. En las últimas semanas se han reunido por separado con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para ver cómo remedian esa situación. El PP rechazó la negociación durante sus dos legislaturas de gobierno.

¿Aconfesionalidad del Estado español? ¿Neutralidad religiosa? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de IVA, mientras que la Iglesia católica está exenta de ese y de otros muchos impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendrá problemas para ejercer su misión espiritual, mientras que el Estado gasta cada año medio centenar de millones de euros en sueldos de capellanes católicos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y aún persisten autoridades que prohíben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes presiden las procesiones católicas, o ejecutivos autonómicos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la católica.

La 'transitoriedad' de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica dura ya 20 años

Respecto a la financiación directa del Estado, las religiones minoritarias quieren terminar con el dicho popular de que el dinero es muy católico. Reclaman igualdad de trato. Cada año, los Presupuestos Generales del Estado contienen una partida para pagar los sueldos de obispos y sacerdotes católicos. El año pasado fueron casi 140 millones de euros. Además, el Estado paga el salario de 30.000 profesores de catolicismo en la escuela pública y la privada concertada, y se hace cargo en gran medida de la restauración del ingente patrimonio arquitectónico de la Iglesia de Roma.

Las religiones de "notorio arraigo" piden terminar con esa discriminación, pero discrepan sobre los mecanismos. Éstos son algunos de sus argumentos.

- Protestantes. La federación de iglesias protestantes españolas -2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles, muchos extranjeros residentes- propone un acuerdo en el que, subrayando el principio de no injerencia del Estado en asuntos de las iglesias, advierte de que no se trata de un convenio para el sostenimiento de iglesias -la evangélica se autofinancia, a veces con "ayuda indirecta" que llega desde el extranjero-, sino de un convenio de colaboración económica destinado a auxiliar a FEREDE y sus iglesias en conceptos relacionados con su notorio arraigo (funciones sociales, asistencia religiosa en centros públicos, construcción de lugares de culto, centros culturales, etcétera). Se subraya en el informe que no son financiables el culto, el sostenimiento de pastores y ministros de culto, ni las actividades ordinarias de las iglesias.

- Judíos. El informe entregado al Gobierno socialista por Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, empieza subrayando los "aspectos discriminatorios" del Estado y de los organismos públicos hacia las comunidades judías "en el pasado y en nuestros días", al igual que hacia otras minorías religiosas, "que conculcan las normas constitucionales y legales y el buen gobierno de un país que se define como religiosamente neutral".

Entre las discriminaciones, las comunidades judías señalan la asignación presupuestaria que "se concede únicamente a la Iglesia católica, negándose a la religión judía con la excusa de que es una situación transitoria". "Esta transitoriedad se ha visto prorrogada durante más de veinte años", señalan. Los judíos lamentan que tampoco "reciben nada" del impuesto sobre la renta -la Iglesia católica percibe un 0,5239% del IRPF de los contribuyentes que así lo decidan, además de lo adjudicado a sus instituciones de la parte alternativa en ese impuesto para fines sociales-. La comunidad judía no quiere que sus fieles pongan la equis en la declaración del IRPF, sino que el Estado le entregue una partida de lo dedicado a fines sociales. Solicita, además, que los bienes destinados al culto estén exentos de IVA. También se quejan de discriminación real en varios ayuntamientos para obtener suelo público tanto para lugares de culto, instituciones educativas o cementerios. El rosario de "discriminaciones de derechos" e, incluso, los reproches por la pasividad del Estado "ante el antisemitismo" ocupan varias páginas, con un apartado especial al "quebranto de la aconfesionalidad constitucional".

En España hay unos 40.000 judíos y 30 sinagogas (algunas con capacidad para 800 personas).

- Musulmanes. El borrador de convenio económico presentado por los dirigentes de la Comisión Islámica, Mansur Escudero Bedate y Riay Tatary Bakry,

reclama al Estado "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado". "En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Comisión Islámica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente", se añade.

Los dirigentes musulmanes reclaman también que no estén sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el IVA las cantidades anteriores, y tampoco la difusión "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas islámicas, utilizadas para dar a conocer el islam, sus ritos y sus actividades religiosas", ni las actividades de enseñanza en instituciones islámicas, la adquisición de objetos de culto o las transmisiones, construcciones y arrendamientos de sus mezquitas, locales o viviendas. También piden la "exención total y permanente de los impuestos sobre el patrimonio".

Los dirigentes de la Comisión Islámica, Mansur Escudero (izquierda) y Riay Tatary, con el ministro de Interior, José Antonio Alonso (en el centro).
Los dirigentes de la Comisión Islámica, Mansur Escudero (izquierda) y Riay Tatary, con el ministro de Interior, José Antonio Alonso (en el centro).
Arriba el secretario general de la Federación de Entidades Evangélicas, Mariano Blázquez. Abajo, el presidente de las Comunidades Judías, Jacobo Israel.
Arriba el secretario general de la Federación de Entidades Evangélicas, Mariano Blázquez. Abajo, el presidente de las Comunidades Judías, Jacobo Israel.

El fracaso del impuesto religioso

"Teníamos un problema y lo multiplicamos por tres". Así lo resumía ayer el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y ex director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, Dionisio Llamazares. Él fue quien negoció entonces los acuerdos que ahora se quieren reformar o completar.

La tesis de Llamazares es que los acuerdos de 1992 no extendían a estas religiones el modelo de financiación pública de las actividades religiosas de la Iglesia católica, mediante el IRPF, generosos paraísos fiscales o pago de profesores. "Entonces se rechazaron esas pretensiones por inconstitucionales. Contradicen el principio de laicidad del artículo 16.3 de la Constitución ["Ninguna confesión tendrá carácter estatal"] o el de igualdad tributaria del artículo 31 [no todos contribuyen lo mismo al gasto público].

La Iglesia católica negoció en 1987 con el Gobierno de Felipe González un régimen transitorio de financiación directa mediante el IRPF [los fieles de esa religión le adjudicarían voluntariamente una parte de ese impuesto, algo más del 0,52%]. Los obispos aceptaban, a cambio, un periodo transitorio de tres años para llegar a la autofinanciación, sin descartar el Gobierno mecanismos de desgravación para las donaciones, entre otras medidas. Pues bien, transcurridos 17 años, aquel régimen transitorio persiste -el llamado impuesto religioso-, las cantidades destinadas a la Iglesia católica por sus fieles descienden cada año -apenas 78 millones de euros anuales-, y el Estado se ve obligado a complementar esas cantidades con decenas de millones más a fondo perdido, además de cientos de millones en sueldos de profesorado de esa religión, y otras ventajas económicas.

Las demás religiones, que en principio rechazaban tales privilegios por inconstitucionales, hartas de la discriminación y de la confesionalidad encubierta del Estado, reivindican hoy las mismas ventajas.

La opinión del experto que negoció en 1992 los acuerdos de cooperación es rotunda. "Reservados [esos privilegios económicos] a la Iglesia católica, su transitoriedad y su función pedagógica podían salvar la inconstitucionalidad. Hoy probablemente ni eso. La inconstitucionalidad no se salva con más inconstitucionalidad, ni con la coartada de la no discriminación, o con el señuelo de que quien paga controla. Es un fracaso y una farsa: en 20 años de vigencia no se ha cumplido nunca. Su generalización o su consolidación son un paso atrás".

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