El juez imputa al jefe superior de Policía de Bilbao por tres delitos

El juez de Bilbao que investiga la denuncia presentada en marzo pasado por un comisario contra el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Barón, ha imputado al máximo responsable policial por los delitos de trato vejatorio, coacciones y malversación de fondos. Durante la declaración realizada el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital vizcaína, el jefe superior presentó numerosos documentos con los que pretende rebatir buena parte de los hechos denunciados, entre ellos una auditoría las cuentas de la residencia para policías de Basauri entre los años 1999 y 2003. Barón aseguró haber ordenado la auditoría "para dejar absolutamente claro la cuestión económica y despejar cualquier duda".

El imputado rechazó cualquier responsabilidad en la gestión de los gastos de la residencia y negó haber utilizado la cuenta bancaria de la misma, ni haber recibido cheque alguno de sus fondos. "Jamás me han entregado un cheque, ni he sido titular, ni he estado autorizado para operar con los fondos de la cuenta" de la residencia, insistió en su declaración ante el juez del caso.

El pasado viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, Eduardo Luis González del Campillo Cruz, dejó clara la situación procesal de Enrique Barón desde el principio. Pese a que en la citación se refería que el jefe superior acudía ante el juez "en calidad de denunciado", la secretaría del juzgado le informó a las once de la mañana de que estaba imputado en la causa por el delito de malversación, a lo que el juez añadió posteriormente que se le imputaban "los siguientes hechos: trato vejatorio, coacciones y malversación de fondos".

El relato de hechos del denunciante abría la puerta a posibles delitos de lesiones, coacciones, injurias, contra la integridad moral y contra la Administración. El jefe superior de Policía, tras perder la confianza en su secretario general (el comisario denunciante), propuso a la Dirección General de Policía su cese, que se materializó el 28 de noviembre de 2003. Para entonces, el comisario, con casi 40 años de servicio en la jefatura de Bilbao, ya llevaba de baja 17 meses. La denuncia se presentó en el juzgado el 10 de marzo, poco después de que la Dirección General certificara la legalidad del cese, en respuesta al recurso administrativo presentado por el comisario.

Durante la declaración Barón negó, a preguntas del juez y del letrado del denunciante, todas las imputaciones. Restó veracidad a los sucesivos insultos, coacciones, injurias y atentados contra la integridad moral que el comisario refleja de manera prolija -con fechas, horas y personas que les acompañaban en cada momento- en su denuncia. "Ni al denunciante ni a ningún otro funcionario he insultado, ni en lo más leve que pueda ser el insulto", declaró tajante el máximo jefe de la Policía en Euskadi. Enrique Barón dibujó un "trato aséptico" con el comisario. "En ocasiones le he felicitado en público cuando sus acciones han sido correctas y cuando han sido un error se lo he hecho ver", aseguró. Entre las frases denigrantes que el denunciante atribuye a Barón en junio de 2002 están las siguientes: "No te enteras de nada, no firmas nada que te pueda comprometer. Eres un burócrata parado en el pasado"; " No tomas ninguna decisión, nadie te aguanta, eres un acojonado"; "Tú no estás bien de la cabeza. Eres un anormal".

La segunda parte de la declaración se centró directamente en el funcionamiento de la residencia que los agentes de policía tienen en Basauri, que cuenta con unas 300 plazas. Barón presentó entonces al juez numerosos documentos. En uno de ellos se afirma que "los gastos e ingresos de la Comunidad de Basauri [la residencia policial] no tienen naturaleza de fondos públicos", aunque precisa que el propietario del inmueble "es el Estado". En la denuncia se indicaba que no "se tiene conocimiento de que el Ministerio de Hacienda tuviese constancia de tales gastos e ingresos y del destino que se daba a los mismos". En un segundo documento aportado se "acredita cómo los representantes de los funcionarios solicitan que los excedentes de la comunidad se reinviertan en beneficio de todos los funcionarios de la Jefatura".

Indemnización

Barón presentó documentación sobre los policías titulares de la cuenta abierta en la BBK donde los residentes ingresan sus cuotas, dejando bien claro que él "nunca" ha sido titular, ni su firma autorizada para operar con la citada cuenta. A preguntas del letrado del denunciante, Barón precisó que el Ministerio del Interior conoce la existencia de la residencia, "otra cosa", matizó, "es que conozca su funcionamiento", y que él no dispone "de los fondos de la residencia, sino que sólo, y a petición de la comisión de residentes o sindicatos, puede autorizar algunos actos, etc". En cualquier caso, los pagos "se efectúan entre el administrador y el responsable de Acción Social, sin que sea necesario mi visto bueno". Barón sí admite haber colaborado en "las gestiones" de la residencia "por buena fe o vecindad, pero sin responsabilidad ninguna".

Barón admitió como "cierto" que cobró una indemnización por parte del contratista de una obra que se realizaba en el inmueble donde reside el jefe superior por importe de unas 200.000 pesetas debido al deterioro de un traje (valorado en 150.000 pesetas) y otros efectos y prendas (50.000 pesetas) a causa de las goteras que se habían producido durante la obra. Precisó ante el juez que el resarcimiento fue "por el importe de 1.120,34 euros por el deterioro de sus trajes" y que "no se realizó expediente administrativo de indemnización porque la reclamación era civil, de bienes propios y a un civil que asumió la responsabilidad". El comisario indicó en su denuncia que desconocía si "la Dirección General de la Policía instruyó el correspondiente procedimiento de indemnización".