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Los nacionalistas rechazan dar estabilidad a los docentes interinos

IU no acudió al debate de la propuesta en comisión parlamentaria

El PNV, EA y SA se unieron ayer para derrotar la propuesta de la diputada socialista Isabel Celaá que pedía medidas de estabilidad para el profesorado interino que no ha logrado aprobar los perfiles de euskera exigidos. Los tres grupos votaron contra y en la línea del acuerdo cerrado entre Educación y los sindicatos nacionalistas ELA, LAB y STEE-EILAS. Izquierda Unida no acudió a la comisión parlamentaria.

El PSE-EE proponía que el Parlamento instara al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dotar de estabilidad al colectivo de docentes sin perfil de euskera. Se trata de un grupo de 183 interinos, según las cifras de los sindicatos; 44 según las aportadas por el representante de EA y presidente de la comisión, Martin Aranburu. Este colectivo perderá la estabilidad a partir del 31 de agosto y sus integrantes, todos ellos por encima de 40 años, se enfrentan a un futuro incierto en la recta final de sus carrera profesionales por razones lingüísticas.

La socialista Isabel Celaá apeló al derecho al trabajo, a la generosidad y a lo cercano del momento en el que el colectivo afectado se habrá jubilado y el 100% del personal docente conocerá el euskera, puesto que ahora tiene ya perfil lingüístico un 75%. "Es cuestión de cinco años", señaló, tras valorar que "lo innecesario de la medida agrava la enorme indignidad democrática que supone expulsarles".

Aranburu, defensor en la comisión del acuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos nacionalistas, y al que se oponen CCOO y UGT, rechazó que los afectados vayan a ser expulsados del sistema educativo y señaló que realizarán sustituciones. Esa nueva situación la consideran los afectados como una expulsión. "Nos echan a la calle", señalaron a EL PAÍS varias de las personas afectadas, que siguieron el desarrollo de la comisión en una sala contigua y recriminaron después a su presidente, Martin Aramburu, que es responsable de Educación de EA. "Y nos echan empezando precisamente por los que, pese a intentarlo, no hemos podido aprobar", enfatizó Carmen Prieto, una de las profesoras presentes, refiriéndose a la situación desventajosa de quienes han agotado las convocatorias, frente a quienes no se han presentado a los exámenes y todavía tienen oportunidades. "Pasan por encima de la prestación de 20 años de servicio, de nuestra profesionalidad y de contratos firmados según normas que no decían nada sobre la cuestión lingüística", añadió (el decreto que estableció los perfiles liguüísticos obligatorios se aprobó en 1993).

La representante del PNV, Maribel Sola, respaldó al departamento, mientras el de SA, Joseba Alvarez, defendió la adopción de medidas una vez que los afectados han tenido "varias oportunidades" de aprender euskera. El popular Iñaki Oyarzabal afeó a los sindicatos nacionalistas el haberse "puesto de acuerdo con el patrón (el Gobierno) para echar a unos trabajadores".

IU no acudió al debate. El diputado que debía haber estado en la comisión, Antton Karrera, sufrió un cólico de riñón, según señalaron fuentes de su grupo, que no le sustituyó por otro representante. El debate y la votación no resultaban cómodos para IU, emparedada entre su pertenencia al Gobierno y la obligación de respaldar la actuación de uno de sus miembros, y la postura de los sindicatos no nacionalistas que apoyan a estos docentes.

Los presos, a la UPV

El Parlamento instará a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a suscribir un convenio con la UPV para que los presos puedan volver a cursar sus estudios en ella, como consecuencia de un texto del PSE aprobado ayer. PNV, EA e IU votaron la enmienda a la totalidad socialista, renunciando a su propia iniciativa. El texto socialista insta a Instituciones Penitenciarias a suscribir con la UPV un convenio que permita a los reclusos seguir en euskera estudios universitarios y carreras que no ofrece la UNED, y que la enseñanza "se imparta con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios", así como con un procedimiento que reúna "todas las garantías" y sea "respetado por todas las partes". SA votó a favor y tampoco el PP se opuso, sino que otorgó una discreta abstención a la enmienda del PSE.

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