La Unió denuncia la pérdida de ayudas por la negligencia del Consell
"Muy grave", "sin precedentes" y muestra de "la desidia e incompetencia" de algún responsable agrario. La Unió de Llauradors denunció ayer que los productores de frutos secos de la Comunidad Valenciana han perdido 9,4 millones en ayuda a planes de mejora y comercialización por "una grave negligencia" de la Consejería de Agricultura, que debería haber resuelto las solicitudes y notificado la resolución antes del 4 junio, sin que el trámite se haya producido. La organización denunció que la orden que regulaba el pago indicaba que "los interesados podrán entender desestimada su solicitud de ayuda por silencio administrativo". La Unió recordó, además, que el Ministerio de Agricultura transfirió a finales del año pasado los 6,2 millones de su aportación y pidió "responsabilidades". Agricultura se defendió de las acusaciones y dijo que ha resuelto todas las peticiones en plazo.La denuncia de la Unió de Llauradors provocó una airada reacción del departamento que dirige Gema Amor. En su argumentación, en cualquier caso, la organización agraria explicó que el año pasado era, a efectos de estas ayudas al sector de los frutos secos, un periodo transitorio entre el final de los planes de mejora y comercialización y la puesta en marcha de las ayudas permanentes por la reforma de la OCM (Organización Común de Mercado) de frutas y hortalizas. Periodo que asumió la administración española. El ministerio de Agricultura se comprometió a aportar, en el caso valenciano, 6,2 millones de euros para este fin - que entregó a finales de 2003 a la consejería- mientras que la aportación del departamento agrario del Consell quedaba cifrada en 3,2 millones. Las ayudas afectan a 15.000 familias y a aproximadamente 52.000 hectáreas.
En su argumentación, Joan Brusca, secretario general de la Unió, aseguró que todas las organizaciones de productores han presentado "en tiempo y forma" su solicitud de ayudas. También aseguró que la Comunidad Valenciana es la "única" autonomía que "aún no ha cobrado estas ayudas". El responsable agrario insistió en que la consejería ha agotado el plazo de resolución y notificación de las ayudas y que el silencio administrativo "provoca que en estos momentos se encuentren todas denegadas". Brusca exigió responsabilidades y el pago de las ayudas antes de finales de julio. "En una empresa privada los responsables de haber perdido 1.500 millones de las antiguas pesetas por una negligencia estarían inmediatamente en la calle y por eso cabe exigir responsabilidades", argumentó. Estas ayudas dependen de la dirección general de Producción y Comercialización Agraria, cuyo titular, José Ramón Pascual, criticó a través de un comunicado la iniciativa de la Unió de Llauradors. Pascual habló de "alarmismo" y de falsedad en las acusaciones de las organizaciones agrarias. Aseguró que todos los expedientes de las ayudas a los productores de frutos de cáscara y algarroba de la campaña 2002 "están resueltos antes del 3 de junio" y que Agricultura "ya ha comenzado a notificar dichas resoluciones" a las 20 organizaciones de productores a través de las cuales se han tramitado las solicitudes de ayuda.
Crítica por deslealtad
El director general tildó de "desleal" a Brusca por preferir recurrir a la "crítica fácil" antes de informarse de la situación real. Unas acusaciones ante las cuales Joan Brusca subrayó que la orden indica que se deben resolver los expedientes y comunicarlos a los afectados, y el martes las organizaciones de productores no habían recibido información alguna sobre las ayudas. El secretario general de la Unió de Llauradors también recordó, en respuesta a la acusación de crítica fácil, que desde la segunda mitad del año pasado hasta la fecha la organización ha mantenido dos reuniones con la Consejería para hablar del tema, ha enviado otras tantas cartas exigiendo el pago de las ayudas, entre otras iniciativas.
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