Los fantasmas del pasado acechan en Perú

Perú tiene dos mundos tan distantes como desconectados. Poco saben los siete millones de residentes en la capital, Lima, de los problemas de los 18 millones que viven en las regiones. El último conflicto social se registra estos días en Ayacucho, con una ola de saqueos a raíz de una huelga de maestros. El mes pasado, el linchamiento de los alcaldes de dos localidades peruana y boliviana por vecinos enardecidos que los acusan de corrupción sacó a la luz las amenazas y la violencia en territorio indígena aimara, donde el Estado brilla por su ausencia. Esta situación no se ha revertido a pesar de que Perú tiene por primera vez un presidente cholo (de origen indio), Alejandro Toledo, quien llega hoy a España en visita de Estado.

No faltan analistas que vaticinan un rebrote de la violencia terrorista

La Defensoría del Pueblo peruana presentó recientemente su tercer informe sobre conflictos de distinta intensidad -48 en lo que va de año- entre la población y autoridades locales y regionales, que incluyen agresiones y retención de personas. En las últimas semanas otros tres alcaldes estuvieron a punto de ser linchados. La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) ha convocado para el próximo día 14 una huelga general y reclama una Asamblea constituyente.

El centralismo limeño y el abandono del interior alimentan las tensiones. "Las potencialidades están en todo el territorio del país, pero las decisiones clave se toman en la capital", señala Pilar Arroyo, socióloga del Instituto Bartolomé de las Casas.

Los estallidos de violencia popular en distintos puntos de Perú, como ahora en Ayacucho y antes en Arequipa y Cuzco, son de carácter espontáneo y obedecen más a la indignación ante condiciones de vida deplorables que a directrices de partidos políticos o grupos subversivos, pese a que el Gobierno acusa a Sendero Luminoso. En el Perú profundo, en los departamentos andinos o en la selva amazónica, el Estado está tan ausente y la población tan olvidada como hace 20 años. Ése fue el caldo de cultivo que permitió el surgimiento de Sendero Luminoso, que llegó a imponer su ley en amplias zonas de Perú por la vía del terror.

La ira popular contra autoridades locales que ha degenerado en linchamientos ha sido comparada por algunos medios con la irrupción de la violencia senderista a partir de 1980. Veinte años de guerra interna dejaron más de 69.000 muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sendero Luminoso es un triste recuerdo que hoy sólo deja su huella a través de pintadas. La mayoría de sus dirigentes y militantes están en la cárcel condenados a cadena perpetua. Como el líder mítico Abimael Guzmán, presidente Gonzalo, que renunció hace años a las armas. Pero no faltan analistas que vaticinan un rebrote de la violencia terrorista con las mismas o nuevas siglas.

Con Alejandro Toledo, millones de peruanos de origen indio que históricamente han sido los grandes olvidados del poder político en manos de los blancos albergaron la esperanza del cambio. Hoy se ha desvanecido y el sentimiento predominante es de frustración. No en vano la aceptación popular del presidente no supera el 8%, según las encuestas. Como ocurre con otros países de la región, Perú presenta buenos índices macroeconómicos que no han tenido efecto en la calidad de vida de sus habitantes. Pese al crecimiento del PIB del 4%, la inflación controlada, el déficit fiscal manejable y la mejoría de las exportaciones, sobre todo del sector minero (11,3% del PIB), la situación social es explosiva. La distancia entre los recursos y la realidad socioeconómica es abismal. Perú es el segundo país pesquero después de China, tiene abundante minería y una capacidad turística por desarrollar.

La corrupción impregnó el aparato del Estado durante la década del presidente Alberto Fujimori. El Congreso, la justicia y las Fuerzas Armadas actuaron al dictado del todopoderoso jefe de espionaje de la época, Vladimiro Montesinos, brazo derecho del presidente. Aquel siniestro personaje está preso en un penal de máxima seguridad de Perú. Pero la lucha contra la corrupción, que fue el caballo de batalla del Gobierno provisional del presidente Valentín Paniagua, ha perdido eficacia en el mandato de Toledo, según reconocen ex ministros y fuentes judiciales.

Desarmar la red gigantesca tejida por el fujimontesinismo, como se denomina en Perú al anterior régimen, no fue tarea fácil. La actuación de un grupo de jueces y fiscales anticorrupción fue decisiva para descubrir y detener a los responsables de graves delitos. Políticos, empresarios, banqueros, jueces y generales fueron a parar a la cárcel. Fueron momentos de euforia en los que muchos peruanos creyeron ver el fin de la impunidad. Pero el castigo para la mayoría de los responsables no llega. Los procesos avanzan hoy con una lentitud irritante y muchos ciudadanos sienten que el esfuerzo de los primeros tiempos se ha desvanecido.

Los seguidores del anterior régimen conservan una significativa capacidad de entorpecer las reformas en las instituciones del Estado. Pero no es tan grande como aseguran las nuevas autoridades, que tienden a culpar a "la mafia fujimontesinista" de todos los males, incluidos los propios.