Conde-Pumpido ordena investigar los fallos de identificación del 'caso Yak-42'

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio orden ayer a la fiscalía de la Audiencia Nacional de que investigue un posible delito de falsedad documental en la identificación de los cadáveres de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). Por su parte, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta del titular de Defensa, José Bono, el pase forzoso a la reserva de los dos generales que firmaron la identificación de los restos: el teniente general José Antonio Beltrán y el general de división Vicente Navarro.

Conde-Pumpido reveló a los periodistas que ayer por la mañana había dado las "instrucciones oportunas" a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que impulse diligencias judiciales con objeto de aclarar si hubo un posible delito de falsedad de documento público en el proceso de identificación de las víctimas del Yak-42. El máximo responsable del Ministerio Público explicó que esta decisión "muestra el apoyo de la Fiscalía" a las víctimas del accidente y a sus familiares, pero "no prejuzga, en absoluto, una responsabilidad penal", ya que su principal interés es ayudar a "esclarecer los hechos".

La asociación que agrupa a la mayoría de las familias dirigió el pasado jueves un escrito al fiscal general del Estado en el que le pedía su apoyo para conocer la verdad de lo sucedido y le recordaba que hasta ahora no han conseguido ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva.

Junto al escrito, se hizo llegar a Conde-Pumpido el informe del Instituto de Toxicología de Estambul (Turquía), que revela que, de las 39 familias que se han sometido a pruebas de ADN, 22 recibieron cadáveres que no corresponden a los de sus parientes, lo que excede un mero error.

Leopoldo Gay, abogado de las familias, expresó ayer su satisfacción por la decisión del fiscal y explicó que su principal objetivo, más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación judicial, es el esclarecimiento de la verdad.

Gay se mostró convencido de que, a la vista de las instrucciones de Conde-Pumpido, la fiscalía apoyará el próximo lunes, durante la vista del recurso que se celebrará ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por las familias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha venido oponiendo sistemáticamente a que la juez central de instrucción número 3, Teresa Palacios, investigue el caso.

La primera denuncia se interpuso en octubre del año pasado, pero fue en marzo, tras conocerse un acta de la Fiscalía turca que demostraba que 30 de los 62 cadáveres estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación, cuando se dirigió contra los dos generales españoles que firmaron dicho documento.

El Consejo de Ministros acordó ayer el pase forzoso a la reserva de ambos militares: el teniente general José Antonio Beltrán y el general de división Vicente Navarro. Se les ha aplicado el artículo 144.4 de la Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas: "Por decisión del Gobierno, los oficiales generales podrán pasar a la situación de reserva mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Defensa".

José Antonio Beltrán, que era subdirector general de Política de Defensa cuando se produjeron los hechos, fue ascendido con posterioridad a teniente general del Ejército del Aire y destinado al Centro para la Democratización de las Fuerzas Armadas, con sede en Ginebra (Suiza). Vicente Navarro Ruiz, general de división del Cuerpo Militar de Sanidad, dirigía hasta ahora la División Logística-Operativa de la Inspección de Sanidad de Defensa, como subdirector general.

La asociación de familiares les imputa los delitos de falsedad en documento oficial, castigado con entre tres y seis años de prisión, y prevaricación de funcionario público, penado con siete a diez años de inahabilitación.

El ministro de Defensa, José Bono, reveló el pasado miércoles en el Congreso que los certificados de defunción se firmaron antes de contar con las correspondientes inscripciones en el registro consular de Turquía y que el juez de Torrejón de Ardoz (Madrid) se negó a dictar las órdenes de incineración y enterramiento, por lo que hubo que recurrrir a un juez militar de Zaragoza, que las firmó en Barcelona.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que, con el pase a la reserva de los dos mandos, se cumple la promesa de Bono de que "ningún responsable de errores graves permanezca en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas".

Según fuentes oficiales, el Ministerio de Defensa se ha puesto en contacto con el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Antonio Moreno Barberá para comunicarle que se le atribuye la responsabilidad objetiva de los fallos detectados en la contratación de aviones ex soviéticos para el transporte de tropas, ya que ocupaba la cúspide de la cadena de mando. Esta responsabilidad, sin embargo, no tiene consecuencias prácticas, pues Moreno Barberá fue relevado como jefe de la cúpula militar el pasado día 25.