La comisión de investigación del 11-M no podrá ver ningún documento del CNI

La comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M tendrá acceso a cinco documentos del Ministerio del Interior desclasificados ayer por el Consejo de Ministros y a otros ocho, del mismo departamento, que podrá consultar a puerta cerrada. Sin embargo, no conocerá ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Gobierno decidió ayer que 19 documentos del servicio secreto sean consultados en la Comisión de Fondos Reservados del Congreso, de la que no forman parte los miembros de la comisión del 11-M, y negó el acceso del Parlamento a otros seis.

Bono se opuso a la desclasificación para salvaguardar la credibilidad del centro

El aviso de octubre de 2003 será conocido por la comisión de secretos, que no podrá contarlo

La decisión del Consejo de Ministros deja a la comisión de investigación sin la posibilidad de analizar el papel que jugó el principal centro de espionaje del Estado en los prolegómenos del 11-M y durante el desarrollo de la crisis.

El Gobierno ha optado porque los informes del CNI sólo puedan ser conocidos por los miembros de la Comisión de Fondos Reservados o Comisión de Secretos Oficiales. Pero sus miembros, que no coinciden con los de la comisión de investigación -a excepción del presidente de ésta, Paulino Rivero-, están obligados a guardar secreto y no pueden comunicar el contenido a sus compañeros diputados.

Entre los documentos que se reservan a la Comisión de Secretos Oficiales figura la "nota informativa" del 27 de octubre de 2003, en la que el CNI advertía de que debían tomarse en serio las amenazas de Osama Bin Laden contra España. Se trata de la principal "evaluación de riesgo" de atentados islamistas derivada del papel de España en la guerra de Irak y realizada en los meses previos al 11-M.

La decisión del Gobierno supone un éxito para el ministro de Defensa, José Bono, de quien depende el CNI, que esgrimió la necesidad de salvaguardar la credibilidad del servicio secreto español ante sus homólogos extranjeros para oponerse a desclasificar cualquiera de sus informes.

El Consejo de Ministros decidió ayer dividir las 38 peticiones de documentos clasificados que le planteó la comisión del 11-M en cuatro bloques. El primero está formado por cinco documentos, todos del Ministerio del Interior, que han sido desclasificados y remitidos de inmediato al Congreso, por considerar que su contenido no pone en riesgo la seguridad nacional. El segundo lo componen otros ocho informes, también de Interior, que podrán ser consultados por los miembros de la comisión de investigación, de acuerdo a lo previsto por una resolución del presidente del Congreso, Manuel Marín, del pasado 11 de mayo. Lo más probable es que, siguiendo el precedente de la comisión sobre Gescartera, puedan ser consultados por un comisionado de cada grupo.

El tercer bloque lo forman 19 informes del CNI, que sólo podrán ser conocidos por la Comisión de Secretos Oficiales. De este grupo forman parte, además del aviso de octubre de 2003, los tres informes de 3, 5 y 6 de febrero de 2004 que cuestionaban la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Por último, el Parlamento no tendrá ningún acceso a otros seis documentos, en poder del CNI, procedentes de servicios extranjeros.

El Gobierno se ha basado en el artículo 11.3 de la Ley Reguladora del CNI, de 6 de mayo de 2002, según la cual la Comisión de Fondos Reservados "tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del CNI y a aquéllas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de información clasificada".

Sin embargo, la interpretación que ha hecho el Gobierno de este artículo, al considerar que sólo la Comisión de Secretos Oficiales puede conocer los informes del CNI -y no todos-, choca con lo dispuesto en la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, modificada el 7 de octubre de 1978, cuyo artículo 10 establece taxativamente que "la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas".

Fuentes jurídicas advierten que el Gobierno ha podido invadir las competencias del Congreso al decidir qué documentos deben ser conocidos por la comisión del 11-M en sesión secreta y cuáles por la Comisión de Fondos Reservados, pues al Ejecutivo sólo compete decidir si desclasifica o no un documento, mientras que la forma de conocer su contenido, garantizando el secreto, le corresponde al Parlamento.

En todo caso, la exclusión de los informes del CNI del conocimiento de la comisión del 11-M deja sin contenido la comparecencia del ex director del servicio secreto Jorge Dezcallar, solicitada por todos los grupos, y de su sucesor, Alberto Sáiz, pedida por CiU, ERC e Izquierda Unida.

Dezcallar no podrá ser interrogado sobre documentos que siguen bajo secreto. Sólo se le podrá preguntar por el informe de las 15.51 del 11-M, que daba por "casi segura" la autoría de ETA. Este texto, único del CNI que el Gobierno remitió ayer a la comisión -junto a una nota de prensa del 12 de marzo que supuestamente desmentía a la Cadena SER-, ya fue desclasificado el 18 de marzo por el Gabinete en funciones de José María Aznar.