La juez ordena una investigación policial del traslado de tierras

La titular del juzgado bilbaíno que investiga el posible traslado de tierras contaminadas desde el solar de Abandoibarra, la principal zona de expansión de Bilbao, a una finca en Zamudio ha pedido a la Policía Municipal y a la Guardia Civil que investiguen los hechos. El grupo ecologista Lur Maitea acusó ayer a la constructora que ha trasladado las tierras de crear un "vertedero clandestino de residuos tóxicos".

La denuncia presentada sitúa en 2002 el inicio del traslado de las tierras supuestamente contaminadas, para lo que se basan en dos informes, elaborados por las empresas Idom y Adirondack, que aprecian muestras de diez productos tóxicos en los suelos de Abandoibarra, desde aluminio, arsénico y cadmio hasta plomo, zinc y sulfuros.

Los ecologistas sostienen que la constructora Enrique Otaduy, que continúa con el traslado de materiales, ocultó al Ayuntamiento de Zamudio la existencia de estos productos, además de carecer de la autorización de gestor de residuos. La licencia municipal para la deposición se limitaba, según Lur Maitea, a un "acondicionamiento de terreno".

"Enrique Otaduy SL convierte un terreno rural en un vertedero clandestino de residuos tóxicos y peligrosos con el beneplácito de las autoridades competentes", aseguró ayer Consuelo Elosua, portavoz del grupo ecologista.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, dictado el pasado 17 de junio, pide a la Policía Municipal de esta ciudad datos sobre las licencias de obras en Abandoibarra, así como tomas de muestras de las tierras gestionadas por la constructora que se trasladan a Zamudio. La juez solicita además información sobre la autorización para la manipulación y el traslado a vertedero "de las tierras presuntamente contaminadas".

El mismo auto ordena al Seprona (Servicio para la Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil que tome muestras de las tierras tanto en Abandoibarra como en Zamudio, analice las licencias para la gestión de residuos peligrosos e informe sobre la "existencia o no de la puesta en peligro grave para la salud de las personas y de los ecosistemas". Junto a ello, el juzgado exige al Ayuntamiento de Zamudio que presente "con carácter urgente" una copia completa del expediente sobre el vertido en la citada finca rural.

Lur Maitea asegura que, pese a los hechos, el consistorio de Zamudio permitió a la constructora la continuación de los vertidos y culpa al Gobierno vasco de "dar el visto bueno a esta licencia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el 28 de abril" pasado.

Los ecologistas rechazan que el Ejecutivo desconociese la posible existencia de materiales contaminantes como ha afirmado la sociedad ambiental Ihobe. Aportaron un informe de Medio Ambiente, del pasado 12 de diciembre, en el que se pedía la paralización del vertido y exigía a la constructora la "caracterización" de los materiales vertidos.

Consuelo Elosua comparó este caso a otros episodios como los de Carrefour, en Asua y Sestao, el centro comercial Artea y la nueva Feria de Muestras, "todos edificados sobre un terreno contaminado".