Cerrar Guantánamo

La Administración de Bush no ha perdido el tiempo y ha comenzado a montar tribunales militares para responder al fallo del Supremo norteamericano según el cual los presos de Guantánamo tienen derecho a habeas corpus, a comparecer ante la justicia para saber de qué se les acusa, y a poder defenderse en la legalidad. Pero es más que dudoso que la respuesta adecuada a la exigencia de un juicio imparcial sea un tribunal militar, dados sus bajos niveles garantistas. Al menos, los 600 presos que se hallan en la colonia norteamericana en Cuba comenzarán a salir del limbo jurídico y, dado el trato que han sufrido, de un infierno que incluye la tortura aprobada por el Pentágono.

El fallo del Supremo lleva impresa la mala conciencia de la institución por haber permitido los campos de internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ha dejado claro el derecho al internamiento ejecutivo por razones estratégicas, pero nunca al margen de la ley, ya sea norteamericana o internacional. En particular, la tercera convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra, que obliga a examinar cada caso para evitar que permanezcan bajo custodia civiles inocentes. El hecho de que se trate de combatientes enemigos o ilegales apresados fuera de EE UU -en este caso Afganistán- no es razón para que no gocen de los derechos que les ha negado la Administración del presidente Bush tras el 11-S.

Tras la primera guerra del Golfo, en 1991, Bush padre no cayó en la aberración en la que se ha sumido su hijo. Cientos de prisioneros comparecieron ante tribunales militares para luego ser puestos en libertad. Y es ahora a la Administración a la que corresponde probar que los encarcelados en Guantánamo son responsables de delitos contra EE UU. Los 14 que han logrado llevar su caso ante el Supremo se han declarado civiles inocentes.

Pero, sobre todo, ha quedado claro que la elección de Guantánamo -y de otros lugares de detención menos conocidos, fuera de EE UU- fue una treta de la Administración para interrogar a estos presos al margen de la ley. Por ello, tras el fallo del Supremo, es obligado cerrar el centro de detención en la isla antillana, el traslado de los presos a EE UU como piden algunos juristas y su sometimiento a juicio con luz y taquígrafos.

La juez Sandra O'Connor del Supremo ha recordado, tras el fallo, que hay que mantener en casa los mismos principios por los que se dice estar luchando en el exterior.