Nueva política magrebí

El Gobierno de Zapatero está poniendo las primeras piedras de una nueva política hacia el Magreb. Su intención, en contraste con Aznar, es evitar el error de favorecer las relaciones con Argelia a costa de las cruciales con Marruecos, e impulsarlas ambas de forma equilibrada. Así lo ha querido expresar el presidente socialista en su primer viaje a Argel. Objetivo primordial es la integración del Magreb, pero para lograrlo hay que encauzar el contencioso del Sáhara Occidental, y de ahí la iniciativa política puesta en marcha por el Gobierno. Para España, que es la antigua potencia colonial, es una apuesta arriesgada. Su responsabilidad es especial, y es obligado buscar una buena sintonía con Francia en el esfuerzo de acercar las partes en conflicto, esencialmente Argelia, Marruecos y Mauritania, además del Frente Polisario; como sería frívolo no tratar de implicar a EE UU.

La importancia de las relaciones con Marruecos ya quedó de relieve con el viaje de Zapatero a Rabat en su primer desplazamiento bilateral al extranjero como presidente del Gobierno. Y ahora con Argelia, mediante el impulso de las inversiones empresariales, en particular la construcción de un gasoducto directo desde Beni Saf a Almería, que no pretende competir con el que trae gas argelino a España a través de Marruecos, sino de complementarlo para responder a una demanda creciente. Pero la piedra de toque de esta estrategia es el Sáhara, tras el fracaso del Plan Baker y el cambio de actitud de Rabat, que ya no acepta la perspectiva de un referéndum que dirima entre un Estado independiente y un territorio autónomo dentro de Marruecos. La creciente riqueza petrolera del Sáhara Occidental y sus aguas territoriales es un nuevo factor que ha hecho pasar la pesca y los fosfatos a segundo plano.

España presidirá el Consejo de Seguridad en octubre en el momento en que la ONU debe renovar o variar el mandato de su misión Minurso en el Sáhara Occidental. Su iniciativa no parece plantear una nueva solución a corto plazo, pero sí un horizonte que contemple un referéndum para ratificar un acuerdo previo entre las partes. Aunque se trate ahora meramente de buscar nuevos caminos razonables, con la ONU de eje, y no de diseñar aún puntos de llegada, es un cambio importante en la sensibilidad tradicional de la izquierda española. El riesgo de fracaso y consecuente desestabilización de la zona es también serio. Pero quedarse cruzados de brazos ante la falta de solución tampoco es una opción. Es necesario un nuevo impulso político para encauzar este conflicto, y España, con discreción, puede darlo.