Libertad con cargos

El traslado a España hace cinco meses del español Hamed Abderrahman Ahmed, detenido en la base naval de Guantánamo junto con más de 600 prisioneros de la guerra de Afganistán, no sólo supuso su liberación de un auténtico infierno - eufemísticamente denominado limbo jurídico-, sino sobre todo su puesta a disposición de un sistema judicial que, pese a los terribles zarpazos del terrorismo de ETA a lo largo de los años, ha conseguido mantenerse fiel a los principios y las reglas del Estado de derecho sin hacer distinción de acusados por la clase de delitos.

Uno de estos principios es que nadie puede ser privado de libertad sin una imputación concreta. Hamed Abderrahman permaneció más de dos años en Guantánamo sin cargo alguno y en un aislamiento absoluto. En España pudo enterarse de la guerra de Irak, como ha señalado a este periódico, y saber a qué atenerse en sus relaciones con la justicia. El juez Garzón le imputa un delito de pertenencia a una supuesta célula de Al Qaeda en España, cuyos integrantes llevan encausados más de dos años, lo cual no ha impedido que, una vez concluida la instrucción sumarial, haya sido puesto en libertad bajo fianza.

Este ciudadano español ha tenido la suerte de pertenecer a un país cuyo Gobierno se preocupó de su situación, logrando convencer a sus captores de que su traslado a España no suponía impunidad alguna frente a sus posibles delitos. Una suerte que también han tenido otros prisioneros de Guantánamo de nacionalidades pertenecientes a países occidentales. Estas personas han tenido la posibilidad de ser protegidas por un sistema legal con garantías, con derecho a saber de qué se las acusa o a quedar en libertad sin cargos. Ello hace todavía más dramática la situación de aquellos prisioneros que, estando en las mismas circunstancias, tienen la desgracia de pertenecer a países no amigos de EE UU o que no gozan de su confianza.

Al menos para éstos, como para el resto, la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense les ha sacado del limbo jurídico en el que han estado desde su captura y que ha servido de paraguas para un trato inhumano y contrario a lo estipulado por las convenciones internacionales sobre los prisioneros de guerra. Los detenidos de Guantánamo saben ahora que están sometidos a la jurisdicción norteamericana y que tienen derecho a defenderse en la legalidad. Y la Administración Bush no podrá mantener por más tiempo su indefinición sobre los delitos concretos de que se les acusa.