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Reportaje:

Batalla por el futuro de Bolivia

La gestión del gas natural se ha convertido en una guerra política que se resolverá el día 18 en un referéndum nacional

El referéndum vinculante del 18 de julio, que deberá definir la futura política energética de Bolivia -país con importantes reservas de gas natural-, se enfrenta desde el martes a un nuevo peligro: la abstención. Pese a que la Constitución y las disposiciones de la Corte Nacional Electoral establecen que el voto es obligatorio, el Parlamento aprobó esta semana una enmienda al decreto presidencial de convocatoria de la consulta en el que se legaliza el derecho a no votar.

La perspectiva no es buena para Carlos Mesa, un independiente que accedió a la jefatura del Estado en octubre de 2003 tras la renuncia del anterior, Gonzalo Sánchez de Lozada. Éste fue obligado a dimitir durante una revuelta popular que rechazaba la exportación de gas vía Chile, país con el que Bolivia mantiene un contencioso territorial desde 1879, cuando perdió su salida al mar en la llamada guerra del Pacífico.

Las encuestas indican que los indecisos superan el 40%, cifra que puede transformarse en abstencionistas una vez que la ciudadanía, liberada de la obligatoriedad de voto y de las posibles sanciones aplicadas en anteriores comicios, decida quedarse en casa.

Mesa convocó el referéndum en abril, el primero que se va a celebrar desde 1931, con el objetivo de pacificar el país y recuperar el diálogo. Sea cual sea el resultado de la consulta, parece que la batalla permanecerá abierta después del 18. Las cinco preguntas -farragosas y complicadas, según los partidos, sindicatos y asociaciones- no ayudan a fomentar la participación. Un ejemplo es la cuarta, tal vez la más importante: ¿Está de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico? Un dejará manos libres al Gobierno para escoger el puerto de salida (Chile o Perú) y exportar gas natural a México o Estados Unidos.

Los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe, han anunciado acciones para boicotear el referéndum, como no garantizar la seguridad de los 165.000 jurados electorales, el asalto a mesas y la quema de urnas, sobre todo en el Altiplano.

Los dirigentes políticos de los partidos con representación parlamentaria han reiterado su apoyo al referéndum como instrumento de la democracia, pero su estrategia es la de restarle legitimidad al promover el voto nulo y la inscripción, en la misma papeleta, de la palabra "nacionalización" de los hidrocarburos.

El principal partido de oposición, liderado por el dirigente de los productores de hoja de coca y diputado, Evo Morales, ha anunciado que pedirá el no a las dos últimas (la quinta es la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos) y el sí a las tres primeras para anular la ley vigente de hidrocarburos, recuperar la totalidad de los recursos energéticos "pero sin confiscar a las trasnacionales" y devolver a la petrolera estatal su posición anterior al proceso de privatización parcial de las empresas del Estado.

El Gobierno, que ha desplegado una intensa campaña para conseguir el a las cinco preguntas, ha asegurado que utilizará la fuerza necesaria, policial y militar, para garantizar el referéndum. La advertencia incluye la represión de manifestaciones y bloqueos, y la aplicación de la ley y las medidas especiales dispuestas para la víspera y el día del referéndum, como la ley seca y la prohibición de portar armas, las manifestaciones y bloqueos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de julio de 2004