En el último año, la inmigración irregular se duplicó en Cataluña

La cifra de inmigrantes en situación irregular en Cataluña se duplicó en 2003 al pasar a 305.411 desde los 131.821 que había en 2002, según desvela el informe La inmigración en Cataluña hoy. Anuario 2003, presentado ayer por la Fundación Jaume Bofill. Mónica Nadal, codirectora del estudio, dijo que este hecho "no responde tanto a un aumento de la inmigración como a la Administración, que hace imposible cualquier intento de regularización".

La Fundación Bofill llega a esta cifra cruzando los datos del Ministerio del Interior -donde constan los residentes- con los de los padrones municipales, una fuente estadística imprecisa en la que pueden darse duplicaciones y otras desviaciones. Los autores del informe son conscientes de las limitaciones de esta fuente, pero la consideran válida por ser la única que existe para calcular el número de inmigrantes en situación irregular.

"La consolidación del crecimiento de la población extranjera no es en sí un problema, sino el aumento de quienes están en situación irregular, un fenómeno que ha crecido enormemente en 2003 debido a una mala gestión administrativa", resumía ayer Jordi Sánchez, director de la Fundación Jaume Bofill. A juicio de Eliseo Aja, codirector del estudio, la existencia de este colectivo sin derechos sólo beneficia a "algunos desaprensivos".

Se ha producido un descenso del crecimiento de la población magrebí -del 27% en 2002 al 23% en 2003-, acompañado de un mayor aumento de los inmigrantes de América Central y del Sur. Contradiciendo los datos del ministerio que indican que el colectivo africano en situación irregular es el más numeroso, hay 168.333 latinoamericanos en dicha situación.

Las últimas olas migratorias, compuestas por colombianos, argentinos y ecuatorianos presentan una mayor proporción de irregularidad. El colectivo con más presencia en Cataluña es el marroquí, compuesto por 153.305 personas, seguido del ecuatoriano, formado por 85.751. La presencia de inmigrantes de países del Este crece, aunque aún es poco numerosa.

Economía sumergida

Aja sostuvo que la gestión administrativa del Gobierno central y de la Generalitat ha sido, hasta el momento, "desastrosa", y consideró que "la provisionalidad jurídica" actual es perjudicial. Sin embargo, ésta viene marcada por las directivas europeas, que obligan a aprobar un nuevo reglamento que se publicará seguramente en septiembre. Refiriéndose a él, Aja afirmó que "entre los expertos hay unas ideas bastante consensuadas" sobre qué sería necesario para solucionar la situación de los inmigrantes no regularizados, ya que los extranjeros "son necesarios para nuestra sociedad".

La economía sumergida, que en España representa el 23% del total -una de las tasas más elevadas de Europa-, es el sector al que va a parar esta clase de inmigrantes. "Este sector se ha visto reforzado por la falta de vías de regularización, que harían disminuir en gran medida la economía sumergida", dijo Sánchez. Ante esto, Aja propone reducir las sanciones a los empresarios que contribuyan a normalizar la situación de los trabajadores que no están regularizados.

Los autores del informe defienden la regularización de los inmigrantes con dos años de residencia y oferta de trabajo o, en su defecto, con cinco años de estancia en el país, y confían en que el Gobierno tenga en cuenta estas propuestas a la hora de elaborar el nuevo reglamento. Además, afirmaron que estas propuestas podrían resolver la inmensa mayoría de los casos. Sánchez agregó: "Los actores económicos y sociales, incluida la patronal, están a favor de acabar con la economía sumergida". La pregunta es, en su opinión, si hay o no voluntad de regularizar a dicho colectivo inmigrante desde la Administración. "Si no es así, no se podrá hacer nada", sostuvo.