El asesor económico de Zapatero culpa al PP de la 'burbuja' inmobiliaria por no suprimir las deducciones

La actual burbuja inmobiliaria obedece "en buena parte" a las deducciones fiscales por compra de vivienda. El director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, irrumpió ayer con esta idea en el debate sobre los precios de la vivienda y culpó al anterior Gobierno del PP por mantener las deducciones en la reforma del IRPF de 1998. Sebastián se refirió a esta decisión como "el mayor error en política económica del PP" y lo vinculó directamente con la escalada de precios de los inmuebles. "Si no se hubiera proseguido con esa política, probablemente nos hubiéramos ahorrado buena parte de esa sobrevaloración [de la vivienda], como la llama el Banco de España", aseguró Sebastián ante una audiencia de empresarios y directivos reunidos por la Asociación para el Progreso de la Dirección.
Aunque la eliminación de las deducciones por vivienda está "en estudio", Sebastián reconoció que probablemente ahora no sea oportuno e insistió en que la ocasión idónea se planteó en 1998. Durante la campaña electoral, Sebastián, artífice del programa económico socialista, se mostró contrario a las deducciones de los pisos, las más importantes del IRPF (representan un 75%). En 2001, último año del que existen datos, esa partida alcanzó 4.402 millones.
El portavoz de Hacienda del PP en el Congreso, Francisco Utrera, rechazó el análisis de Miguel Sebastián y añadió que sus palabras constituyen una "irresponsabilidad".
La reforma fiscal que entró en vigor en 1999, y que se ha mantenido en la reforma de 2003 en lo que respecta a la vivienda, establece una deducción en la cuota del IRPF de entre el 15% y el 25% tanto de los intereses como de la amortización del préstamo hipotecario, con un límite total de hasta 9.015,181 euros. Además del incentivo a la compra, las deducciones abarcan también la rehabilitación, construcción y ampliación de inmuebles, así como las cuentas vivienda. Respecto a los alquileres, se aplicó una retención del 18% sobre la renta pagada por el inquilino que más tarde, en la segunda reforma fiscal del PP vigente desde 2003, se redujo al 15%.
Hasta 1998, la deducción por vivienda se desdoblaba en intereses y amortización. Los intereses desgravaban en la base (más favorable cuanto mayor es la renta), con un límite de 800.000 pesetas de entonces. La amortización se deducía de la cuota, en un porcentaje del 15%. Más allá de estas deducciones, el propietario de un piso tenía que declarar el 2% de su valor catastral, que computaba como un ingreso más del contribuyente, requisito que el PP eliminó.
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