Cataluña tendrá su propio plan de estabilidad presupuestaria

Cataluña, que en 2005 tendrá un déficit del 0,42% de su producto interior bruto (PIB), contará con su propio plan de estabilidad. En este plan, el Gobierno catalán expresará su compromiso con la disciplina presupuestaria, pero a la hora de cumplirlo ejercerá su autonomía regulando y controlando sus propios objetivos presupuestarios anuales. La iniciativa se plasmará el año próximo ya sea a través de una ley de estabilidad, un pacto parlamentario o un acuerdo de Gobierno.

La nueva normativa se pondrá en marcha a principios de 2005. Antes debe reformarse la Ley de Estabilidad estatal. La modificación de esta ley es obligada después del pacto que el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, alcanzó con la mayoría de los grupos políticos para sacar adelante su plan de estabilidad -que prevé un superávit del 0,1% del PIB español en 2005, del 0,2% en 2006 y del 0,4% en 2007- y también para aprobar un techo de gasto del 6,2% en 2005.

En el Senado, Solbes logró el apoyo para ambas medidas de todos los grupos -incluidos ERC y CiU e IU, y excepto el PP e ICV-. A cambio, ERC arrancó de Solbes una proposición no de ley según la cual el objetivo de estabilidad debe entenderse como "estabilidad a lo largo del ciclo" y deberá permitir a cada comunidad autónoma fijar su objetivo anual de déficit o superávit "en función de sus necesidades específicas". Así, la Generalitat utilizará la libertad que le ha dado el Gobierno para fijar sus propios objetivos, teniendo en cuenta además su esfuerzo fiscal.

"Con corresponsabilidad, seguro que nos entenderemos. Con imposiciones, no", señala el consejero catalán de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien considera "muy positivo" que Solbes se haya comprometido a reformar la Ley de Estabilidad. "La estabilidad es un buen propósito, pero el mecanismo actual es imposible de cumplir, es ineficaz y políticamente costoso, y hace de la estabilidad un pretexto para ocultar la diferente situación en la que está cada autonomía", añade.

Si Galicia (PP) arrastra los gastos derivados de la catástrofe del Prestige, Baleares (PP) y Cataluña (PSC, ERC e ICV) han dejado ya claro que no podrán cumplir a rajatabla con el déficit cero por la "herencia" recibida de los anteriores gobiernos.

Son las tres únicas comunidades autónomas que han avanzado que las cuentas no cuadrarán. El resto apostó por el déficit cero, en una bronca abierta que quedó escenificada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Galicia salió de esta reciente reunión con la luz verde a un déficit equivalente al 0,01% del PIB español, y Cataluña, del 0,42% del PIB catalán, equivalente al 0,008% del español, en 2005, lo que supone sobre el papel que la comunidad catalana acaparará ese año el 80% de todo el déficit previsto para todas las comunidades autónomas españolas (0,1% del PIB).

En la práctica, a la hora de la liquidación de las cuentas habrá que ver si el resto de las comunidades cumplen con el déficit cero, por el que han apostado.La Generalitat considera mejor plantear de entrada un déficit que vender déficit cero y después encontrarse con que las cuentas no cuadran. "Emplazo al resto de comunidades a que sigan el ejemplo de Cataluña", enfatiza Castells.

El resto de comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP, han criticado duramente la decisión de Solbes como una concesión al Gobierno tripartito catalán, no sólo a Esquerra Republicana, sino a los socialistas catalanes, que han vuelto a airear su demanda de un grupo parlamentario propio en el Congreso, rechazado desde el PSOE, y que hacen valer su contribución a la gobernabilidad con sus 21 diputados en Madrid.

"Estos ataques son, más que exagerados, injustificables, porque Cataluña cumple con la legalidad", replica Antoni Castells, quien opina estas críticas "suponen en realidad no aceptar la ley de estabilidad". La ley prevé que pueda existir déficit y que, cuando se incurra en él, debe realizarse forzosamente un plan de saneamiento.

Para el tripartito, presentar déficit y tener que hacer un plan de saneamiento "no es un privilegio", sino "un sacrificio al que nos vemos obligados por la situación en la que nos hemos encontrado", añade el consejero, en alusión al déficit de 1.177 millones de la Generalitat y al gasto desplazado de 2.903 millones, cifras que CiU rechaza como "una cuestión de criterio".