El PSOE censura al Gobierno de Aznar por no levantar acta de sus reuniones del 11-M

El portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el 11-M, Álvaro Cuesta, confirmó anoche que el Gobierno no ha encontrado las actas de la reunión del Gabinete de crisis supuestamente celebrada el mismo día de la matanza terrorista. "O alguien incumplió su obligación de convocar el Gabinete de crisis", dijo Cuesta, en alusión al anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, "o se ha cometido una deslealtad en el traspaso de poder al ocultar estos documentos al nuevo Gobierno de la nación".

El Gobierno informó ayer de que, de los 75 documentos solicitados por el Congreso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha enviado 24. Otros 15 forman parte de sumarios judiciales, 29 están clasificados, dos están en fase de elaboración y sobre otros cinco "no se tiene constancia documental en los archivos del Gobierno". Entre las faltas están las actas del Gabinete de crisis.

Cuesta salió así al paso de las declaraciones del portavoz del PP en la comisión del 11-M, Vicente Martínez Pujalte, que acusó al Gobierno de "ocultación y falta de rigor" por enviar 24 de los informes solicitados a las 17.55, cuando estaba a punto de expirar el plazo, y alegar que cinco de ellos no existen. Tras denunciar "la desfachatez" del Grupo Popular, Cuesta confirmó que no se han hallado las actas del Gabinete de crisis de Moncloa ni del Comité de Coordinación de Interior. "O no se convocó [el Gabinete de crisis] y no cumplieron la legalidad; o no levantaron actas y se tomaron la situación de una manera frívola; o las han sustraído, lo que sería muy grave. Si ocultan datos, es una deslealtad o incluso sería una actitud que presenta indicios delictivos serios", concluyó.

El también socialista Alfredo Pérez Rubalcaba calificó de "insólito y profundamente irresponsable" el que no se hubiera convocado el Gabinete de crisis. Rubalcaba recordó que en la reunión celebrada aquel día en La Moncloa se produjeron "incorporaciones y ausencias" que calificó de "sorprendentes", pues no se respetó la composición del Gabinete de crisis prevista legalmente. "Se incorporó la parte de comunicación del Gobierno y se ausentaron seguridad y servicios de inteligencia", subrayó. Zaplana le contestó inmediatamente: reprochó al Gobierno que utilice "excusas de mal pagador", aunque eludió contestar si se levantaron las actas ni sobre su paradero.

La vicepresidencia primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por su lado, informó de que el Ejecutivo ha remitido al Congreso "la práctica totalidad" de los documentos solicitados, salvo los que están incorporados en las actuaciones sumariales, los afectados por la ley de secretos oficiales "y aquellos otros de los que no se tiene constancia documental en los archivos del Gobierno".

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes precisa que ha informado a la comisión de que 15 documentos están incursos en el secreto del sumario y deben pedirse al juez. Y añade que está estudiando "uno por uno" otros 29 documentos afectados por la ley de secretos oficiales, sobre cuya desclasificación y entrega decidirá "en el tiempo más breve posible".

La secretaría de Estado agrega que entre los papeles solicitados "figuran algunos de los que no se tiene constancia documental en los archivos del Gobierno". Los documentos que faltan son el acta de las reuniones del Gabinete de Crisis del 11 de marzo, las actas de las reuniones del Gabinete de Coordinación del Ministerio del Interior de los días 11, 12, 13 y 14 de marzo, las instrucciones de Instituciones Penitenciarias sobre vigilancia específica a reclusos de ETA o vinculados al fundamentalismo islamista y las órdenes de aislamiento de los reclusos de dichas organizaciones cursadas entre el 11 y el 14 de marzo. Algunos de los participantes en las reuniones de Interior aseguraron ayer que no se levantó acta alguna de esos encuentros.

Los documentos siguieron llegando en cascada al Congreso. Algunos de los facilitados hasta ahora son éstos:

- Gobierno. Ha enviado 24 documentos, que van desde informes policiales sobre las actuaciones del 11-M hasta alertas lanzadas por la Guardia Civil tras los atentados de Casablanca (Marruecos), pasando por los telegramas que Exteriores envió a todas las embajadas.

- Fiscalía. Ha remitido un informe de 700 páginas sobre los procedimientos y actuaciones realizados por las manifestaciones celebradas en varios puntos de España durante la jornada de reflexión.

- Tribunal Supremo. Ha enviado un auto de la Sala Segunda sobre los incidentes del día de reflexión electoral, así como varias sentencias de procedimientos seguidos por delitos de terrorismo contra el Grupo Islámico Armado (GIA).

- Poder Judicial. Ha mandado un escrito en el que se compromete a facilitar el número de causas judiciales abiertas sobre terrorismo islamista y el número de causas abiertas por los sucesos del 13-M.

- Telefónicas. Las operadoras de telefonía han escrito al Congreso que no pueden facilitar la relación de comunicaciones y mensajes SMS enviados por políticos o teléfonos de instituciones públicas o partidos políticos entre el 12 y el 13 de marzo. Vodafone dice que ha puesto el asunto en manos de su equipo jurídico, pero adelanta que para facilitar esos datos debe conocer de quiénes se trata y que los clientes lo autoricen o lo ordene el juez. Telefónica dice no tener constancia del requerimiento judicial sobre dichas comunicaciones, pero exige que haya una orden judicial y se enumeren "claramente y de forma individualizada" qué teléfonos se piden. Amena ignora a qué clientes se refiere la petición, pero dice que en todo caso se atendrá a la legislación vigente.

- Información municipal. El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un informe de 46 folios sobre las actuaciones de sus "órganos y entes" con motivo de los atentados.

- Europol. La comisión ha recibido un informe de este organismo paneuropeo de policía, que está disponible en Internet, sobre la nueva amenaza terrorista. El informe es de 2003 con datos de 2002.