Entre alertas y peticiones de suspensión de elecciones

La Comisión de Investigación del 11-M ha recibido en los últimos días una avalancha de documentación digna del temario de una oposición para la Abogacía del Estado. Entre los informes remitidos destacan los 700 folios de documentación que recopiló la Fiscalía General del Estado, otro millar de folios distribuidos en distintos informes policiales, y 300 correspondientes a denuncias presentadas por el PP tras las manifestaciones ante sus sedes celebradas durante la jornada de reflexión.

También hay centenares de papeles sobre planes preventivos, documentos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, telegramas enviados a la Junta Electoral Central por ciudadanos que pedían la suspensión de las elecciones, planes preventivos contra el terrorismo de origen islamista...

Los comisionados ya se han aplicado a desbrozar la paja del grano, a pesar de que aún no han recibido los documentos más importantes y que estaban pendientes de que el Consejo de Ministros los desclasificase o tomase una decisión, como hizo ayer, respecto a la fórmula elegida para que los diputados pudieran consultarlos.

La miscelánea de documentos incluye algunos como los siguientes.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, la Guardia Civil cursó una secuencia de alertas, advertencias, planes y dispositivos de prevención. El 15 de octubre, fue lanzada la orden de servicio 10/2001 denominada actuaciones contra el terrorismo integrista islámico. Este papel diseña un vasto dispositivo de protección de instalaciones, especialmente centrales nucleares, y advierte de que "el riesgo de atentado abarca todo el territorio nacional", pero concreta que el mayor riesgo se da "en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía y, en especial, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

Las alertas se repiten a lo largo de 2002, pero cambian de tono en 2003, a partir de la crisis de Irak. Las de hace dos años insisten en la "posibilidad de un ataque terrorista de la organización Al Qaeda en territorio nacional" (25 de junio) o avisan de la presencia "de un buque con paquistaníes miembros de Al Qaeda" (10 de octubre), entre otros asuntos destacables.

La Guardia Civil demostró una especial preocupación por las repercusiones que podría tener para España "el agravamiento de la crisis de Irak".

El temor se basaba en la "previsión de que se puedan llevar [a cabo] acciones violentas", especialmente contra objetivos "que estén relacionados con intereses norteamericanos (principalmente), así como el Reino Unido e israelíes", decía un comunicado de febrero de 2003.

Una nota de ese mismo mes sobre la crisis iraquí da, entre otras, estas dos instrucciones: "Detectar, ubicar y controlar a individuos islamistas radicales instalados en nuestro país" y "prestar especial atención a las posibles vinculaciones de individuos originarios de países islámicos con el mundo de la delincuencia común, con especial dedicación a los delitos contra la propiedad, el tráfico de armas y la falsificación de documentos, ante la posibilidad de que estas actividades puedan estar ligadas a otras de carácter extremista". Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el comando que perpetró los atentados del 11 de marzo.

Ya el 29 de julio, el instituto armado subraya la consideración de la red ferroviaria "como potencial objetivo terrorista, por lo que recuerda a las patrullas rurales que "deben intensificar la vigilancia y reconocimientos de los puntos críticos de las vías férreas".

La siguiente alerta es de agosto y se refiere a la posibilidad de que Al Qaeda utilice "aparatos electrónicos de uso común con el objeto de ocultar armas y explosivos", sobre posibles ataques de terroristas suicidas...

Entre la miriada de informes enviados a la comisión se ha colado uno del Ministerio de Defensa, calificado de "reservado", titulado "Vulnerabilidad del Estrecho de Gibraltar ante ataques terroristas contra blancos marítimos". El documento alerta de que "los planes de Al Qaeda de atacar blancos marítimos deben ser tenidos en cuenta por su capacidad demostrada con anterioridad. Los medios que podría utilizar son lanchas suicidas cargadas de explosivos [como el perpetrado en Yemen contra el destructor USS Cole, de la Marina de Estados Unidos, el 12 de octubre de 2000, con 11 marinos muertos], lanzamientos de armas Stand-off [los militares las llaman "dispara y olvida"] desde lanchas y buceadores y nadadores". Incluso se contempla la posibilidad de "un ataque directo a un ferry para producir un gran número de bajas".

La nota, que recoge un informe del Servicio de Investigación Criminal de la US Navy, señala que en mayo de 2002 fueron detenidos tres miembros de Al Qaeda en Marruecos, "que tendrían la misión de planear ataques y para ello viajaron a Ceuta y Melilla en misiones de vigilancia del Estrecho".

El informe menciona la posibilidad de que ETA, los GRAPO o terroristas argelinos pudieran planear algo parecido. "Sería conveniente aclarar", agrega Defensa, "que ETA sí ha atentado contra blancos navales [contra el barco Marqués de la Ensenada, cometido en los años 80 frente a la costa cántabra], pero en otro escenario".

La conclusión del informe es que un ataque de este tipo de Al Qaeda "no debe ser despreciado", y subraya que aunque lo más probable sería el ataque "contra un buque en puerto o fondeadero mediante lanchas suicidas cargadas de explosivos, no se debe descartar el ataque contra un buque en tránsito".

El 13 de junio, incluso antes de que el PP llevase a la Junta Electoral Central la denuncia sobre las manifestaciones que se estaban celebrando delante de sus sedes en distintas provincias, algunos ciudadanos empezaron a enviar telegramas a ese organismo en el que pedían la suspensión de las elecciones, que se celebraban el día siguiente.

El 70% de los 53 telegramas dirigidos a la Junta Electoral Central procedían de Galicia. Algunos de los mensajes decían lo siguiente:

- "En esta situación no se pueden celebrar elecciones, procede aplazarlas".

- "En las actuales circunstancias, no se dan las condiciones para la celebración de elecciones".

- "Deseo que se aplacen las elecciones convocadas domingo 14 de marzo hasta conocer autoría del atentado".

- "Ante ocultación y manipulación por parte del Gobierno, solicito aplazamiento de las elecciones".

- "Se solicita el aplazamiento de la jornada electoral ante la situación confusa y crispada existente".

- "Dada la situación de duelo y conmoción del país, solicito que los comicios sean aplazados".

La Dirección General de la Policía tiene en la actualidad 40 personas contratadas, de distintas nacionalidades, como traductores-intérpretes de árabe, según la documentación que ese departamento ha remitido a la comisión de investigación del 11-M.

En la Guardia Civil sólo hay "siete puestos de trabajo de traductor-intérprete de árabe", según la respuesta que han remitido al Congreso de los Diputados. Este cuerpo aclara que "está en trámite de aprobación y solicitada al ministerio la creación de nuevos puestos de trabajo de traductor-intérprete de los cuales ocho son de árabe".